19.7.2018
 
Artículos / Opinión
Adolfo Garcé
El testimonio de Layera en tres dimensiones
Por Adolfo Garcé
16 de mayo de 2018
(El Observador) El director de Policía no vaciló en señalar fallas importantes en las normas vigentes y en las políticas públicas.
 

(El Observador) Las declaraciones del director nacional de Policía Mario Layera a Gabriel Pereyra publicadas por El Observador el sábado pasado generaron un revuelo político de porte mayor. No es para menos. La Policía, afirmó, no está pudiendo combatir el delito. La perspectiva, si no hay un cambio de rumbo, es más que alarmante. Uruguay corre el riesgo de avanzar hacia un escenario "como El Salvador o Guatemala": "El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo". El alto jerarca policial fue más allá todavía. No vaciló en señalar fallas importantes tanto en las normas vigentes como en las políticas públicas. Criticó al Ministerio de Desarrollo Social y al BPS, entre otras instituciones, por no compartir información, y a la Fiscalía por no facilitar la investigación policial. El análisis de estas declaraciones merece transitar, al menos, por tres dimensiones: electoral, comparada y teórica.

Empecemos por la dimensión electoral. Es obvio que, desde el punto de vista político, estas declaraciones son funcionales al discurso opositor. La política del Ministerio del Interior durante la Era Progresista ha sido la de negar públicamente los problemas o, mejor dicho, la de minimizar su entidad. Las respuestas del ministro Eduardo Bonomi a Pedro Bordaberry durante la interpelación en el Senado son el ejemplo más reciente de este enfoque político y comunicacional. El tono de las declaraciones de Layera es muy distinto al utilizado por el ministro. Por eso mismo no puede sorprender que la mayoría del Frente Amplio, que sigue respaldando la gestión ministerial, haya optado por criticarlo con mucha severidad. A partir de ahora será más fácil para la oposición criticar al gobierno. Es el principal jerarca de la Policía el que argumenta que el "problema empieza en las cárceles" o el que sostiene que la delincuencia viene "ganando la batalla". Layera, hombre de confianza del binomio Bonomi-Vázquez que lidera el Ministerio del Interior, seguramente sin querer y a un año de la campaña electoral, legitimó la crítica a la gestión oficialista.

Los problemas señalados por Layera merecen, también, una perspectiva comparada. El jerarca policial habló de Uruguay. Pero no debemos perder de vista que los fenómenos que advierte ocurren, con mayor o menor intensidad, en toda la región. La creciente violencia de la acción de bandas de narcotraficantes explica, de acuerdo a las autoridades del Ministerio del Interior, el incremento de los homicidios. Es evidente que este proceso está ocurriendo en toda la región. Basta mirar los casos de Brasil o México. En Brasil, el Estado viene librando una batalla con alternativas y resultados cambiantes para liberar las favelas de Río de Janeiro del control del narcotráfico. El caso de México es todavía más impactante. En el contexto del combate entre fuerzas de seguridad y carteles de la droga, en una década han muerto más de doscientos mil mexicanos y desaparecido más de treinta mil.

Finalmente, subiendo un nivel más en la escala de abstracción, las declaraciones de Layera remiten a problemas teóricos. Lo que está en cuestión en América Latina, en grados distintos según los casos, es el Estado. Existe un debate académico intenso y creciente sobre el Estado y sus fallas (Estados "fallidos" o "frágiles"). La cuestión de si la Policía puede o no poner coto al avance de las bandas ligadas al narcotráfico forma parte de un asunto más general: el de hasta qué el Estado dispone de la suficiente legitimidad, autonomía y capacidad para hacer cumplir la ley en el territorio, y reclamar exitosamente "el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio", según la clásica definición weberiana. Hace unos años, el Instituto de Ciencia Política de la PUC de Chile organizó un seminario internacional para discutir estos asuntos. El punto de partida, como señalan David Altman y Juan Pablo Luna en la introducción de la publicación que recogió el debate, es que "los Estados parecen ser crecientemente incapaces de cumplir algunas de sus funciones básicas". Y agregan: "Creemos que este patrón sugiere una falta de estatalidad o la presencia de una estatalidad superficial en la región". (1)

El Estado latinoamericano sigue teniendo, como señalara hace más de dos décadas el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, "zonas marrones". La existencia de estas zonas en las cuales tanto en términos territoriales como funcionales la penetración del Estado es baja, no es solamente un problema para la seguridad ciudadana. También lo es, como argumentara el mismo autor, desde el punto de vista de la democracia. Ambos problemas estructurales se retroalimentan. Para que haya democracia el Estado debe poder hacer cumplir la ley y ejercer su autoridad. Para que la autoridad del Estado sea efectiva, ésta debe estar legitimada por el voto popular. Cruje, desde siempre, la democracia en la región. Pero también cruje el Estado. En Uruguay, a su manera, como siempre, amortiguadamente, se manifiestan ambos problemas. Es mejor saberlo que ignorarlo para poder actuar a tiempo. Desde este punto de vista, las polémicas declaraciones de Layera son especialmente bienvenidas en la medida en que alimentan el debate público sobre un asunto trascendente. l

