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Breve balance de las violaciones a los derechos humanos en Cuba, 2016
Por Marlene Azor Hernández
31 de diciembre de 2016
Marlene Azor Hernández
(Cuba Encuentro) Los allanamientos a las casas de los opositores continúan siendo ilegales, no hay orden de registro, se violentan las casas, delante de los niños y jóvenes de la familia, las autoridades roban los instrumentos de trabajo, bienes y dinero y no existe ninguna institución adónde apelar. La violencia estatal no tiene ningún sistema de apelación. El Gobierno cubano viola los derechos civiles de la ciudadanía.
 
 

(Cuba Encuentro) Enero comenzó con la quema de la Declaración Universal de los Derechos Humanos a manos de niños y adolescentes, conducidos a participar en un “acto de repudio” contra las Damas de Blanco. El Gobierno cubano viola el Convenio Internacional sobre los Derechos del Niño de la ONU, al conducirles a observar la violencia y al orientarles quemar la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Lejos de protegerlos de los maltratos, los incita a la violencia.

El aumento de la represión durante 2016 me hizo constatar la violación por parte del Gobierno cubano de la Convención contra la tortura de la ONU. Los arrestos son ilegales, la policía y los órganos de la seguridad del Estado no presentan sus datos de nombres y apellidos y número profesional registrado policial o de la seguridad del Estado, no existen órdenes de arrestos, no se saben las causas de los arrestos y pueden pasar 10 meses de cárcel sin ser encausados.

El Gobierno cubano viola la Convención de la tortura porque no permite la llamada telefónica inmediata al arresto para avisar a sus familiares, no atiende al arrestado en sus necesidades médicas, no permite un abogado al arrestado desde el inicio de su arresto, y no existe mecanismo para apelar la decisión del arresto arbitrario. El Gobierno cubano viola la Convención contra la tortura porque no incorpora el término a su legislación penal ni la definición de los maltratos y agresiones físicas y psicológicas. No castiga los maltratos, humillaciones y agresiones por parte de las autoridades y permite y orienta las golpizas, malos tratos, celdas de aislamiento y regímenes penitenciarios arbitrarios de aislamiento con total impunidad.

Las condiciones de hacinamiento en las cárceles cubanas, la comida infecta y los tratos degradantes han sido denunciadas por las víctimas y sus familiares a lo largo de todo el año. Los allanamientos a las casas de los opositores continúan siendo ilegales, no hay orden de registro, se violentan las casas, delante de los niños y jóvenes de la familia, las autoridades roban los instrumentos de trabajo, bienes y dinero y no existe ninguna institución adónde apelar. La violencia estatal no tiene ningún sistema de apelación. El Gobierno cubano viola los derechos civiles de la ciudadanía.

En el año 2016 he conocido al menos ocho profesionales expulsados de su trabajo, que acuden a los tribunales laborales y no logran su restitución al puesto de trabajo por la arbitrariedad de estos órganos subordinados al PCC y a la administración. En Cuba no existe indemnización para las víctimas de los atropellos del estado ni órganos independientes adónde apelar las decisiones arbitrarias de los funcionarios públicos.

El nuevo Código de la Familia sigue engavetado desde 1997 y no se ha discutido ni aprobado por el parlamento. El Código vigente delimita la adultez a los 16 años, cuando la Convención del niño de la ONU la sitúa a la edad de 18 años. Por lo tanto, las medidas correccionales a los adolescentes entre 16 y 18 años no deberían existir con la categoría de adultos, tampoco mezclarse en los centros correccionales adolescentes con adultos como sucede en Cuba.

La figura del castigo corporal no está en el Código anterior y deja margen para los castigos corporales en la violencia intrafamiliar e institucional contra los niños y las mujeres. No existe en la legislación penal el delito de femicidio, y Mariela Castro proclama que en el país no existe ese delito. Sin embargo, las investigadoras de la temática en Cuba no logran llegar a todos los expedientes en Medicina Legal porque el delito no está tipificado y porque está prohibido el acceso a la información y la difusión de la problemática en la opinión pública del país. Las estadísticas muestran las muertes de las mujeres sin discriminar el delito de femicidio y las féminas seguimos sin protección frente a la violencia. El Gobierno cubano alude a un problema “cultural” como mismo argumentan los gobiernos africanos frente a la violencia de la ablación.

Así he visto durante 2016 incrementarse las denuncias de la violencia contra las mujeres y no existe en Cuba refugios para las víctimas de la violencia familiar, los policías no toman las denuncias porque eso “es un asunto de pareja” en el cual no se involucran, (sobre todo si son militares los que golpean) y no existen medidas de control de proximidad entre víctimas y victimarios. El Gobierno practica “la política del avestruz” frente a la violencia intrafamiliar contra niños y mujeres. Así se viola la Convención contra la discriminación de la mujer de la ONU y la Convención sobre los Derechos del niño de la ONU. ¿Deben los niños y adolescentes de los opositores presenciar los actos de vandalismo y brutalidad de las autoridades contra sus padres y familiares? ¿Es correcto el arresto, las golpizas, los insultos a las Damas de Blanco cada domingo?

Todos estos hechos violan las convenciones que he citado ratificadas por Cuba en Naciones Unidas. Este año he aprendido que es una enorme violación al respeto de la comunidad internacional y al pueblo cubano que el Gobierno de Cuba sea miembro del Consejo de Derechos Humanos en la ONU.

