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22.07.14

El default, un arma, una excusa, una trampa

(TN) Ni los instrumentos de presión que ha elegido ni sus antecedentes como incumplidor de sus compromisos ayudan al gobierno argentino en la negociación. Tampoco lo hacen la coyuntura económica que atraviesa el país y su acotado margen de acción en el plano internacional.
Por Marcos Novaro

(TN) Después de haber incurrido en el default soberano más grande y festejado de la historia, a fines de 2001, estamos cerca de caer en otro, el más ridículo e innecesario: si Argentina no paga a fin de mes romperíamos nuestros compromisos con el mundo una vez más, y no porque no podamos pagar, ni porque algunos acreedores y un juez estén empecinados en “hacernos fracasar”, sino porque ya nuestro gobierno fracasó en sus objetivos más básicos, y para disfrazar ese fracaso no encontró nada mejor que armar una descomunal batahola judicial e internacional.

Tanto tiempo reclamando que el gobierno tuviera alguna vez un plan B para cuando sus primeras  preferencias no se pudieran lograr, ahora no habría que quejarse: finalmente lo tiene, y se llama “default selectivo”, “táctico”, “técnico”, o “default impuesto por el juez”, como le gustaría a la presidente que se lo conociera de ahora en más.

Pero ojo: por ahora este “default impuesto” es el plan B, se recurrirá a él si no se logra el plan A, un “acuerdo conveniente”. Que viene a ser uno que reúna las siguientes condiciones: suficientes garantías de que los demás holdouts, los que no tienen todavía fallos firmes a su favor, no los consigan rápidamente, seguridad de que los bonistas reestructurados no podrán reclamar por la cláusula RUFO, y que se pague en bonos y con plazos, es decir, que no produzca una pérdida mayor de divisas antes de fines de 2015.

Como estas exigencias son difíciles de satisfacer, por las muy desfavorables condiciones en que Argentina quedó colocada al perder su caso en todas las instancias judiciales, el default es una posibilidad bastante cercana. Más todavía: dado que la negociación se plantea del lado argentino en estos términos tan exigentes y desproporcionados a sus recursos, y con la amenaza bien clara de patear la mesa si el otro lado no cede en todo lo que se reclama, bien puede suceder que de plan B pronto el default pase a ser el plan A, o que al menos así lo perciba la otra parte, y se resista a entrar en un juego de presiones del que no crea poder sacar nada bueno.

Veamos lo que sucede, en estos términos, con el pedido de una nueva suspensión del fallo: entre las garantías que exigen los funcionarios argentinos está la de que los demandantes, es decir los que llaman buitres malvados e insensibles, intercedan ante el juez Griesa, otro malvado según las autoridades locales, para que reponga la cautelar hasta que se ejecute el pago de los vencimientos de este mes de los bonos reestructurados; así habría dos meses más, hasta septiembre, cuando se vence un nuevo pago, para seguir negociando el modo en que se ejecutaría el fallo; pero es bastante probable que dado el tenor de los planteos del gobierno kirchnerista, los demandantes teman que si colaboran para lograr esa suspensión, en septiembre volverán a estar en la misma situación de hoy, y así hasta diciembre o por aun más tiempo; ¿y entonces cuándo cobrarían?

Como vemos, ni los instrumentos de presión que ha elegido ni sus antecedentes como incumplidor de sus compromisos ayudan al gobierno argentino en la negociación. Tampoco lo hacen la coyuntura económica que atraviesa el país y su acotado margen de acción en el plano internacional. Dos pronósticos sobre las perspectivas económicas para los próximos meses, uno sobre el escaso aporte de los mercados y los organismos que se perdería en caso de default, y uno opuesto sobre la posibilidad de conservar en cualquier caso aportes alternativos ganaron gravitación en los últimos días en el ánimo con que el vértice del gobierno viene considerando la opción de patear el tablero.

En primer lugar, pesa el escepticismo respecto a la posibilidad de lograr un repunte de la economía en el segundo semestre o a comienzos de 2015. Hasta el mes pasado, esa posibilidad era el norte de las decisiones de política económica, incluidas las orientadas a normalizar las relaciones con el mundo financiero y los organismos internacionales (nuevo índice de inflación, pagos al Ciadi, Repsol y Club de París).

Pero tras la negativa de la Corte Suprema norteamericana a intervenir en el caso resuelto por Griesa, y en parte por el propio impacto que tuvo esa decisión, se fortaleció el pronóstico de una recesión más prolongada, que ya estaba siendo alimentado por malas nuevas provenientes de la industria, en particular el sector automotriz, la construcción y los indicadores de consumo. Los funcionarios argentinos ahora se preguntan: si la crisis va a seguir, ¿para qué hacer tanto esfuerzo en arreglar el frente externo, que nos exige tamaños costos y nos garantiza poco?

En el mismo sentido influyeron las evaluaciones realizadas por buena parte de los economistas locales, incluso algunos muy críticos del curso oficial, en cuanto a que un eventual default tendría un impacto negativo moderado en la actividad económica, de entre 1 y 2 puntos del PBI. Y que este impacto podría ser además rápidamente compensado si se procediera a una renegociación global y rápida de los pasivos involucrados. Y un efecto semejante parece tener la expectativa de que los aportes chinos más las inversiones que podrían captar YPF, la red 4G y algunas otras iniciativas alcanzarían para construir el puente de plata que hace falta para transitar el período de default. Dichos aportes reemplazarían los recursos que hasta hace poco se aspiraba a obtener vía emisión de bonos en caso de un arreglo con los holdouts, y que tampoco está claro que vayan a ser ni abultados, ni rápidos, ni baratos.

Es en este marco que fue ganando adeptos en el Ejecutivo la tesis del “default táctico”. Que sería políticamente útil, ante todo, como excusa y explicación de una crisis ya desatada, que no tiene visos de terminar pronto y que a medida que avanza el año se siente más y más en el empleo, el consumo popular y en general en el ánimo colectivo. Defaultear permitiría atribuir la responsabilidad por todo ello a la intervención de actores externos enfrentados al gobierno nacional, descargando de toda culpa a éste. Si además hacerlo no provocara una caída suplementaria muy sensible de la actividad, y diera paso a una renegociación rápida, el gobierno cree que podría iniciar el año electoral con nuevas perspectivas económicas y un renovado crédito de la opinión pública a su proyecto y concepción de los problemas domésticos y externos que se enfrentan.

Todo esto suena, de todos modos y por suerte, bastante difícil de consensuar y hacer realidad. Pero ojo, hay que entender la perspectiva con que lo consideran los actores gubernamentales: ¿les queda alguna otra opción que no los obligue a bajar la cabeza y reconocer que metieron la pata hasta el fondo?

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)