(TN) El método del saqueo, de la violación de derechos de los otros para lograr los intereses propios, es para el gobierno argentino un ejercicio plenamente legítimo. De allí que no debiera asombrarse ahora si el ejemplo cunde, y amplios sectores empobrecidos, tras un año particularmente malo en términos de actividad económica, empleo e inflación, asumen que pueden “sacarle a los que más tienen”.

Por Marcos Novaro

(TN) Los delitos en masa que se registraron en los últimos días y destruyeron varios cientos de comercios, provocando hasta aquí dos víctimas mortales, ¿fueron cometidos en contra del gobierno, con lo que lo convierten en una víctima más, o se produjeron debido a sus acciones y omisiones, y por tanto deben considerarse como su directa o indirecta responsabilidad?

Dilucidar esta cuestión a su favor fue, para el oficialismo, desde un principio y siguiendo el criterio que habitualmente usa para salir bien parado de los conflictos, más importante que frenar la violencia. De allí que se los escuchara a Abal Medina, a D´Elía, a Carlotto y tantos otros señalar a los enemigos del gobierno como responsables ocultos o no tan ocultos de lo sucedido. Mientras Cristina enterraba una vez más la cabeza en El Calafate, a la espera de que la tormenta pasara sin afectarla.

Incluso algunos funcionarios habitualmente menos fanáticos, movidos probablemente por el terror al “costo político”, abonaron esta interpretación: Julio Pereyra, intendente de Florencio Varela y vocero de los caciques k del conurbano, sostuvo que “culpar al gobierno de los saqueos es descabellado, irresponsable, una barbaridad que no resiste menor análisis… no hay duda de que hay sectores que quieren desestabilizar”.

Y el propio Scioli reforzó esta tesis, aludiendo a “desestabilizadores” que buscarían “generar una sensación de caos y desorden”. En buen romance, quienes gobiernan no habrían tenido nada que ver, deben ser consideradas víctimas, igual que los comerciantes saqueados, de conspiradores ocultos que en su perfidia no se detienen ante nada.

En alguna medida al menos la brutalidad con que los voceros oficiales plantearon sus argumentos cumplió su cometido: parecen haber causado en los opositores el suficiente temor a que se los identificara como parte de esta conspiración, como para convencerlos de moderarse y no retrucar las acusaciones, ni responsabilizar demasiado enfáticamente al gobierno en lo sucedido.

La nota disonante la dieron los directamente acusados por el kirchnerismo, los líderes del sindicalismo opositor, que encima cometieron la imprudencia de amenazar con un paro general en medio del despelote, con lo que le hicieron las cosas más fáciles a Abal Medina y compañía. Y el periodismo independiente, ya irremediablemente condenado desde el poder como causante de todas las malas noticias, y señalado en la ocasión por Caló como responsable de extender un clima propicio para el saqueo por “exagerar lo sucedido”. Este periodismo se esforzó en particular por desarmar los argumentos oficiales, aunque corriendo una vez más el riesgo de terminar haciendo mal el papel que no le corresponde de vocero e intérprete de una oposición casi ausente.

Como sea, es oportuno tomar en cuenta los planteos de cada parte sobre el problema; primero, porque la crisis está lejos de haberse superado: mientras siga la economía estancada y la inflación en alza no será muy difícil convencer a al menos parte de ese veintipico por ciento de la sociedad que está con el agua al cuello, o directamente con la cabeza bajo del agua, de que es más razonable poner en riesgo la vida participando de un saqueo que esperar a que el hambre desaparezca. Y segundo, porque lo sucedido seguramente contribuirá a moldear la competencia política en el año electoral que está por comenzar.

Empezando por los argumentos oficiales, ellos destacan que el gobierno nacional ha hecho todos los esfuerzos posibles para aumentar el consumo popular, y otro tanto para organizar e integrar a los sectores populares. Así que no puede acusárselo de buena fe de haber causado ni las necesidades sociales ni las organizaciones delictivas que convergieron en los saqueos.

