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El escándalo del dinero sucio hace olas en Chile
Por Patricio Navia
Twitter: @patricionavia
16 de enero de 2015
Patricio Navia
(Buenos Aires Herald) Como la práctica de financiar campañas bajo la mesa, a través de terceros y reportando esos gastos como corporativos, parece ser generalizada, algunos analistas predicen que el alcance del escándalo es probable que se haya extendido a otras empresas e implique a otros políticos.
 
 

(Buenos Aires Herald) Un año después de su peor derrota electoral desde la restauración de la democracia, la Alianza - coalición de la derecha chilena - ha sufrido un nuevo revés. Un escándalo con el financiamiento de la campaña que involucra a miembros prominentes de la Unión Demócrata Independiente (UDI), el partido más conservador del país, ha desplazado la atención de las complicaciones que enfrentan los paquetes de ambiciosas reformas de la Presidenta Michelle Bachelet. Irónicamente, debido a que la principal oposición a sus reformas viene de dentro de su coalición de centro-izquierda Nueva Mayoría (NM), la crisis actual en la UDI no será de ayuda inmediata a Bachelet — aunque retrasará el resurgimiento de la coalición derechista como un actor político relevante en Chile.

Antes de 2004, no había ninguna regulación de financiamiento de campañas en Chile y la mayor parte de los gastos se hacía bajo la mesa, siguiendo una lógica de "no preguntes, no cuentes". Un escándalo de financiamiento de campaña que estalló en 2002, bajo el Presidente Ricardo Lagos (2000-2006) de centro-izquierda, provocó que regulen las contribuciones de campaña, estableciendo límites de gastos y asignando fondos públicos para las campañas. Aunque las leyes de financiación electoral introdujeron algo de transparencia al proceso, no se establecieron mecanismos de observancia y no se destinó un presupuesto para que el servicio electoral asegurara el cumplimiento de las nuevas reglas. Así, algunos candidatos continúan incurriendo en altos gastos, sabiendo que es poco probable que te atrapen. Además, debido a que la legislación permite a las empresas donar en privado a los candidatos, algunos de los candidatos tienen acceso a mucho más recursos que otros. Aunque el sistema pretende crear un muro entre donantes y políticos, siendo que la mayoría de los candidatos que reciben contribuciones en secreto defienden políticas favorables a los negocios, hay buenas razones para dudar de la efectividad del muro y su objetivo de reducir la influencia de los intereses empresariales sobre los políticos.

El actual escándalo involucra a Penta, un conglomerado de empresas con intereses en la banca, la salud y los bienes raíces. Los dos miembros fundadores y accionistas mayoritarios, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín han sido acusados por evasión de impuestos. Como parte de la investigación, la Fiscalía descubrió un esquema ilegal que fue diseñado para canalizar fondos para las campañas electorales de políticos de derecha en 2013. Hasta ahora hay implicados dos senadores de la UDI — las declaraciones públicas de los senadores Ena Von Baer e Iván Moreiras y su respuesta inicial negando cualquier delito contradiciendo a correos electrónicos que se filtraron recientemente que los muestran pidiendo contribuciones a los dos propietarios de Penta. Otro político de la UDI, Pablo Wagner, un ex Subsecretario de Minería en el gobierno derechista de Sebastián Piñera (2010-2014) ha sido acusado por soborno y otros cargos de fraude fiscal. Wagner ya ha dimitido a la UDI, pero sus estrechos vínculos con el Presidente de la UDI, el diputado Ernesto Silva, socio de una de las empresas utilizadas para cometer fraude fiscal, involucrarán al partido conservador. Existe una creciente presión para que dimita Silva. Silva, también sobrino del dueño de Penta, Carlos Délano, parece tener una posición insostenible como Presidente de la UDI y sólo puede dañar la fiesta.

El escándalo ha afectado a personas fuera de UDI también. El Ministro de obras públicas Alberto Undurraga, un demócrata cristiano y miembro de la coalición de Nueva Mayoría de Bachelet, también ha sido nombrado como sospechoso, acusado de recibir fondos para una organización sin fines de lucro, creada en paralelo a su fallida campaña al Senado, para ayudar a pagar algunos asesores de campaña. El ex aspirante presidencial, Andrés Velasco, quien perdió con Bachelet en las primarias de la coalición en mayo de 2013, también ha sido nombrado en la investigación. Tanto Undurraga como Velasco han negado cualquier irregularidad, pero el hecho de que son parte de la investigación de la Fiscalía amenaza con extender la crisis más allá de la UDI a otros partidos políticos.

Como la práctica de financiar campañas bajo la mesa, a través de terceros y reportando esos gastos como corporativos, parece ser generalizada, algunos analistas predicen que el alcance del escándalo es probable que se haya extendido a otras empresas e implique a otros políticos.

Hasta ahora, a pesar de tener un miembro del gabinete indirectamente implicado, el gobierno ha logrado mantenerse alejado de la causa judicial. Pero la ambiciosa agenda legislativa de Bachelet se ha estancado en el Congreso, con todos los ojos sobre los políticos involucrados. Aunque Nueva Mayoría tiene una clara mayoría en ambas cámaras, el hecho es que el más moderado Partido Demócrata Cristiano (PDC) efectivamente ha limitado el alcance de algunas de las reformas legislativas del gobierno — incluyendo la tan anticipada y debatida reforma educativa — y hará lo mismo con la reforma laboral recientemente introducida, con lo cual el PDC se ha transformado en un partido crucial en el Congreso. Sin los votos del PDC — particularmente en el Senado, Bachelet no tiene una mayoría. Como los legisladores de Alianza apoyarán prácticamente cualquier modificación moderada ofrecida por el PDC con la intención de alterar las reformas más radicales de Bachelet, el gobierno se ha visto obligado a ceder ante el PDC para garantizar la aprobación legislativa.

Bachelet se acerca a su primer aniversario en el poder, con una economía estancada y su caída en la aprobación presidencial han erosionado mucho el capital político que obtuvo al ganar la Presidencia en 2013, con una cuota del 62 por ciento de los votos. Después de haber impulsado a Nueva Mayoría a su mayor victoria en las elecciones, Bachelet ha sido incapaz de imponer disciplina dentro de su coalición y asegurar el apoyo a las reformas que prometió en la campaña. Así, mientras la Alianza — y especialmente la UDI — luchan por superar el creciente escándalo de financiamiento de la campaña, Bachelet parece ser poco probable que sea capaz de capitalizar la oportunidad política frente a ella.

Este artículo fue originalmente publicado en The Buenos Aires Herald el 13 de enero de 2015.

Traducción de Wanda A. Di Rosa y Hernán Alberro.

Twitter: @patricionavia
Acerca del autor
Patricio Navia
Patricio Navia
Doctor en ciencias políticas (New York University). Anteriormente obtuvo un master en la misma disciplina de la Universidad de Chicago y una licenciatura en ciencias políticas y sociología de la Universidad de Illinois. Es master teacher of global studies en el General Studies Program y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de New York University. En Chile, es profesor de ciencias políticas en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Es autor de varios libros, entre ellos el best seller “Las grandes alamedas. El Chile post Pinochet” (Mondadori, 2004).
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