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Nada más inútil que una interpelación
Por Patricio Navia
Twitter: @patricionavia
13 de enero de 2017
Patricio Navia
(El Líbero) Aunque haya un rechazo generalizado a la forma en que el Gobierno ha respondido a la violencia de grupos extremistas en La Araucanía, no hay ninguna razón para pensar que la interpelación al ministro Fernández lo hará cambiar su errática política ante este problema. Tampoco hay razón para creer que la interpelación resultará en un castigo a los que son políticamente responsables de las decisiones erradas y de las omisiones del Gobierno en esta materia.
 
 

(El Líbero) Aunque los líderes de la oposición intentan atribuirle importancia a la comparecencia del ministro del Interior ante la Cámara de Diputados, la gente ha dejado de ponerle atención a estas instancias donde las acusaciones van y vienen sin que se solucionen los problemas. Si bien la Cámara tiene la potestad de interpelar a ministros, la utilidad de esa herramienta es mínima.

Desde que se introdujo la figura de la interpelación con las reformas constitucionales de 2005, la Cámara de Diputados la ha utilizado 15 veces. En la primera administración de Bachelet, siete ministros fueron interpelados. En el gobierno de Piñera fueron tres (aunque uno renunció antes de la fecha de interpelación). En el segundo gobierno de Bachelet, ha habido cinco interpelaciones (aunque la página de la Cámara mantiene su propio registro, Wikipedia dejó de actualizar el suyo después de 2014, reconocimiento tácito de que el procedimiento tiene poca importancia). En septiembre de 2015 fue interpelada la ministra de Salud Carmen Castillo y en julio de 2016 la de Justicia, Javiera Blanco. Con la próxima interpelación del ministro del Interior Mario Fernández, la lista de interpelados llega a 16 en diez años.

Ninguna de esas interpelaciones produjo resultados favorables a las causas que decían defender los interpeladores. El Gobierno de turno siempre desplegó recursos adicionales para apoyar la defensa de sus ministros. Los diputados interpeladores demostraron las limitaciones del mecanismo y, en algunos casos, evidenciaron su frustración ante las evasivas respuestas de los ministros.  El show muchas veces se trasladó a las galerías, donde las barras bravas respectivas —con o sin Chocman de regalo para animarlos— intentaron animar el ejercicio democrático.

Después de la interpelación, inevitablemente, el Gobierno salió a anunciar una victoria rotunda de su ministro sentado en el banquillo de los acusados, mientras que la oposición repitió sus denuncias contra la incapacidad del Ejecutivo para abordar apropiadamente el problema que gatilló la medida. Como el día de la interpelación la productividad de la Cámara de Diputados cae sustancialmente –ya que el hemiciclo se dedica por completo a eso en vez de legislar en comisiones o votar en sala los informes de las comisiones–, el efecto de estos procesos no es trivial en un Congreso cuyos miembros trabajan en su principal tarea (legislar) solo tres días a la semana. A su vez, como el Gobierno envía a varios de sus ministros a acompañar al miembro del gabinete interpelado, también debe redirigir recursos relevantes a un ejercicio democrático que a menudo parece un show de circo pobre al que nadie quiere asistir.

Por cierto, no quiero minimizar la importancia de los asuntos que han gatillado las interpelaciones en el pasado. Todas y cada una de ellas se han fundado en crisis y escándalos que no debieran existir en una democracia como la chilena. La interpelación al ministro Fernández, que recientemente fue votada por la Cámara con 43 votos a favor y 32 en contra, también es motivada por una situación que no debiera ocurrir en el país. El asesinato de la familia Luchsinger Mackay fue un hecho que no puede ser tolerado en democracia y la violencia que existe en La Araucanía deja en evidencia que el Gobierno es incapaz de garantizar los derechos individuales básicos de muchos residentes de la región. Cuatro años después del bestial asesinato de esa pareja de chilenos de tercera edad, no ha habido juicio ni hay culpables condenados. Justicia demorada es justicia denegada, y eso aplica tanto para las víctimas como para los imputados que, sin que haya juicio ni condena, son encarcelados por su presunta participación en los crímenes como medida cautelar.

Aunque haya un rechazo generalizado a la forma en que el Gobierno ha respondido a la violencia de grupos extremistas en La Araucanía, no hay ninguna razón para pensar que la interpelación a Fernández lo hará cambiar su errática política ante este problema. Tampoco hay razón para creer que la interpelación resultará en un castigo a los que son políticamente responsables de las decisiones erradas y de las omisiones del Gobierno en esta materia. Peor aún, como la opinión pública cada vez pone menos atención a las interpelaciones, ni siquiera será una oportunidad para inducir a una condena moral contra el incumplimiento del Gobierno de su responsabilidad de garantizar la seguridad de las personas y el respeto a la propiedad privada en la zona.

Como las interpelaciones son ejercicios inútiles que no ayudan ni a corregir los problemas ni a establecer sanciones para los responsables políticos de esos problemas, sería más honesto dejar de usar esa herramienta, que se ha convertido en un show mediático con muy poco rating.

Fuente: El Líbero (Santiago, Chile)

Twitter: @patricionavia
Acerca del autor
Patricio Navia
Patricio Navia
Doctor en ciencias políticas (New York University). Anteriormente obtuvo un master en la misma disciplina de la Universidad de Chicago y una licenciatura en ciencias políticas y sociología de la Universidad de Illinois. Es master teacher of global studies en el General Studies Program y profesor adjunto del Centro de Estudios Latinoamericanos y del Caribe de New York University. En Chile, es profesor de ciencias políticas en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad Diego Portales. Es autor de varios libros, entre ellos el best seller “Las grandes alamedas. El Chile post Pinochet” (Mondadori, 2004).
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