19.7.2018
 
Artículos / Opinión
Patrick Kimber Bate
Los grandes cambios en la transformación en Latinoamérica
Por Patrick Kimber Bate
23 de marzo de 2018
Varios países han mejorado o empeorado su desempeño en el Índice de Transformación de la Fundación Bertelsmann (BTI) en los últimos 12 años, pero algunos se caracterizan por tener puntos de inflexión que requieren de mayor análisis. Se trata de Argentina, Brasil, México y Venezuela.
 

Analizando los resultados del Índice de Transformación Bertelsmann (BTI) desde el año 2006 al 2018, aquí se presentan los países de América Latina que han tenido grandes cambios políticos, económicos y en la gestión de su gobernanza. Cabe decir que muchos países han mejorado o empeorado su desempeño en los últimos 12 años, pero algunos se caracterizan por tener puntos de inflexión que requieren de mayor análisis. En otras palabras, se intentará estudiar por qué el rendimiento de estos países ha experimentado estas modificaciones tan pronunciadas.

1) Argentina

            Entre el año 2007 y 2015, bajo la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, Argentina experimentó un descenso bastante sostenido en sus niveles de democracia, economía y gestión. Sin embargo, el punto de inflexión que se analizará ocurre el 2016, cuando Mauricio Macri asume como presidente de la nación. Tomando en cuenta los 3 índices que intenta medir el BTI, Argentina aumentó  su rendimiento promedio entre el 2016 y el 2018 desde un 6.65 a 7.27, es decir, un incremento de 0.62 puntos.

            Durante el gobierno de Macri, Argentina mejoró su rendimiento en el nivel del estado de la democracia en varias categorías. Por ejemplo, en el estado de derecho, a través de la separación equilibrada de los poderes. Desde la década de los 90 que el ejecutivo concentra mucho poder, en materia legislativa. Al no contar con la mayoría en el Congreso argentino, Macri tuvo que tomar un rol conciliador y cauteloso. El poder judicial de la Argentina también ha obtenido mayor independencia. A pesar de que todavía existe bastante corrupción e ineficiencia, el gobierno de Macri tiende a respetar la autonomía judicial en mayor medida que los gobiernos anteriores. Los gobiernos de la familia Kirchner se caracterizaron por la fuerte presencia del poder ejecutivo, muchas veces en desmedro de otras instituciones democráticas. Por otro lado, Mauricio Macri tiende a respetar más la división de poderes, además de tener la capacidad de establecer la cooperación con un amplio rango de actores de la clase política y económica.

Una de las principales prioridades del presidente es enfrentar la corrupción existente en el sector público y la investigación sobre el uso indebido de recursos fiscales. Uno de los primeros pasos ha sido dando mayor autonomía a la Oficina Anti-Corrupción, permitiendo la intensificación de sus operaciones. Estas investigaciones incluyen causas en contra de miembros de la administración anterior, como la ex mandataria Cristina Kirchner. Otro cambio importante que trajo la administración de Macri es que su candidatura se caracterizó por agrupar a un amplio grupo de aliados y simpatizantes. Significó una nueva red de cooperación dentro del sistema de partidos políticos, además de una cohesión mayor entre las instituciones democráticas.

El fin de la presidencia de Fernández de Kirchner reportó un deficiente desempeño económico. La propuesta económica de Mauricio Macri cuenta con la eliminación de restricciones y el fomento de un mercado más competitivo. La promoción de la economía incluye la revisión de la situación laboral y tributaria del país. De esta manera, la organización del mercado y de la competencia ha mejorado con el gobierno de Macri. El mandatario ha afrontado estos temas con una estrategia gradualista. Esto quiere decir que no ha reemplazado por completo la logística de los gobiernos anteriores, sino a que ha tomado pasos pequeños hacia mayor liberalización de la economía. Un ejemplo de esto es la reducción de restricciones y tarifas en el intercambio económico. Para estabilizar el panorama macroeconómico, Macri ha otorgado más autonomía al Banco Central de la República Argentina. En gobiernos anteriores, esta institución se encontraba más susceptible a las influencias ejercidas por el poder ejecutivo.

Otros grandes desafíos que enfrenta Mauricio Macri es la inflación y la inestabilidad económica. Como se dijo anteriormente, la autonomía del Banco Central está asegurada. Sin embargo, la tasa de inflación ha permanecido bastante alta. En el año 2017 ha fluctuado entre un 20% y un 27%. Para enfrentar el panorama macroeconómico, Macri ha optado por la eliminación de impuestos de exportación, además de la introducción de una pensión universal. En diciembre del 2017 recién se cumplieron 2 años de su mandato, y Macri debe insistir en aplicar una estrategia gradualista, además de lograr un adecuado diálogo con la ciudadanía.

