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28.01.18

Control de la «inflación de la política», una tarea con varios objetivos

(TN) El presidente Mauricio Macri recortará el 25 por ciento de los cargos con el objetivo de ahorrar 1500 millones de pesos de las arcas públicas.
Por Marcos Novaro

(TN) En la Argentina una enorme cantidad de gente vive de la política, de la “función pública”, es decir de un empleo más o menos permanente en el Estado. O de la “lucha política”, cargos eventuales atados a la suerte en elecciones. Aunque muchas veces unos y otros se mezclan y combinan, los cargos políticos se convierten en permanentes y viceversa. Lo hacen con el objetivo declarado de producir bienes públicos.

Pero como sabemos estos bienes son bastante malos, en muchos casos injustificadamente malos. Para generarlos pagamos impuestos bastante altos, en algunos casos parecidos a los de países desarrollados. Pero lo que recibimos en términos de educación, justicia, seguridad y salud en muchos lugares del país se parece a los de los países más atrasados, que al menos tienen la ventaja de pagar bajos impuestos.

Durante el ciclo kirchnerista este problema se ignoró, se infló y tendió a volverse insostenible. Porque según ese proyecto que gobernó 12 años repartiendo a manos llenas plata del erario público, el problema estaba en otro lado, no en el Estado y la calidad de la gestión. Era culpa de los grandes empresarios que no invertían, de la derecha que se la pasaba conspirando contra los “gobiernos populares”, del imperialismo que nos acosaba desde afuera con la insólita pretensión de que pagáramos las deudas, del liberalismo que nos había llevado a despreciar las bondades del “Estado benefactor”, aunque entre nosotros él se pareciera a un Estado malhechor. En fin, la lista de malos fue larguísima. Y en todos los casos tenía enfrente a los mismos actores, los políticos auténticamente democráticos y populares, es decir ellos mismos, y su séquito sostenido por el presupuesto público.

Cuando Mauricio Macri llegó al poder y se enfrentó a este problema, aplicó en la consabida fórmula del gradualismo: esperemos y no exageremos los problemas, a ver si todavía desinflamos el optimismo social. Hicieron un poco de ruido con la anulación de unos pocos contratos injustificados y multiplicados irresponsablemente en los últimos meses de gestión de Cristina Kirchner, pero poco más que eso.

Más todavía, al mismo tiempo creyeron necesario atraer profesionales con buenos trabajos en la actividad privada a la función pública, y para eso les ofrecieron altos cargos con buenos sueldos. De allí la inflación de secretarías, subsecretarías y direcciones, que agravó aún más el problema. Además, primero suspendieron y luego reabrieron la tercerización de contratos a través de universidades y otros organismos que deberían ocuparse mejor de sus propios asuntos. Con lo cual recrearon un sistema de remuneraciones opaco, discrecional, en suma, anárquico.

A ello se sumó que empezaron a aparecer casos de nepotismo y designaciones injustificadas en la nueva gestión, y la idea de que la “nueva política” iba a resolver todos los problemas de la “vieja” usada hasta el hartazgo por todos los gobiernos democráticos desde los años ochenta, sin mayores resultados, volvió a sonar a verso.

Ahora, algo tarde pero mejor tarde que nunca, en la gestión de Macri parecen haber descubierto que los talentos de la actividad privada no siempre son útiles en la función pública, o al menos requiere de un esfuerzo extra convertir una cosa en la otra. También descubrieron que el optimismo social igual se iba a moderar aunque ellos derrocharan buena onda de mejores augurios, y acomodarlo a un mayor realismo no era mala idea porque de otro modo las expectativas incumplibles iban a empezar a jugar en contra. Por último, han hallado la necesidad y urgencia, en un año de ajustes ya impostergables, forma de presentarse como un proyecto que quiere un mejor Estado, antes que volver a la simplista contraposición de “achicar el Estado para agrandar la Nación” que circuló en épocas de una derecha privatista más fanática e ideológica.

De allí que la modernización de la gestión pública se haya puesto en marcha con algo de retraso pero con objetivos múltiples: relegitimar al gobierno en su esfuerzo por controlar el gasto excesivo y la lucha contra la inflación, disipar la polarización heredada entre “gobiernos populares” y “gobierno de los ricos ajustadores”, mostrar que efectivamente lo que prometió Macri en noviembre, “que cada uno deberá ceder un poco”, se va a aplicar con ecuanimidad e incluyendo a los propios y aliados.

Ojalá funcione mejor que en las muchas ocasiones del pasado en que se prometió hacer algo en serio para que la función pública y el propio ejercicio de la política sean lo que deben ser, tareas de servicio al bien común.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)