El planteo apunta a distinguir el contexto en que nos toca vivir de los que imperaron en 1989 o 2001-2, lo que es en parte irrefutable. Aunque ignora el hecho de que para los pobres estructurales poco y nada ha cambiado respecto a esos años. Y, peor todavía, el no haber sido parte del auge del consumo de los últimos años puede ser un serio agravante.

Los argumentos en contrario parten de este punto, pero refieren también a muchos otros aspectos de las políticas oficiales. Primero, está la cuestión de la disociación entre una agenda oficial centrada en conflictos políticos (con Clarín, con la Justicia, ahora con la Rural, etc.), y una agenda social que está cada vez más en rojo, y para la cual en el último año el gobierno nacional no ha ofrecido más que dosis de gasto declinantes frente a la inflación. La promesa de una sintonía fina que reduciría gastos superfluos o beneficiosos para sectores pudientes, y concentraría los esfuerzos en los más necesitados, como se sabe quedó en veremos.

En segundo lugar, al hecho de que si algo ha promovido el oficialismo en estos años ha sido la acción directa y la imposición facciosa de unos sobre otros, como instrumentos del cambio que es legítimo que imperen sobre el conservador respeto de la ley y el orden. Finalmente, a este respecto los saqueadores no hacen otra cosa que tomarle la palabra a la promesa oficial de encabezar un amplio proceso de transformación que romperá las ataduras impuestas por el “institucionalismo hueco”, ignorando los fetiches del legalismo, imponiendo en suma la voluntad popular. ¿Y qué podría ser más popular que una turba enfurecida en acción?

Tercera, está la cuestión de las redes delictivas. El kirchnerismo no ha hecho nada por impedir, e incluso ha facilitado, el control por parte de redes mafiosas de los espacios y territorios donde viven los sectores más pobres de la sociedad. Barrios marginales y villas de emergencia de todo el país se han vuelto zona liberada para redes de narcotráfico, el robo organizado y cosas por el estilo. No hay de qué asombrarse por tanto cuando esas mafias encuentran la forma de movilizar a sus “bases sociales” para saquear los comercios de su zona de influencia. Ni de que les resulte sencillo orientar a esas bases respecto a qué tipos de bienes pueden robar, y cuáles son la parte del león que les corresponde sólo a ellas.

En cuarto lugar, el gobierno ha dejado a su suerte buena parte de las redes políticas de esos barrios, al desactivar la estructura territorial del peronismo, concentrar el control de las redes clientelares y volverlas cada vez más selectivas y discrecionales, con lo cual creó espacios vacíos, en que o bien escasean los recursos, o bien ellos se asignan sólo a algunas facciones de la base partidaria. Alentando a las demás a promover protestas y, nuevamente, la acción directa.

Finalmente, el kirchnerismo ha promovido con particular convicción la leninista consigna de “expropiar a los expropiadores” como método para amenazar y mantener a la defensiva a sus enemigos sociales, e imponerles crecientes costos en provecho de las fuerzas propias. Algo de esto hizo, sin ir más lejos, el mismo día en que se iniciaron los saqueos, al confiscar el terreno de la Rural. Revelando de un lado, de nuevo, que la agenda del cambio del gobierno pasa por asuntos que nada tienen que ver con la agenda de urgencias de sus propios votantes. Y del otro, que el método del saqueo, de la violación de derechos de los otros para lograr los intereses propios, es para el gobierno argentino un ejercicio plenamente legítimo. De allí que no debiera asombrarse ahora si el ejemplo cunde, y amplios sectores empobrecidos, tras un año particularmente malo en términos de actividad económica, empleo e inflación, asumen que pueden “sacarle a los que más tienen”.

En suma, parece haber más que suficiente para refutar a los sofistas del kirchnerismo. Lo más sorprendente del caso es que, pese a eso, ellos puedan seguir muy campantes, evadiendo su responsabilidad.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)