Con respecto a la gestión de la gobernanza, el presidente argentino ha preferido enfrentar los conflictos a través del diálogo, además de tener una postura pragmática para brindar soluciones. También, según el BTI, el aprendizaje del gobierno ha aumentado, quizás por la disposición preparada que posee la administración de Macri. El mandatario ha establecido alianzas con sectores peronistas más moderados, además de algunos sindicatos. Según el BTI, la administración del presidente ha manejado los recursos fiscales de manera más eficiente. Para comenzar, se realizó una reducción del número de empleados del sector público. Además se están realizando esfuerzos para establecer que el empleo público esté más guiado por el mérito, y no por el clientelismo. Los puestos de los organismos públicos están siendo llenados por agentes más técnicos y menos políticos. Macri también ha podido organizar y coordinar sus políticas a través de esta reforma más transparente y abierta del gobierno. En el contexto internacional, la credibilidad del gobierno argentino ha aumentado, a través de una mesurada conducción de sus asuntos exteriores y una política económica que intenta abrirse hacia los mercados extranjeros.

2) Brasil

            A partir del 2015, Brasil ha estado en una profunda crisis económica y política. Se podría decir que esto comienza con las investigaciones de corrupción, comúnmente asociadas a la empresa Petrobras. Dentro del marco de esta crisis, existió mucha tensión en la comunidad política. Dilma Rousseff fue acusada por maquillaje del presupuesto fiscal y fue destituida el año 2016. Michel Temer asumió la presidencia, pero esta crisis aún perdura. El punto de inflexión ocurre entre los años 2015 y 2016. Después de esto, con el proceso de destitución de Dilma Rousseff y la nueva presidencia de Temer, las puntuaciones del BTI han disminuido de manera sostenida.

            En el nivel del estado de la democracia, la categoría que más ha sufrido disminuciones es la estabilidad de las instituciones democráticas. A pesar de que en Brasil existe un marco legal fundado en los valores democráticos, en la separación de los poderes y la libertad de expresión, la comunidad política se encuentra fuertemente polarizada. Brasil cuenta con un amplio territorio y una enorme y diversa población. Las coaliciones políticas agrupan muchas organizaciones que divergen ampliamente. La destitución de Dilma Rousseff fue la consecuencia de una comunidad política profundamente fragmentada, donde se llevó a cabo una instrumentalización de los procedimientos legales para destituir a una presidenta electa por votación popular. Durante su mandato, Rousseff tuvo grandes problemas para establecer un diálogo productivo con el Congreso. Esta institución estaba poblada por miembros de la oposición, que celebraron la revocación de su mandato el 31 de agosto del 2016. Hay sectores que argumentan que el maquillaje del presupuesto fiscal fue una excusa usada para abusar del proceso constitucional. En otras palabras, se interpretaron preceptos de la constitución para poder derrocar a la presidenta. El poder judicial hizo caso omiso ante estos hechos, lo que refleja el bajo nivel de cohesión política. Michel Temer ha logrado tener más aliados en el Congreso, pero esto no ha significado un mejoramiento de la situación política.

            Existe también en Brasil un progresivo desencantamiento con la democracia. El país cuenta con uno de los menores índices de aprobación de la democracia. Existe un creciente apoyo hacia la intervención de las fuerzas armadas como medida para estabilizar el país. La crisis ha permitido que grupos alternativos emerjan, entre ellos, agrupaciones simpatizantes al gobierno militar.

            Desde la crisis, el desempeño económico general de Brasil ha estado en declive. El nivel de desarrollo socioeconómico está estancado hace muchos años, siendo uno de los países más desiguales del mundo. Existen sectores rurales altamente empobrecidos, además de áreas urbanas que están dominadas por peligrosas redes del crimen organizado. A pesar de existir un marco legal que auxilia a los sectores pobres, en la práctica esto no es así. El régimen de bienestar no está bien desarrollado ni implementado. El desempeño económico ha castigado fuertemente a este sector de la población. El desempleo alcanzó un máximo de 13.2% en febrero del 2017, cifra histórica. A fines de 2015, la economía cayó en un 3.8%, el peor resultado en 25 años. El gobierno de Temer sostiene que la estabilidad macroeconómica se mantiene dentro de sus prioridades, implementando proyectos para potenciar la industria petrolera, aeroportuaria y las obras públicas. Temer también ha optado por el conservadurismo fiscal. Esto incluyó la reducción de la cantidad ministerios, además de la cancelación de miles de becas de educación superior. El presidente ha logrado un diálogo más productivo con el Congreso, sin embargo, su administración ha sido fuertemente acusada de corrupción. La ciudadanía también se ha movilizado para manifestar su descontento a través de enfervorizadas protestas.

