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Luis Chocobar, Patricia Bullrich y Jaime Durán Barba, enredados sobre la seguridad que queremos
Por Marcos Novaro
9 de febrero de 2018
Marcos Novaro
(TN) Por ahora el debate no es demasiado estimulante. El Gobierno trata de fugar de su propio atolondramiento y darle un tono más de «mano dura» a su política de seguridad, sin precisiones.
 
 

(TN) Ojalá salga algo bueno de este trágico enredo que se inició con la por lo menos polémica intervención del policía Luis Chocobar tras un asalto violento en La Boca, y siguió con el uso político que a los apurones el gobierno quiso hacer del caso.

Por ahora, lo que se ve no es demasiado estimulante: un Ejecutivo que trata de fugar de su propio atolondramiento y confusión con el asunto, aunque con una idea en mente que no quiere abandonar, darle un tono más de “mano dura” a su política de seguridad, sin mayores precisiones.

Por empezar, porque tienen que desembarazarse del mal trago que significó que el presidente le levantara el brazo al héroe del día, y al día siguiente se revelara que tan héroe no había sido. Para lo cual tanto el jefe de gabinete Marcos Peña como la ministra de Seguridad Patricia Bullrich optaron por la ratificación: dicen que sabían del video que compromete al policía, como dando a entender que prefieren que los acusen de ser brutales antes que de torpes e improvisados. Es una salida, con sus ventajas y desventajas.

Tal vez reconocer el error en este tema y en este momento les sería más costoso. Y creen en serio que la mayoría de la sociedad los va a acompañar con o sin video, porque quiere más Chocobares en las calles y menos jueces Velázquez y verso garantista en los tribunales. Puede ser. Pero conviene cuidarse de la esquizofrenia colectiva: es cierto que mucha gente está en esa tesitura, pero sucede como con la represión de los piquetes, ¿va a seguir estando del lado del gobierno si empiezan a multiplicarse las escenas violentas y los muertos por la espalda?

Durán Barba quiso aportar lo suyo, pero pisó otra vez el palito con su habitual desprolijidad argumental. Dijo que la sociedad quiere pena de muerte, es decir, que está mucho más a la derecha que ellos, el gobierno. Como dando a entender que no es que en el Ejecutivo se estén radicalizando o se dejen llevar por reflejos algo fachos, sino que apenas se acomodan moderadamente para atender una demanda que los acosa “desde abajo”. El problema sería “la gente”, no ellos, en suma.

Pero no hay ninguna encuesta que confirme la jugarreta de Durán Barba. Sí hay mucho energúmeno virulento en las redes sociales y entre los comentaristas de los diarios, minorías intensas que hacen algo de ruido sobre este y otros asuntos desde hace años. Pero si ese es el termómetro con que el consultor presidencial palpa el ánimo colectivo estamos realmente en problemas. Y si sólo nos quiso camelear con un argumento ad hoc para disimular y justificar el barquinazo que dieron con la entrevista presidencial a Chocobar la semana pasada, debería estar más atento a los riesgos de falsear la realidad e inventar demandas que no existen: ¿con esta tesitura el gobierno no terminará legitimando y poniendo en el centro de la escena a esos energúmenos, al presentarlos como “la voz de la sociedad que es preciso escuchar”?

Lo más interesante en este por ahora precario debate lo planteó la ministra Bullrich y fue su intervención en el programa radial de Ernesto Tenembaum. Hay que cortar el circuito que reproduce la desconfianza social hacia las fuerzas de seguridad y su inercia de mal funcionamiento: confiemos en ellas y hagámoslas trabajar, una idea que suena razonable. Para empezar, cambiando los protocolos que regulan su acción cotidiana frente al delito, el uso de armas de fuego y demás instrumentos que van a permitir mejorar, activar, y también juzgar su comportamiento. Ahí sí hay argumentos nuevos y potencialmente provechosos.

Aunque también aparecen exageraciones, y surgen más dudas. Para empezar, si Bullrich admite que el protocolo sobre cómo se detiene a un posible delincuente en fuga está en proceso de reforma, lo primero a determinar es cuál regía para el caso Chocobar, el viejo o el nuevo, y qué dice cada uno exactamente respecto a una persona que no se detiene ante la voz de alto, pero tampoco tiene un arma en la mano ni amenaza a nadie, ¿se le dispara, se dispara al aire (no parece la mejor idea en una zona muy poblada)? Hay problemas asociados a cada alternativa, y no habría que pasar de ellos como si no existieran o reducirlos a opciones fanáticas del estilo “¿qué quieren, canas desarmados? ¡A ver cómo nos va con eso!”.

Lo primero es precisar qué quiere decir que la confianza, o el beneficio de la duda, tiene que estar del lado de las fuerzas de seguridad. Porque, primero, ese es un privilegio de todo sujeto de derecho en un sistema legal como el de nuestra Constitución, incluye a los policías. Y segundo, si lo que se quiere es que haya un beneficio especial a favor suyo, un plus de confianza en ellos, para incentivarlos a actuar y no a estar cuidándose la espalda todo el tiempo, lo que Bullrich y el Estado deberían proporcionar es también garantías extra que justifiquen ese plus. Por ejemplo, mejor formación y controles internos con reglas precisas y bien legitimadas, para que los mismos agentes sepan a qué atenderse, no reciban señales confusas de sus jefes, los jueces, los medios, etc., sepan que su uso de la fuerza va a poder luego justificarse.

Lograr esas reglas no debería ser en este caso muy difícil, o al menos el Ejecutivo no debería sentirse al respecto tan sólo como en otros terrenos: el laboral o el previsional. También el grueso del peronismo, a través de gente como Sergio Massa y Miguel Angel Pichetto, ha sentado posiciones duras, más duras incluso que las oficiales. ¿Por qué no aprovechar ese principio de entendimiento para avanzar en serio, sin tanta sobreactuación inútil? Con gradualismo y moderación, como gusta el gobierno practicar en otros asuntos.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)

Acerca del autor
Marcos Novaro
Marcos Novaro
Es licenciado en Sociología y doctor en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Actualmente es director del Programa de Historia Política del Instituto de Investigaciones Gino Germani de la UBA, del Archivo de Historia Oral de la misma universidad y del Centro de Investigaciones Políticas. Es profesor titular de la materia “Liderazgos, representación y opinión pública” y adjunto regular de la materia “Teoría Política Contemporánea”. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas nacionales y extranjeras. Entre sus libros más recientes se encuentran “Historia de la Argentina 1955/2010” (Editorial Siglo XXI, 2010) e “Historia de la Argentina Contemporánea” (Editorial Edhasa, Buenos Aires, 2006).
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