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El extraño silencio de Ciccone
Por Hugo E. Grimaldi
20 de agosto de 2012
Hugo E. Grimaldi
Cuando ahora se dice que no se sabe a quién habría de pagársele la eventual expropiación de la imprenta es cierto. Aquí, hay un perjuicio económico para alguien, un fantasma que, por algo, no se queja.
 
 

El último plano más festejado del kirchnerismo, pero a la vez la que le da “cosita” a algunos, muestra a un Amado Boudou sonriente en la poltrona de presidente del Senado y no se sabe muy bien si porque se burla de todos o si es un rictus nervioso por el papelón que está pasando, por las críticas de los opositores, por la defensa alambicada que hacen de él algunos de sus compañeros o por el tenor de la ley que se votó en la Cámara Alta para expropiar la imprenta Ciccone.

Pero, más allá de discursos y mohines, hay un factor que hace ruido en todo en este culebrón que bien podría llamarse “De un supuesto tráfico de influencias y de todo lo que se ha hecho desde el poder político para disimularlo”. Es una circunstancia de orden práctico en estos tiempos mediáticos, aunque es algo casi inherente a la condición humana: el sentimiento de defensa.

Hay que recordar que cuando se expropiaron las acciones de Repsol, Antonio Brufau despotricó en doce idiomas porque la compañía perdía su vaca lechera y porque consideró que aquel manotazo estatal era una traición del kirchnerismo. Por su parte, el gobierno español puso el grito en el cielo en defensa del tratado recíproco de protección de inversiones, mientras que los bancos e inversores derramaron lágrimas directamente proporcionales a sus bolsillos.

Ese tipo de ruidos político-mediáticos, y éste de Repsol puntualmente a nivel de escándalo internacional, es lo que se espera naturalmente de una situación así, cuando alguien siente que lo despojan de algo: pataleo generalizado.

Salvando todas las distancias, por envergadura societaria y volumen de los negocios, cabe preguntarse si hay alguien que haya registrado una sola protesta de ese estilo en el caso Ciccone, ante el proceso de expropiación que alienta el Estado. No la hubo de ningún tipo, ya que no se verificó ni una sola manifestación de repudio de los supuestamente perjudicados, ni se escuchó una voz, ni se vio siquiera una solicitada “pour la gallerie” de la Compañía de Valores Sudamericana (CVS), declarándose ofendida ante el aparente avasallamiento estatal o prometiendo acciones judiciales en su defensa. No aparecieron tampoco delegados gremiales que hicieran salir a la gente a la puerta de la empresa a quemar unas gomas, para pedir por televisión, aunque sea, que se mantengan las fuentes de trabajo.

En el caso Repsol, sólo Enrique Eskenazi calló por entonces, seguramente porque no hubo transparencia tampoco en su rol de ingreso como “socio estratégico” y en el método que se aprobó para que lo hiciera o quizás para no darle de comer al mito sobre quién era el socio oculto de la “argentinización” de la compañía.

Cuando ahora se dice que no se sabe a quién habría de pagársele la eventual expropiación de la imprenta es cierto. La continuadora de Ciccone es una empresa sin socios visibles que consiguió que otro sello de goma pusiera plata, no se sabe de dónde, para levantar la quiebra y que tomó luego la conducción de los negocios de la imprenta a través de gerentes, el más prominente, Alejandro Vanderbroele, amigo de un amigo de toda la vida de Boudou, quien le habría confesado a su ex esposa que era “testaferro” del vicepresidente de la Nación. Aquí, hay un perjuicio económico para alguien, un fantasma que, por algo, no se queja.

Desde lo judicial, el accionar mediático-judicial de Boudou y de los abogados de su amigo José María Núñez Carmona se llevó puesto al procurador, Esteban Righi, al juez Daniel Rafecas y al fiscal Carlos Rívolo. Desde lo político, el vicepresidente fue blindado por un proyecto de ley que busca desviar la atencin del centro del problema y poner al vice como víctima. El senador rionegrino Miguel Pichetto alabó su temple e hizo alusión a lo buenas que son las leyes francesas sobre juicios a funcionarios, mientras ejercen un cargo electivo que, precisamente, no son las que rigen hoy en la Argentina.

A estas horas, todo gira alocadamente también en esta cuestión en una rueda inacabable. Hay una manifiesta pasividad -y se nota demasiado- de todos los supuestamente perjudicados, que oscurece aún más el proceso de “recuperación de la soberana monetaria” que se tramita en el Congreso a la inversa, a marcha forzada.

Entre paréntesis, sólo se “recupera” aquello que se ha perdido y si alguien perdió esa soberana fue la Casa de Moneda, no sólo por haber impreso billetes en Brasil el año pasado, sino porque fueron sus actuales autoridades las que firmaron un millonario contrato con Ciccone (algo que negó en el propio Congreso el Jefe de Gabinete, quien luego no se desdijo cuando apareci el documento) y las que supervisaron su accionar en los primeros billetes, cuyas tintas y fondos de seguridad parece que dejaron muchas dudas.

Políticos interesados en contaminar la escena, accionistas mudos y apoderados que dejarán de serlo, pero que no se resisten, le ponen una cuota más de sospecha a todo el asunto. O todos tienen la cola muy sucia o hay una orden de no hacer olas, para que la cosa pase rápidamente al olvido y para no se recuerde que Amado Boudou vicepresidente salió de una costilla presidencial.

 

 
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