1 Remito al lector a la Revista de Ciencia Política, vol. 32, issue 3, Santiago de Chile, 2012.

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

Las declaraciones del director nacional de Policía Mario Layera a Gabriel Pereyra publicadas por El Observador el sábado pasado generaron un revuelo político de porte mayor. No es para menos. La Policía, afirmó, no está pudiendo combatir el delito. La perspectiva, si no hay un cambio de rumbo, es más que alarmante. Uruguay corre el riesgo de avanzar hacia un escenario "como El Salvador o Guatemala": "El Estado se verá superado, la gente de poder económico creará su propia respuesta de seguridad privada, barrios enteros cerrados con ingreso controlado y el Estado disminuirá su poder ante organizaciones pandilleras que vivan de los demás, cobrando peaje para todo". El alto jerarca policial fue más allá todavía. No vaciló en señalar fallas importantes tanto en las normas vigentes como en las políticas públicas. Criticó al Ministerio de Desarrollo Social y al BPS, entre otras instituciones, por no compartir información, y a la Fiscalía por no facilitar la investigación policial. El análisis de estas declaraciones merece transitar, al menos, por tres dimensiones: electoral, comparada y teórica.

Empecemos por la dimensión electoral. Es obvio que, desde el punto de vista político, estas declaraciones son funcionales al discurso opositor. La política del Ministerio del Interior durante la Era Progresista ha sido la de negar públicamente los problemas o, mejor dicho, la de minimizar su entidad. Las respuestas del ministro Eduardo Bonomi a Pedro Bordaberry durante la interpelación en el Senado son el ejemplo más reciente de este enfoque político y comunicacional. El tono de las declaraciones de Layera es muy distinto al utilizado por el ministro. Por eso mismo no puede sorprender que la mayoría del Frente Amplio, que sigue respaldando la gestión ministerial, haya optado por criticarlo con mucha severidad. A partir de ahora será más fácil para la oposición criticar al gobierno. Es el principal jerarca de la Policía el que argumenta que el "problema empieza en las cárceles" o el que sostiene que la delincuencia viene "ganando la batalla". Layera, hombre de confianza del binomio Bonomi-Vázquez que lidera el Ministerio del Interior, seguramente sin querer y a un año de la campaña electoral, legitimó la crítica a la gestión oficialista.

Los problemas señalados por Layera merecen, también, una perspectiva comparada. El jerarca policial habló de Uruguay. Pero no debemos perder de vista que los fenómenos que advierte ocurren, con mayor o menor intensidad, en toda la región. La creciente violencia de la acción de bandas de narcotraficantes explica, de acuerdo a las autoridades del Ministerio del Interior, el incremento de los homicidios. Es evidente que este proceso está ocurriendo en toda la región. Basta mirar los casos de Brasil o México. En Brasil, el Estado viene librando una batalla con alternativas y resultados cambiantes para liberar las favelas de Río de Janeiro del control del narcotráfico. El caso de México es todavía más impactante. En el contexto del combate entre fuerzas de seguridad y carteles de la droga, en una década han muerto más de doscientos mil mexicanos y desaparecido más de treinta mil.

Finalmente, subiendo un nivel más en la escala de abstracción, las declaraciones de Layera remiten a problemas teóricos. Lo que está en cuestión en América Latina, en grados distintos según los casos, es el Estado. Existe un debate académico intenso y creciente sobre el Estado y sus fallas (Estados "fallidos" o "frágiles"). La cuestión de si la Policía puede o no poner coto al avance de las bandas ligadas al narcotráfico forma parte de un asunto más general: el de hasta qué el Estado dispone de la suficiente legitimidad, autonomía y capacidad para hacer cumplir la ley en el territorio, y reclamar exitosamente "el monopolio del uso legítimo de la fuerza física dentro de un territorio", según la clásica definición weberiana. Hace unos años, el Instituto de Ciencia Política de la PUC de Chile organizó un seminario internacional para discutir estos asuntos. El punto de partida, como señalan David Altman y Juan Pablo Luna en la introducción de la publicación que recogió el debate, es que "los Estados parecen ser crecientemente incapaces de cumplir algunas de sus funciones básicas". Y agregan: "Creemos que este patrón sugiere una falta de estatalidad o la presencia de una estatalidad superficial en la región". (1)

El Estado latinoamericano sigue teniendo, como señalara hace más de dos décadas el politólogo argentino Guillermo O'Donnell, "zonas marrones". La existencia de estas zonas en las cuales tanto en términos territoriales como funcionales la penetración del Estado es baja, no es solamente un problema para la seguridad ciudadana. También lo es, como argumentara el mismo autor, desde el punto de vista de la democracia. Ambos problemas estructurales se retroalimentan. Para que haya democracia el Estado debe poder hacer cumplir la ley y ejercer su autoridad. Para que la autoridad del Estado sea efectiva, ésta debe estar legitimada por el voto popular. Cruje, desde siempre, la democracia en la región. Pero también cruje el Estado. En Uruguay, a su manera, como siempre, amortiguadamente, se manifiestan ambos problemas. Es mejor saberlo que ignorarlo para poder actuar a tiempo. Desde este punto de vista, las polémicas declaraciones de Layera son especialmente bienvenidas en la medida en que alimentan el debate público sobre un asunto trascendente. l


1 Remito al lector a la Revista de Ciencia Política, vol. 32, issue 3, Santiago de Chile, 2012.
Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.
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