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06.09.19

Cubillos valiente

(El Líbero) No sabemos cuál va a ser el destino de esta acusación constitucional. Pero lo que es evidente es que la decisión de los partidos políticos de enfrascarse en un debate que le importa poco a la gente refleja la incapacidad de la clase política de hacerse cargo de las preocupaciones y prioridades de la población.
Por Patricio Navia

(El Líbero) Hay pocas cosas que le importan menos a los chilenos que las peleas entre las coaliciones políticas. En tanto va a tener nulo efecto en mejorar el acceso a educación de calidad para los niños de Chile, la acusación constitucional contra la ministra de Educación Marcela Cubillos es un tema que solo le interesa a la elite política. Porque la gente ni cree que esa acusación constitucional solucione los problemas de la educación chilena ni tampoco siente simpatía por una ministra que es sometida a juicio político, toda la clase política pierde de igual forma en esta inútil batalla. Ni los que apuntan a la ministra ni los que intentan aprovechar la acusación para victimizarla sacarán réditos de un conflicto que solo logra ahuyentar todavía más a la gente de la arena política.

La acusación constitucional contra Cubillos tiene más que ver con ajustes de cuentas políticos por eventos anteriores que con la preocupación por mejorar la calidad de la educación. Después que la derecha impulsara una cuestionable acusación constitucional contra la ministra de Educación Yasna Provoste en 2008 —durante el primer mandato de Bachelet— la herramienta de la acusación constitucional se convirtió en un arma utilizada para desgastar a los gobiernos. En 2008, la entonces diputada Marcela Cubillos fue una de las líderes del esfuerzo derechista por remover a Provoste. Si bien ella fue la primera ministra removida de su cargo por una acusación constitucional, no fue la última. En el gobierno de Sebastián Piñera, la centroizquierda tomó venganza al acusar constitucionalmente al también ministro de Educación Harald Beyer con argumentos tan cuestionables como los que se usaron contra Provoste.

Aunque los optimistas hubieran podido pensar que después de la remoción de Beyer las coaliciones ya no volverían a usar la herramienta de la acusación constitucional en sus conflictos políticos, la decisión por parte de legisladores de centroizquierda de hacerlo contra Cubillos muestra lo contrario: una vez que se abre la puerta de su uso político, es difícil volver a cerrarla.

Los motivos que se esgrimen para acusar a Cubillos parecen espurios. Si bien Cubillos ha demostrado tener pocas habilidades políticas para relacionarse con la oposición, ella no es la única ministra con ese problema. De hecho, hay ministros en este gobierno —como los ha habido en gobiernos anteriores— que han demostrado niveles de respeto y valoración mucho menores hacia los legisladores que los que ha mostrado la titular de Educación.

El hecho que Cubillos haya expresado su discrepancia con la reforma educacional promulgada en el segundo gobierno de Bachelet tampoco debiera sorprender. Lo realmente sorpresivo hubiera sido que Cubillos implementase con entusiasmo una reforma que, desde la perspectiva de la derecha —y de muchos expertos— hará más daño que bien a la educación chilena. Es más, si bien es una ley de la república, es comprensible que un gobierno que se opone a esa ley busque formas de frenar su implementación. Los gobiernos de la Concertación/Nueva Mayoría también buscaron formas de frenar la implementación de leyes que les resultaban difíciles de digerir. Con todo, y a regañadientes, el gobierno de Piñera ha cumplido con implementar la ley —aunque también ha dejado clara su oposición a esta reforma. Es más, de forma consecuente —pero políticamente poco hábil y ciertamente legislativamente poco exitosa— el gobierno ha buscado modificar la ley de tal forma de evitar lo que considera serán sus efectos nefastos sobre el acceso a educación de calidad y la libertad de escoger las institucionales educacionales que, presumiblemente, tienen los padres.

No sabemos cuál va a ser el destino de esta acusación constitucional. Otros intentos en el pasado fracasaron en distintas etapas y no llegaron al Senado, que tiene la palabra final. Pudiera ser que esta acusación siga el camino de esos intentos frustrados. Pero lo que es evidente es que la decisión de los partidos políticos de enfrascarse en un debate que le importa poco a la gente —y que no ayuda a facilitar el acceso a educación de calidad a los niños chilenos, especialmente a los de menos ingresos— refleja la incapacidad de la clase política de hacerse cargo de las preocupaciones y prioridades de la población. Porque la acusación constitucional contra Cubillos —como las que se realizaron anteriormente contra Yasna Provoste y Harald Beyer— constituye más bien un ajuste de cuentas político —una venganza, para decirlo con todas sus letras— independientemente del curso que tome esta acusación constitucional, el único efecto que tendrá en la opinión pública es profundizar el desinterés que tiene la gran mayoría de la gente en lo que ocurre en la arena política. Porque la gente comprensiblemente cree que los políticos están más preocupados de sus peleas partidistas que del bienestar de las personas, el espectáculo que se inicia con esta acusación constitucional se caracterizará por la poca atención que le pongan los chilenos que siguen esperando un mejor acceso a educación de calidad en Chile.

Fuente: El Líbero (Santiago, Chile)