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El petróleo como instrumento de progreso: una nueva relación Ciudadano-Estado-Petróleo, de Luis Rodríguez Pardo y Pedro Rodríguez Sosa (Instituto de Estudios Superiores de Administración)
Por Horacio Fernández
1 de julio de 2013
Horacio Fernández
(Análisis Latino) El libro plantea una nueva relación entre el Estado y la Industria petrolera con la propuesta de nuevas instituciones y organizaciones públicas y privadas que actuando armónicamente aseguren el desarrollo sostenible tanto de la industria como de todo el país. Debería ser una guía de lectura obligatoria para cualquier político o especialista que quiera entender y solucionar el problema institucional de la industria petrolera en nuestros países.
 
 

(Análisis Latino) El libro trata la paradoja de Venezuela que, siendo el primer o segundo país del mundo en reservas de petróleo (según como se computen las de crudo pesado del Orinoco), muestra desde el año 2000 una caída de la producción y de sus exportaciones cuando el resto de los países exportadores de petróleo las aumentaron significativamente. Hay que destacar que las exportaciones de petróleo representan el 96% del valor de todas las exportaciones venezolanas, con lo cual la caída de las mismas o del precio del crudo generan serios problemas a Venezuela.

La explicación de esta mala perfomance la encuentran los autores, con razón y evidencias, en el marco institucional. Estudian la “Maldición de los recursos” en que han caído muchos países con recursos naturales abundantes como Venezuela mientras que otros con riquezas similares han sabido crear instituciones inclusivas que ayudaron a su desarrollo integral y sostenible. El problema de Venezuela es la debilidad de sus instituciones que si bien se agrava con las políticas de Chavez, su origen puede rastrearse a 1936, cuando se decide desarrollar al Estado en base a la renta petrolera. En 1946 comienzan los conflictos con las empresas privadas y en 1975/6 se nacionaliza toda la industria.

La captura de la renta petrolera en forma abusiva y discrecional por los sucesivos gobiernos llevó a la descapitalización de la industria empezando por la de la empresa estatal PDVSA. Esto impidió realizar las inversiones necesarias en el sector con la consecuencia señalada de la caída en la producción. Muchas empresas privadas se han retirado o fueron expropiadas y las que quedan no tienen buenos incentivos para invertir. Por otra parte, la empresa pública PDVSA ve escurrirse su flujo de caja en proyectos populistas del gobierno que la descapitalizan y la obligan a aumentar su endeudamiento.

Un serio problema del manejo discrecional por el gobierno de los recursos petroleros en Venezuela son los enormes subsidios internos en los precios de los combustibles y externos en exportaciones a países “políticamente amigos”. Es interesante leer que los autores proponen seguir el ejemplo de Irán para evitar los subsidios internos generalizados que son profundamente regresivos.

Señalan los autores que otros países han sabido crear instituciones e incentivos correctos para evitar los peligros de contagio de la “enfermedad holandesa”. Dan como ejemplo los casos de Noruega, Chile y Botsuana, entre otros. Generalmente estas instituciones implican la creación de Fondos específicos para manejar la renta de las riquezas naturales. Estos fondos tienen una gestión transparente y apuntan a un desarrollo del país a largo plazo creando un contrato intertemporal entre generaciones actuales y futuras. El caso del Fondo de Alaska creado en 1976 es puesto como buen ejemplo de este tipo de instituciones inclusivas. Hay que señalar que en Venezuela se crearon varios fondos para manejar la renta petrolera explosiva que recibió luego de la crisis mundial del petróleo de 1973, pero todos fracasaron ya que el gobierno de turno los fue consumiendo sin cumplir con sus fines. Vuelve entonces el fantasma de las instituciones débiles.

Con estos antecedentes y para tratar de superarlos, los autores proponen un Contrato Fiscal a Largo Plazo entre el gobierno y los ciudadanos en Venezuela. Para ellos, la regla de oro es la regla de Hartwick: “Una estrategia de desarrollo sostenible requiere sustituir el capital natural que representa el petróleo por otros tipos de capital, ya sea financiero, físico o humano”. Aplicar esta política evitará seguramente caer en la “maldición de los recursos”.

Muy interesante y acertado es el capítulo dedicado a los impuestos sobre la industria petrolera. Este punto es clave en toda política petrolera para poder capturar la renta y al mismo tiempo mantener los incentivos correctos para los inversores.

La combinación de regalías e impuesto a las ganancias, parece ser la manera más efectiva y práctica de gravar la actividad petrolera. Lo novedoso que proponen los autores es una regalía variable según los precios internacionales del crudo. Esto atenúa el defecto de la regalía fija que impacta sobre los ingresos brutos castigando a los yacimientos marginales.

Finalmente, el libro plantea una nueva relación entre el Estado y la Industria petrolera con la propuesta de nuevas instituciones y organizaciones públicas y privadas que actuando armónicamente aseguren el desarrollo sostenible tanto de la industria como de todo el país.

Como conclusiones y coincidencias: toda semejanza del caso venezolano con la Argentina no es pura coincidencia, sino el resultado de aplicar políticas similares. Como Venezuela, la Argentina no se ha quedado sin recursos energéticos, se ha quedado sin instituciones. Ha desarticulado los mercados de gas y petróleo congelando y regulando los precios. Se crearon subsidios insostenibles al consumo interno y se aplicaron retenciones confiscatorias a la exportación. En definitiva pasamos de ser exportadores netos de energía a importadores en 2011 con un déficit comercial que cada vez se torna mas gravoso.

El libro analizado debería ser una guía de lectura obligatoria para cualquier político o especialista que quiera entender y solucionar el problema institucional de la industria petrolera en nuestros países.

Acerca del autor
Horacio Fernández
Horacio Fernández
Abogado y Master Comparative Law. Trabajó en Argentina como director de asuntos legales y públicos para Occidental Petroleum, Shell CA PSA y Total Austral. Integró las comisiones directivas del Instituto Argentino del Petróleo y del Gas, de la Cámara de la Industria del Petróleo, de la Cámara de Empresas Productoras de Hidrocarburos y de la Unión Industrial Argentina. Ha sido durante 10 años profesor titular de Derecho para Ingenieros en el ITBA y actualmente lo es en el posgrado sobre Economía del Petróleo y del Gas de la misma institución. Es Secretario del Comité Argentino del Consejo Mundial de la Energía.
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