El nivel de gobernanza se encuentra muy golpeado por la desfavorecida situación económica y política. Hay que recordar que, a pesar de que Rousseff y Temer formaban parte de la misma coalición, sus ideologías políticas difieren bastante. El gobierno de Temer está formado por un sector mucho más conservador y han implementado medidas más austeras. Por esto, hay una disminución en la conducción y priorización de la gestión de la gobernanza. En definitiva, Temer ha optado por un conservadurismo fiscal. El presupuesto fiscal brasileño es sumamente rígido y su ejecución se politiza profundamente por los grupos políticos. La coordinación política para lograr acuerdos, por lo tanto, se ve sumamente afectada. Por un lado Rousseff tuvo mucha dificultad para coordinarse con el Congreso, mientras que la administración de Temer ha sido acusada de corrupción. El presidente lucha por lograr la estabilidad económica del país. Por esto, la construcción de consenso y la implementación de políticas ha estado en declive.

3) México

En los últimos 12 años, según la información que arroja el BTI, el desempeño de México en su transformación política y económica ha estado en constante declive. Este descenso se ha intensificado a partir del 2014 y se mantiene hasta el día de hoy. Esta época corresponde a la presidencia del representante del poderoso Partido Revolucionario Industrial. El PRI vuelve al poder después de ser parte de la oposición por 12 años. Sin embargo, previo a esto, el partido logró la hegemonía política del país desde su fundación, en 1929.

En el plano político, uno de los principales problemas que enfrenta la administración es el aumento de la violencia, generada por el narcotráfico. En respuesta a esto, han surgido movimientos llamados “autodefensas”, que son grupos civiles armados que luchan contra la violencia ejercida por los narcotraficantes. Ante la inacción del gobierno, estos grupos se han propuesto proteger sus comunidades. Han existido grandes protestas estudiantiles, que han sido brutalmente reprimidas, además de un aumento general de la violencia en el país. Otro problema es que las fuerzas policiales también incurren en graves abusos y están vinculados a la corrupción. Las organizaciones criminales además tienen la capacidad de influir en la política en el nivel municipal, regional e incluso estatal. Ejercen esta influencia a través de las amenazas y extorsiones, además del asesinato de varios representantes electos. En un sentido formal, existe libertad de expresión, sin embargo, la ciudadanía y los medios están fuertemente restringidos por grupos criminales. Muchos periodistas que han investigado el crimen o el narcotráfico han resultado amenazados, heridos o asesinados. Otro tema es que los medios están operados de acuerdo a modos tradicionales y quedan en poder de pocas manos, por lo que la opinión pública es moldeable.

A pesar de que ahora el Congreso se ha independizado más del poder ejecutivo, existen problemas relacionados a la corrupción que aún están por resolverse. El BTI sostiene que, contrariamente a la situación brasileña, muchos casos de corrupción terminan impunes. Este hecho fomenta la frustración pública y genera gran desconfianza, además de reflejar el defectuoso estado de la democracia. Los derechos civiles y políticos se encuentran formalmente garantizados por la constitución, pero en la práctica estos derechos se transgreden con frecuencia. Uno de los sucesos que ha manchado la administración del presidente Peña Nieto es la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa en septiembre del 2014. Entre los responsables de estos sucesos se implican miembros del crimen organizado, de las fuerzas policiales y otras autoridades gubernamentales. El país está poblado de abusos por parte de la policía y las fuerzas armadas, muchas veces en conjunto con los carteles de droga. A pesar de que los partidos políticos mayores están comprometidos con el desarrollo de un modelo democrático, también incurren en prácticas clientelares.

En los últimos 20 años las autoridades mexicanas han logrado establecer cierta estabilidad macroeconómica. Sin embargo, actualmente se ve amenazada por la devaluación del peso y el bajo precio del petróleo. Además, las relaciones con Estados Unidos se han  dificultado con el proteccionismo de Donald Trump. Por otra parte, la actividad económica ha sido calificada por el BTI por ser altamente oligopólica, especialmente en la industria de las telecomunicaciones, cemento y retail. La Comisión Federal de Competencia no logra introducir medidas que fomenten cambios en el comportamiento de estas grandes empresas. La economía mexicana depende en gran medida de la inversión extranjera. Sin embargo, la inversión que recibe solamente constituye un tercio de la que recibe Chile. Los programas sociales en México se mantienen altamente deficientes. Al ser un país conformado por un amplio sector informal del empleo, el sistema de pensiones no está correctamente diseñado para la mayoría de los trabajadores. Los recursos del sistema de la educación y salud pública  no son usados eficientemente. El rendimiento general PISA de los estudiantes mexicanos no ha mejorado desde el 2006. Esto quiere decir que, además del crimen y de la corrupción existente, los mexicanos cuentan con deficientes redes de seguridad social y una creciente desconfianza hacia sus autoridades gubernamentales.

