20.8.2018
 
Artículos / Derechos Humanos
Eva Valladares Antón
Creciente e insostenible inseguridad en El Salvador
Por Eva Valladares Antón
7 de agosto de 2018
Es el país más pequeño de Centroamérica y, desde hace años, atraviesa una crisis de inseguridad. El Salvador, castigado por la pobreza y la violencia, tiene uno de los índices más altos de homicidios a nivel mundial.
 

Según un informe del Instituto Igarapé, El Salvador se consideró el país más peligroso del mundo en el año 2016 y 2017, siendo San Salvador la ciudad con más homicidios a nivel mundial en el año 2016.

¿Cuáles son las razones detrás de estos niveles desconcertantes de violencia? Gran parte de los homicidios en el país son cometidos por las maras, organizaciones criminales que controlan amplias zonas de El Salvador, obligando a adolescentes a unirse a las mismas, convirtiendo a niñas en esclavas sexuales y extorsionando a tenderos y conductores de autobuses con el pago de un impuesto mensual. Si se niegan a hacer lo que les piden, son asesinados. Según una reciente encuesta del periódico salvadoreño El Mundo, un 42% de los encuestados piensan que son las pandillas las que mandan en el país, frente a un 12% que consideran que es el gobierno. A su vez, un 61% de los salvadoreños piensan que la inseguridad es el principal problema de El Salvador. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizó una visita en noviembre del año pasado para monitorear el estado de derechos humanos en el país, con especial énfasis en los derechos de las mujeres y las niñas salvadoreñas.

Al igual que en los países vecinos, Honduras y Guatemala, la corrupción en El Salvador es endémica, según Transparency International. Sin embargo, la falta de un organismo internacional que investigue la corrupción en este país, como la Comisión Internacional Contra la Impunidad (CICIG) y la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad (MACCIH) en Guatemala y Honduras respectivamente, minimiza la importancia que se le atribuye a este tema en El Salvador. Sin embargo, esto no significa que los niveles de corrupción sean los deseados. Según Insight Crime, una fundación dedicada al análisis del crimen organizado, en los últimos tres años, dos expresidentes -Mauricio Funes y Antonio Saca – han sido procesados por el desvío de unos 700 millones de dólares provenientes del dinero público, similar al dato de déficit fiscal en el país. A diferencia de sus países vecinos, El Salvador no ha querido iniciar el proceso para contar con una comisión internacional, por lo que son las propias instituciones estatales las que llevan adelante la lucha contra la corrupción. Sin embargo, los intereses políticos llegan a entremezclarse en esta lucha, donde el fiscal general no ha tenido un rol contundente, ya que su puesto depende de diputados que, a su vez, estarían presuntamente implicados en redes de corrupción.

No sólo la corrupción afecta a este pequeño país, sino que el propio estado podría ser el perpetrador de violaciones de derechos humanos. Según una investigación de la revista Factum, las Fuerzas Especializadas de Reacción de El Salvador (FES), una sección policial creada por el presidente Salvador Sánchez Cerén, habría sido creada con el fin de neutralizar a las estructuras delictivas y la actividad de los criminales señalados por delito de homicidio, y también detener a los principales cabecillas de las maras. El recelo en torno a la FES es que estarían presuntamente involucradas en la ejecución de varios pandilleros, dato que preocupa a la comunidad internacional ante las posibles muertes a manos del estado salvadoreño.

A pesar de que El Salvador firmó la Declaración de los Defensores de Derechos Humanos de la ONU en 1998, el país parece haber omitido la responsabilidad de proteger a sus defensores de derechos humanos. Según varias organizaciones que integran la “Mesa por el Derecho a Defender Derechos Humanos” entre 2014 y 2016 hubo al menos 220 casos de agresiones hacia mujeres defensoras de derechos humanos. Además, el estado de El Salvador no reconoce aún el derecho a defender los derechos y, como resultado, no tiene mecanismos institucionales para reconocer, proteger y garantizar el derecho a defender derechos humanos sin que amenacen la vida e integridad física de los defensores. En abril de este año, esta red de organizaciones elaboró un anteproyecto de “Ley para el Reconocimiento y Protección Integral de las Personas Defensoras de Derechos Humanos y para la Garantía del Derecho a Defender Derechos Humanos”.

Pese a que parecía que se había dado una disminución del nivel de homicidios en los últimos años en El Salvador, con 3,605 homicidios en 2017 que, según Amnistía Internacional, era un 25% menos que el año anterior, se atisba un repunte de estas cifras: hubo 625 homicidios entre enero y febrero de este año, un aumento de más de un 20% con respecto al mismo período del año pasado, según la Policía Nacional Civil. Estos datos arrojan un número escalofriante, con un promedio de 10.59 asesinatos por día en esos dos meses.

