15.12.2017
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  Informes
(Instituto Nacional de Estadística y Geografía) La investigación se basa en los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares de 2000 y 2010, sujetos a una herramienta de estratificación multivariada desarrollada en el Instituto para permitir una síntesis de información diversa y compleja bajo criterios de rigor estadístico. Se trata de una aproximación al estudio de las clases medias en México, que no pretende ser definitiva, sino que busca contribuir al análisis del tema.
(Resdal) El trabajo aquí presentado es producto de investigaciones paralelas llevadas a cabo por RESDAL en Haití y en la República Democrática del Congo en 2011 y 2012. En ambos países está en proceso una "distopía post apocalíptica". El gobierno no funciona adecuadamente y la institucionalidad prevista es episódica, tanto en cobertura territorial como en su funcionamiento.
(CIDH) En el Capítulo Cuarto de su Informe Anual, la Comisión examinó y relató la situación particular de tres Estados que fueron objeto de especial atención de la Comisión. En el primero de ellos, Cuba, no se observan los derechos políticos consagrados en la Declaración Americana y persisten situaciones estructurales que afectan seria y gravemente el goce y disfrute de los derechos fundamentales consagrados en la citada Declaración. Las restricciones a los derechos políticos, de asociación y a la libertad de expresión; la falta de elecciones y de independencia del Poder Judicial, así como las restricciones a la libertad de movimiento, han conformado durante décadas una situación permanente y sistemática de vulneración de los derechos humanos de sus habitantes. En el transcurso de 2012, la información disponible llevó a la Comisión a la conclusión de que la situación general de derechos humanos no ha variado. Respecto del Estado de Honduras, la Comisión relató la preocupante situación de seguridad ciudadana, la falta de independencia del Poder Judicial y las debilidades en la administración de justicia asociadas a altos índices de impunidad, así como la discriminación y marginación de sectores de la sociedad. Por último, con relación al Estado de Venezuela, la Comisión considera que situaciones estructurales, como las modificaciones normativas que implican restricciones legales y administrativas, afectan severamente el goce y disfrute de los derechos humanos. La Comisión invita respetuosamente al Ilustre Estado de Venezuela a reconsiderar esta decisión que opera únicamente en detrimento de las personas que se encuentran bajo su jurisdicción.
(Real Instituto Elcano) Como ha dicho el presidente Juan Manuel Santos en Londres, la relación no es nueva. Desde 2008, a petición de la OTAN y EEUU, Colombia ha evaluado las posibilidades de cooperación en la ISAF. También hay que destacar que en mayo de 2012 la OTAN votó a favor de incluir a Colombia en la denominada Comunidad OTAN ATP-56 AAR (Air-to-Air Refuelling), lo cual significa que cumple con la normativa aliada para el reabastecimiento en vuelo. Con este acuerdo, la fuerza aérea colombiana es ahora elegible para establecer acuerdos de interoperabilidad en este tipo de operaciones con cualquiera de los miembros de la OTAN y sus socios. Si la relación de Colombia con la OTAN no es nueva, tampoco es la única de América Latina. Aparte de El Salvador, hay presencia de algunos observadores latinoamericanos en maniobras de la OTAN. En junio de 2011 las maniobras “Bold Monarch 11” contaron con observadores de Argentina y Brasil. El abanico es enorme y en ella tiene cabida Colombia, de la que los aliados valoran altamente su experiencia en la lucha contra el narcotráfico. El Atlántico Sur no afronta desafíos de seguridad muy diferentes a los del Atlántico Norte, pues la democracia, la seguridad, la paz y la seguridad colectiva son comunes a todos, y todos comparten muchas de las amenazas emergentes.
(Fondo Monetario Internacional) Las economías de mercados emergentes y en desarrollo sufrieron una notable desaceleración durante 2012, debida a una marcada contracción de la demanda proveniente de economías avanzadas clave, la aplicación de políticas internas más restrictivas y el final del auge en algunas de las principales economías de mercados emergentes. Pero ante la solidez de la demanda de consumo, el compás de espera en que se encuentra la política macroeconómica y la reactivación de las exportaciones, un par de economías de América del Sur están enfrentando altos niveles de inflación y una presión creciente en los mercados cambiarios. En las economías en desarrollo las noticias son buenas. Aun cuando las estimaciones de crecimiento potencial de algunos de los principales mercados emergentes han sido revisadas a la baja en años recientes, ese crecimiento ha estado mejorando de forma constante en otras regiones.