4) Venezuela

            El proyecto bolivariano nació con Hugo Chávez y su ascenso al poder en el año 1999. Tras sus problemas de salud y posterior fallecimiento, asumió Nicolás Maduro en el año 2013. Hace muchos años que Venezuela ha generado una dependencia económica del petróleo, ya que el país posee las más grandes reservas del mundo. Durante la administración de Chávez, se intentaron usar las ganancias generadas por el petróleo para reparar la enorme desigualdad y pobreza existente en el país. Se fundaron múltiples programas sociales destinados hacia la vivienda, educación, salud y alimentación. Sin embargo, con el descenso del precio del petróleo, este uso masivo de los recursos fiscales terminó generando una enorme deuda pública. La administración de Maduro ahora enfrenta una inflación extremadamente alta y un descontento inaudito de la población. El rendimiento del país ha estado en declive constante según las cifras del BTI, pero a partir del 2014 y el 2016 se registran descensos más drásticos. Entre el año 2014 y el 2018, Venezuela bajó más de 1 punto entero en su rendimiento promedio del BTI.

            En primer lugar, la participación política se obstaculiza cada vez más por el gobierno. Las elecciones parlamentarias del 2015 establecieron a la oposición con la mayoría en el Congreso. La oposición realizó una serie de medidas para debilitar al ejecutivo, incluyendo una propuesta de referéndum para sacar a Maduro de la presidencia. Sin embargo Maduro rápidamente tomó el control de la autoridad electoral y la Corte Suprema, inhabilitando por completo la capacidad vinculatoria de la ciudadanía. La asamblea nacional fue destituida de sus poderes y las elecciones regionales fueron suspendidas. A pesar de que la constitución asegura derechos libres de asociación, en la práctica esto no sucede. La oposición es reprimida por el gobierno, que justifica esto invocando preceptos vagos que criminalizan las acciones de miembros opositores. De la misma manera, los medios de comunicación y las actividades periodísticas son monitoreadas constantemente. Hay escaso acceso a la información pública y hay un esfuerzo continuo para censurar a la oposición.

            El imperio de la ley en Venezuela se encuentra en grave crisis. En un sentido práctico, la separación de los poderes no existe. El poder ejecutivo ha marginalizado por completo las actividades de la rama legislativa, mientras que las instituciones judiciales se encuentran dirigidas por funcionarios leales a Maduro. El poder judicial está plenamente sometido a la rama ejecutiva. Para peor, la corrupción y el nepotismo recorren sin restricciones en el aparato estatal. Hay escaso acceso a la justicia y una creciente violación de los derechos humanos hacia los habitantes venezolanos, además de altas tasas de homicidio y muchos reportes de tortura en centros de detención. Dicho de modo sencillo, las instituciones democráticas de Venezuela se encuentran suspendidas o inexistentes. Los funcionarios de alto mando no están comprometidos con la consecución de un país democrático, sino que actúan como un auténtico régimen autoritario.

            La política económica populista, que comienza con Chávez, tuvo como meta principal la erradicación de la pobreza a través de diversos programas asistencialistas. Sin embargo, los sectores populares se encuentran bajo una miseria comparable a la del año 1975, según el BTI. Estos programas, que supuestamente cubren necesidades fundamentales de las personas, como la salud y la educación, han sido mayoritariamente suspendidos o abandonados a causa de esta gran crisis de deuda pública. Un amplio sector de la población afirma que estos programas, llamados  “misiones”, solamente cubren las necesidades de los simpatizantes del gobierno. El sector privado se encuentra desfavorecido por la inexistencia de un marco adecuado para velar por los derechos de propiedad. El Estado ha expropiado terrenos y empresas al margen del debido proceso, además de atentar contra la iniciativa privada en el mercado e industria. Este desarrollo sumamente negativo del panorama económico ha fomentado una enorme fuga de cerebros. Según el BTI, alrededor de 1.8 millones de venezolanos han emigrado, y la gran mayoría de ellos poseen alta competencia o niveles elevados de escolarización. El desempeño económico de Venezuela es desastroso. Por segundo año consecutivo, Venezuela ha logrado ser el país con peor rendimiento económico. Año tras año su PIB se contrae, además de poseer una tasa de inflación descomunal. Según el Fondo Monetario Internacional, es el país con mayor tasa de inflación, con una tasa de 1133%. El gobierno venezolano afirma tener una política “ecosocialista” del medio ambiente. Sin embargo, Venezuela aporta los niveles más altos contaminación de carbón de Latinoamérica. Al existir una crisis económica y política de esta escala, los temas ambientales no están en la agenda.