23.11.2017
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Venezuela con elecciones en dictadura
Por Hugo Machín Fajardo
Twitter: @MachinFajardo
18 de agosto de 2017
Hugo Machín Fajardo
Las elecciones regionales previstas en la constitución venezolana para diciembre, en este caso se realizarían en octubre. Ya considerada como una dictadura la cúpula cívico- militar que impera en Venezuela, ha visto incrementarse el aislamiento internacional en el que las amenazas bélicas del presidente Donald Trump desentonan con la totalidad del reclamo de soluciones por la vía pacífica.
 
 

Los principales partidos de oposición venezolana han resuelto, no sin debates internos, presentarse a las dos veces postergadas elecciones regionales para elegir gobernadores en los 23 estados del país caribeño.

El argumento principal esgrimido por el ex candidato presidencial y gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, proscrito por 15 años, es el de no dejarle a la dictadura el terreno libre que le posibilite ocupar electoralmente esos puestos.

La postura de Capriles (ex COPEI) y su actual partido, Primero Justicia, es compartida por Acción Democrática, que lidera Henry Ramos Allup y Voluntad Popular, de Leopoldo López, preso político que ha vuelto a quedar bajo arresto domiciliario luego de unos días en que fue nuevamente secuestrado de su casa.

Estas organizaciones constituyen los principales partidos políticos de los 18 sectores opositores que integran el espacio democrático en Venezuela agrupado en la Mesa de Unidad Democrática (MUD).

También influyentes y veteranos líderes de opinión como Teodoro Petkoff han sido contundentes: “no acudir [a las elecciones regionales] significa regalar las alcaldías y gobernaciones al narcogobierno”, escribió el martes 15 en semanario Tal Cual. En su opinión, con el control electoral de la MUD en cada mesa se repetirá el triunfo de diciembre 2015, cuando la oposición obtuvo 2/3 de la Asamblea Nacional.

En desacuerdo. Otra ha sido la posición de VenteVenezuela y Alianza Bravo Pueblo (ABP), encabezados respectivamente por la ex legisladora María Corina Machado y el ex alcalde Antonio Ledezma, nuevamente en prisión domiciliaria.

Los argumentos de quienes se oponen a participar de las elecciones convocadas por Maduro son los siguientes:

- los 7,6 millones de venezolanos -de un total de 19,5 millones- que el 16J, se expresaron en una gran encuesta nacional supervisada por los rectores de las principales universidades del país, votaron contra Nicolás Maduro, a favor de unas elecciones libres y por un gobierno de unión nacional;

- la MUD definió como objetivos cambiar de gobierno nacional para poder conjurar la crisis y darse nuevos poderes públicos, específicamente designar nuevos magistrados y nuevos rectores del Consejo Nacional Electoral (CNE);

- la ausencia de garantías respecto al CNE -que la oposición considera un poder de bolsillo de la dictadura al que acaba de serle anulada la invitación al encuentro de organismos electorales a realizarse en octubre por la OEA-  quedó en evidencia el 30 de julio cuando inventó una cifra de votantes para una constituyente violatoria de la Constitución. Este argumento se refuerza con las denuncias de la propia empresa encargada de la organización y conteo electoral (Startmatic), que denunció un fraude de al menos un millón de votos en los supuestos 8,1 votos difundidos oficialmente. Asimismo, la agencia Reuters, a partir de datos emanados del propio CNE, informó que a las cinco de la tarde del domingo en que se eligió la constituyente los votantes sumaban 3,5 millones, lo que hizo imposible llegar al cierre de la jornada con la cifra difundida por CNE;

- el antecedente de la elecciones nacionales de 2013, en la que Maduro apenas superó a Capriles: el gobierno prometió una auditoria de los comicios que nunca cumplió;

- coherencia con el reclamo internacional in crescendo respecto a la exigencia para que Venezuela encamine un rumbo democrático y desande las etapas de conculcamiento de libertades y derechos que han trasformado al régimen chavista originario en una dictadura.

Una explicitación de lo anterior puede leerse en la columna de Mitzy Capriles de Ledezma.

La dictadura. Por su parte Maduro, luego de la instalación de la constituyente -nacional e internacionalmente calificada como espuria- ha incrementado sus medidas represivas bajo la orientación del servicio de inteligencia cubano soportado en los 15 mil efectivos que Raúl Castro mantiene en Venezuela. Detenciones de alcaldes opositores, aumento del número de presos políticos: 5.326 arrestos en cuatro meses y medio de protestas y 676 presos políticos, según el Foro Penal Venezolano, destitución de la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, así como el pedido de captura del esposo de esta, el diputado chavista disidente Germán Ferrer, acusado de corrupción, legitimación de capitales y extorsión. Horas antes de la decisión judicial  respecto a Ferrer, el capitán retirado y presidente del Partido Socialista de Venezuela, Diosdado Cabello, había reclamado públicamente su captura.

La ex Fiscal General ha calificado estas acciones como una “venganza” del régimen. Ferrer, negó que la firma que figura en los documentos incriminatorios presentados por la Fiscalía sea la suya, y pidió que se compare con su rúbrica para demostrarlo. Ambos se exiliaron.

El viernes 18 la constituyente de Maduro acaba de aprobar un decreto que le autoriza "legislar sobre las materias (de) paz, soberanía, el sistema socioeconómico y financiero, los bienes del Estado y la preeminencia de los derechos de los venezolanos", lo que se traduce en el desconocimiento del Parlamento electo en diciembre de 2015, cuando la MUD obtuvo 2/3 de las bancas.

La constituyente chavista creó una comisión para el establecimiento “de la verdad” que, en realidad, ha sido utilizada para proscribir a dirigentes de la MUD impidiéndoles presentarse como candidatos a los comicios para gobernadores.

Las elecciones regionales previstas en la constitución venezolana para diciembre, en este caso se realizarían en octubre.

Ya considerada como una dictadura la cúpula cívico- militar que impera en Venezuela, ha visto incrementarse el aislamiento internacional en el que las amenazas bélicas del presidente Donald Trump desentonan con la totalidad del reclamo de soluciones por la vía pacífica.

El editor-director de “El Nacional” de Caracas, así lo detalla en reciente columna, pero los hechos más contundentes se resumen en la declaración de Cancilleres de Lima del 8 de agosto; en el hecho de que el Mercosur por primera vez en sus 26 años de existencia aplique la Carta Democrática a un país miembro; en la denuncia de la ONU respecto a que la dictadura de Venezuela- irónicamente uno de los países latinoamericanos que integra el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas – cuelga a sus detenidos por pies y muñecas, aplica choques eléctricos, usa gases tóxicos y amenaza de muerte o de violación a sus detenidos, entre otras torturas.

También la banca internacional reacciona: el Credit Suisse, principal banco de Suiza, prohíbe las transacciones con bonos de Pdvsa porque no quiere ser cómplice en el otorgamiento de recursos que puedan ser utilizado para la violación de los derechos humanos.

Twitter: @MachinFajardo
Acerca del autor
Hugo Machín Fajardo
Hugo Machín Fajardo
Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
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