(FIP) La FIP intervino en el proceso de demanda que estudia la Corte para que se declaren inconstitucionales apartes del Marco Jurídico para la Paz. El texto, escrito por Juan Carlos Palou, refleja la posición de la FIP frente a este tema crucial para el proceso de paz. Creemos que el conflicto armado entre el Estado colombiano y las guerrillas de las FARC y el ELN está en un momento de “madurez” para ser resuelto, entre otras debido a que ninguna de las partes cree que logrará sus objetivos por la vía de la violencia. Por lo demás, el cansancio de la guerra por parte de los colombianos asegura que, en la eventualidad de un acuerdo de paz genuino con las guerrillas, conduzca a los ciudadanos a avalar la selección de los máximos responsables y el tratamiento diferenciado para quienes no queden cobijados en esa categoría. Todo ello debe ser el producto de una deliberación pública amplia y participativa. Es nuestra opinión, la Corte Constitucional debería declarar la EXEQUIBILIDAD de las normas que autorizan a elaborar y aplicar criterios de selección para el juzgamiento penal de los máximos responsables de graves violaciones de derechos humanos, permitiendo al mismo tiempo que quienes no sean seleccionados reciban un tratamiento penal diferente.
(ICG) El ciclo de violencia en México se ha convertido en algo aún más complejo con la expansión de las milicias civiles en 2013. Las imágenes de hombres enmascarados instalando retenes con metralletas en mano son una denuncia evidente de la incapacidad para implantar el Estado de Derecho. Mientras que los grupos de civiles armados han detenido a algunos delincuentes, la violencia por o en contra de ellos ha convertido a los estados de Guerrero y Michoacán en sitios de mayor inseguridad. La propagación de estos grupos de civiles armados en los próximos años es una perspectiva aterradora que podría llevar a que sectores del país existan –como algunos lugares ya lo hacen debido a los cárteles – fuera del control de los cuerpos de seguridad. En lugar de abordar el desafío que presentan los cárteles, los grupos de civiles armados corren el riesgo de agravarlo. Si el gobierno formula una política congruente, es posible que las milicias civiles no se conviertan en una característica integral del panorama nacional. La policía comunitaria puede ser una buena manera de combatir la inseguridad, pero debe ser legal y trabajar con el gobierno. Los grupos que ejercen justicia por propia mano sólo se suman a los abusos de los derechos humanos y al derrame de sangre.
(Fondo Monetario Internacional) Según las proyecciones, el crecimiento económico de América Latina y el Caribe repuntará de 3% en 2012 a 3½% en 2013, respaldado por una demanda externa más fuerte, condiciones de financiamiento favorables y los efectos de las políticas económicas más laxas aplicadas anteriormente en algunos países de la región, señaló el FMI. En su informe Perspectivas económicas: Las Américas, presentado el 6 de mayo en Montevideo, Uruguay, el FMI señaló que los riesgos externos para las perspectivas a corto plazo se han atenuado. Sin embargo, en Estados Unidos el crecimiento se verá afectado hacia fines de 2013 y posteriormente si no se reemplazan los recortes automáticos del gasto fiscal (el llamado “secuestro del gasto”) antes de que comience el próximo ejercicio fiscal (en octubre) por medidas que difieran el ajuste fiscal. Un crecimiento menor en Estados Unidos tendría un impacto negativo en la región, particularmente en México y América Central, que son los más vinculados a Estados Unidos a través del comercio y las remesas.
(CADEP) Paraguay, como los demás miembros del Mercosur, posee acuerdos de libre comercio con todos los países de la Comunidad Andina de Naciones y Chile, que pertenecen al grupo de Estados Asociados del Mercosur (Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Perú y Venezuela). Las ventas externas del Paraguay a estos países ya alcanzaban el 15% del total de nuestras exportaciones en el 2005, aumentando a un 20% en el 2011, incluso por encima del Mercosur. En los últimos diez años el Paraguay ha diversificado sus mercados de exportación, pero la diversificación ha sido menor en sus rubros exportables. Si pertenecer a la Alianza del Pacífico se considera como una ventaja para el Paraguay, como también futuros acuerdos con los mercados asiáticos, la interrogante es si los mismos ofrecen oportunidades exclusivamente para commodities o también para otra gama de productos. La pertenencia a la Alianza del Pacífico y al Mercosur o la firma de múltiples acuerdos de preferencia comercial solo tienen sentido si el país no solamente pretende aumentar la oferta exportable, sino contar, asimismo, con un plan de desarrollo que priorice sectores productivos sobre los cuales se construyan competitividad y bienestar.
(Instituto de Defensa Legal) En la actualidad, la necesidad de reparar a las víctimas que han sufrido graves y sistemáticas violaciones de sus derechos, ya sea en el marco de un conflicto armado o de un régimen autoritario, es incuestionable. Así, la reparación se ubica en el contexto de la justicia transicional como un instrumento que permite restaurar la dignidad de aquellos supervivientes que han padecido enormes abusos en el pasado y a quienes se les debe reivindicar en su condición de ciudadanos. Por tanto, conocer el impacto real que puede tener en una comunidad y sus miembros la implementación de un programa de reparación, analizar las variables institucionales que participan en este proceso de cara a cara con sus protagonistas y escuchar a las víctimas/supervivientes hablar sobre su sufrimiento y sus pérdidas se configura en una responsabilidad y un compromiso que debe responder a esa demanda de reconocimiento, inclusión y resarcimiento.
 
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Editorialista, diario La Nación

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