El Gobierno de Cuba viola asimismo la Convención contra la discriminación racial de la ONU, siendo un Estado parte. El tema, si es tratado en la opinión pública, tiene la prohibición desde el léxico hasta el contenido. El Gobierno cubano permite que la discriminación racial sea tratada “como rezagos culturales del pasado” y obvia la desigualdad sociológica real de la discriminación racial en Cuba. No permite un Observatorio Nacional contra la discriminación racial, no permite la discusión de las desigualdades sociológicas por cuestiones raciales y no elabora políticas públicas que eliminen la discriminación racial de facto en Cuba. Este es otro tema tabú en la opinión pública nacional.

He constatado en este año 2016, que el Gobierno cubano viola derechos laborales y económicos elementales a los trabajadores cubanos. No existe en Cuba el derecho a huelga y cuando esta ocurre es reprimida por la policía y los órganos de la seguridad del estado: tabacaleros, carretilleros, bicitaxistas e intermediarios agropecuarios, han sido arrestados, multados y decomisado sus productos sin que exista una legislación que respalde a los agredidos sino “las orientaciones” de campañas improvisadas y aplicadas con total discrecionalidad contra los supuestos transgresores. He visto, en este año 2016, que el salario mínimo sigue siendo paupérrimo y que el salario medio es al menos tres veces por debajo de una canasta mínima individual de alimentos y productos de aseo personal. Castigar a los trabajadores con un salario que no les permite resolver sus necesidades más elementales, obliga a la ilegalidad y convierte el trabajo en un ingreso inviable para sobrevivir.

En Cuba el trabajo no es libre. Los profesionales no pueden ejercer sus profesiones en el sector no estatal y todos los trabajadores de servicio al exterior, y los contratados en empresas mixtas, son seleccionados por empresas estatales parasitarias que se quedan entre el 80 % y el 96 % del salario de los seleccionados. En Cuba no existe la libertad sindical, los sindicalistas independientes corren la misma suerte que los opositores: son sistemáticamente reprimidos. El Gobierno cubano impone impuestos a los salarios a partir de los 500 pesos, aunque muchos trabajadores del sector de la salud y la educación no lleguen a cobrar un salario de esta cuantía. De todas formas, el Gobierno impone un impuesto a la seguridad social a todos los trabajadores del sistema presupuestario tengan salarios inferiores los 500 pesos, monto que representa la tercera parte de lo que necesitarían para alimentarse y asearse en el mes.

Por todo lo anterior, el Gobierno cubano viola los derechos económicos y laborales de los trabajadores, siendo un Estado parte en los Convenios de OIT, parte de la ONU, y ni siquiera publica los niveles de pobreza creciente en el país. Este es otro tema tabú en la opinión pública nacional.

El Gobierno cubano viola los derechos sociales de los ciudadanos cubanos al no garantizar ni vivienda adecuada, ni satisfacer la demanda de materiales de la construcción, ni lograr el acceso al agua potable de manera estable y por el sistema de acueductos, al mantener salarios paupérrimos a los maestros y profesores, al no mantener la infraestructura imprescindible en los hospitales y escuelas, otorgar subsidios irrisorios y mantener pensiones paupérrimas. El Gobierno cubano ha dejado en la indefensión a gran parte de la población más vulnerable a partir de 2008.

He conocido por las víctimas de este desamparo los casos que han sido excluidos de la seguridad social, “porque alguien en la familia trabaja”. Pero el subsidio y las pensiones en sí mismas, son tan miserables, que constituyen una burla a la población. Sin embargo, las FAR y el MININT cuentan con un sistema de seguridad social, separado del resto de la población, muy generoso que les permite pensiones muy superiores, y retirarse a edades tempranas, siendo su función pública más evidente, la represión en el país y el cuidado de las fronteras.

El Gobierno cubano viola los derechos culturales de la población al mantener la mordaza, la represión, y la expulsión contra toda creación cultural que no sea del agrado de las autoridades del país. Así de arbitrario. No existe una ley que proteja a los creadores de las arbitrariedades del Estado. El caso de las Ciencias Sociales es dramático. La mordaza, censura y prohibición al acceso a la información y la prohibición de las investigaciones sobre todos los problemas sociales, económicos, civiles y políticos del país, hace cuestionarse a la ONU y a la ciudadanía cubana, ¿Por qué el Gobierno cubano se niega a monitorear el incumplimiento de los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos en Cuba?

En este año que termina, yo como ciudadana cubana he aprendido que no tengo derechos de ningún tipo en mi país, en tanto ningún derecho es reivindicable ni justiciable en Cuba. Los ciudadanos cubanos estamos sometidos a la más alta arbitrariedad de un Estado que viola nuestros derechos y no crea las condiciones para poder reivindicarlos, tampoco para llevar las violaciones a los tribunales, penalizar a los responsables y recibir indemnización frente a la arbitrariedad de los propios funcionarios públicos sean civiles o militares.

Fuente: Cuba Encuentro

Acerca del autor
Marlene Azor Hernández
Marlene Azor Hernández
Socióloga de formación, imparte cursos de capacitación en las empresas o cursos regulares de maestría y diplomado en varias universidades, todos relacionados con el Desarrollo Humano en las empresas.
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