Además, la legislación sobre el aborto, una de las leyes más controvertidas en este país, prohíbe su práctica en todas las circunstancias y acarrea sanciones penales tanto para las mujeres involucradas como para los profesionales de la salud. En 1998 se aprobó un nuevo código penal en que se eliminaban las causales que anteriormente estaban permitidas, como los casos en los que el embarazo era un riesgo para la vida de la mujer y en casos de relaciones con una menor, violación o por deformidades fatales del feto. Además, al año siguiente, en 1999, se hizo una enmienda a la Constitución de El Salvador para reconocer el derecho a la vida desde el momento de la concepción. Esto supone que una persona se considera como tal desde el momento en que se concibe en el vientre materno, por lo que un aborto es considerado un homicidio.

Esto ha supuesto el encarcelamiento de innumerables mujeres de forma injusta, al haber sufrido abortos espontáneos u otros complicaciones, siendo posteriormente acusadas de terminar su embarazo y condenadas por homicidio con penas de hasta 30 años. A la luz de esta ley, la preocupación internacional recae sobre el hecho de que muchas mujeres, niñas y adolescentes salvadoreñas se enfrentan a embarazos producto de una violación o abuso, viéndose forzadas a continuarlo para no ser encarceladas, lo cual infringe sus derechos reproductivos. Es alarmante que, según datos de la PNC, en 2016 se recibieron cerca de cuatro mil denuncias por delitos sexuales, de las que el 47% correspondían a violaciones a menores de 15 años y el 26% a niñas entre 15 y 18 años de edad.

La CIDH admitió en marzo de 2017 una petición en el caso de Manuela, una mujer condenada por homicidio tras haber sufrido un aborto espontáneo y que murió en prisión por cáncer mientras cumplía una condena de 30 años. Además, según el Centro de Derechos Reproductivos, Manuela no tuvo un tratamiento adecuado para su enfermedad en la cárcel, un derecho de las personas encarceladas.  La admisión de este caso pone de relieve las varias violaciones de derechos humanos cometidas por el estado de El Salvador, desde el sistema de salud hasta los órganos judiciales.

En El Salvador, muchas mujeres y niñas comienzan a trabajar desde una edad temprana, sufriendo varias formas de abuso y violencia. Muchas veces, la precariedad económica empuja a las mujeres y niñas de El Salvador a trabajar en condiciones precarias, dejando de lado sus estudios. Además, al día de hoy El Salvador continúa siendo el país de la región con mayor número de asesinatos de mujeres. Según datos del Instituto de Medicina Legal, entre enero y octubre de 2017 hubo 395 homicidios de mujeres, muchos de ellos con ensañamiento como lapidación, asfixia o ahorcamiento. En agosto de 2017, el Congreso salvadoreño aprobó una ley para prohibir el matrimonio infantil sin excepciones.

Según el informe de Amnistía Internacional llamado Sin Lugar que me Proteja, en los países del Triángulo Norte las personas LGBTI tienen mayor exposición a la violencia, sufriendo nivel tanto a nivel familiar y laboral hasta nivel societal e incluso institucional. Es por esta razón que muchos salvadoreños, hondureños y guatemaltecos perteneciente al colectivo LGBTI solicitan asilo en países como México y Estados Unidos. Según el Alto Comisionado de las Naciones Unidas por los Refugiados (ACNUR), estas personas forman parte de los “perfiles de riesgo” de los solicitantes de asilo de El Salvador y Honduras. Según la Asociación Comunicando y Capacitando a Mujeres trans con VIH en El Salvador (COMCAVISTRANS) se reportaron 28 ataques contra personas LGBTI entre enero y septiembre de 2017. Solamente en el mes de febrero, tres mujeres trans fueron asesinadas en tres días. Sin embargo, debido a los altos índices de impunidad y la débil institucionalidad en El Salvador, son pocos los casos que se reportan o investigan. Según COMCAVISTRANS, al menos 136 personas LGBTI habían abandonado El Salvador desde 2012, aunque el número es probablemente mayor.

A causa de los altos niveles de violencia y a la presencia constante de las maras en El Salvador, muchas familias se ven obligadas a migrar en busca de un mejor futuro libre de extorsiones y amenazas. De este modo, la emigración de salvadoreños tiene índices muy altos, especialmente hacia Estados Unidos, donde se dirigen casi el 90 por ciento de salvadoreños que deciden salir del país.

La población de El Salvador podrá elegir a su próximo presidente en 2019. Los últimos ocho años, en los que ha estado a cargo del gobierno el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, han dejado una creciente e insostenible inseguridad en las calles de El Salvador. La presencia diaria de las maras ha generado no sólo violencia, sino una gran ola de migración. Además, ante las políticas migratorias de Trump, migrar hacia Estados Unidos resulta cada vez más difícil para los salvadoreños. El próximo febrero de 2019 representa una oportunidad para buscar soluciones a esta problemática en crecimiento.