(TN) La Ley de Abastecimiento puede ser un medio decisivo para asegurar que la bomba de creciente poder destructivo que conforman los desequilibrios acumulados no estalle antes de tiempo, y que los efectos negativos que de todos modos se harán sentir de aquí a la transmisión del mando, a fines de 2015, se puedan cargar en las espaldas de otros actores.

Por Marcos Novaro

(TN) El kirchnerismo está empecinado en perdurar. Pero dado que seguir al frente del Ejecutivo nacional es algo prácticamente fuera de su alcance, e integrarse en una coalición más amplia no está en su menú de opciones, lo que le resta intentar es sobrevivir en el estado, confundiéndose con la administración pública, y/o en la sociedad, en la opinión pública, en las redes clientelares, en los grupos de interés y organizaciones de muy diversa naturaleza donde ha logrado hacer pie en estos años.

¿Puede conseguirlo, como lo hizo en su momento el primer peronismo? ¿O debido a que quien lo suceda en diciembre de 2015, sea el que sea, no tendrá los problemas de legitimidad que asolaron a los gobiernos civiles posteriores al golpe de 1955, el futuro que espera a los K será más parecido al que les tocó en su momento a los menemistas que al de aquel peronismo que siguió a su líder durante la Resistencia?

Podría creerse que esta pregunta es puramente especulativa y la respuesta a la misma está tan atada a imponderables que no cabría darla más que como hipótesis aproximada. Y en cualquier caso, sea por la negativa o por la positiva, que tiene escasa importancia para las conductas que día a día se ven obligados a asumir los actores frente a los urgentes problemas que tienen que resolver.

Sin embargo, al menos para el gobierno no es tan así: buena parte de lo que él hace y deja de hacer se explica por una apuesta bien definida a este respecto, una de altísimo riesgo y de muy difícil control, sin duda, pero a la que decidió de todos modos atarse hasta el último aliento. Porque si le sale como espera, imagina que todo lo que hizo hasta aquí será revalidado y justificado, y si no le sale, teme que sus esfuerzos de todos estos años se disipen en las arenas del tiempo, y sus enemigos vuelvan a escribir la historia.

Para tener chances de lograr lo que se propone el oficialismo necesitaría, de un lado, terminar su paso por el Ejecutivo nacional sin una crisis aguda, es decir postergar hasta después de la transmisión del mando los costos que implicará corregir los desequilibrios crecientes que sufre la economía (fiscal, cambiario, de precios relativos, etc.). Y del otro, asegurarse una cuota de poder institucional para después de 2015 y que quien lo suceda sea lo más débil posible. Dos condiciones que se cumplirán si se asegura lo primero y si logra además controlar las listas legislativas oficiales y prolongar la fractura del peronismo.

Hasta ahora no ha logrado resolver ninguno de los dos asuntos, ni el económico ni el político. Pero se viene proveyendo de instrumentos que podrían servirle para avanzar simultáneamente en ambos. La ley de Abastecimiento es una buena muestra de ello.

Para empezar, ella apunta a crear nuevas reglas de juego económico que sean difíciles de revertir en el futuro, sobre todo si el próximo gobierno tiene dificultades para reunir una mayoría legislativa fiel. Le asegura, como la ley de pago soberano de la deuda, un legado, que puede ser más o menos efectivo para retener poder, pero le servirá en cualquier caso como símbolo para mantener polarizado el campo político y de intereses por largo tiempo, presentarse como el polo innovador y proveedor de nuevos derechos, y a sus adversarios como la negación de todo eso.

Por otro lado, ofrece a los grupos peronistas y afines un instrumento que muchos de ellos estarán tentados en usar en su provecho, sobre todo si se enfrentan a las mencionadas dificultades para formar una mayoría consistente y para distribuir beneficios entre los aliados partidarios y de los grupos de interés: igual que puede suceder con la ley de medios, con la de emergencia económica, o con las amplias atribuciones conquistadas en estos años por el Ejecutivo sobre el Consejo de la Magistratura, el Banco Central y otros organismos antaño más autónomos, es posible que incluso algunos que han planteado críticas al carácter fuertemente arbitrario e intervencionista de la ley en cuestión pronto se vean tentados a compartir con el kirchnerismo esos resortes que podrían permitirles imponer su voluntad, olvidándose de sus objeciones.

Pero por sobre todo el oficialismo espera darle un uso muy intenso a instrumentos como este en lo que queda de la transición: la Ley de Abastecimiento puede ser un medio decisivo para asegurar que la bomba de creciente poder destructivo que conforman los desequilibrios acumulados no estalle antes de tiempo, y que los efectos negativos que de todos modos se harán sentir de aquí a la transmisión del mando, a fines de 2015, se puedan cargar en las espaldas de otros actores, en particular los empresarios que despiden o suspenden empleados, los que remarcan precios o se resisten a vender a pérdida, los “especuladores que retienen la soja”, los “buitres de adentro y de afuera” que, con más o menos consenso según los casos, el gobierno viene escrachando como responsables exclusivos de todo lo malo que sucede en la economía.

Las variantes prácticas en que esto puede llevarse a efecto son muy amplias: desde un congelamiento general de precios a comienzos del año electoral que, como en 1973, vaya acompañado de un “pacto social” y un “esfuerzo patriótico” para asegurar el bien común contra el afán de lucro y los particularismos, hasta intervenciones más puntuales contra los derechos de propiedad de determinados sectores de actividad, o empresarios específicos.

Y no todas podrán frenarse en los tribunales: aun en el caso de que prosperen los reclamos de inconstitucionalidad contra la nueva norma, que varias entidades empresarias, juristas y políticos opositores ya han iniciado, el gobierno tendrá ahora cierto aval legislativo para apelar a una supuesta situación de emergencia y recurrir a la vieja ley, o a cualquier otro expediente, para avanzar contra aquellos que identifique como culpables de los problemas.

Pero eso solo no le alcanza, claro: necesita además de estos instrumentos los actores que habrán de ponerlos en práctica, no sólo ahora, si no que seguirán haciéndolo en el futuro. Y en este terreno es donde más en evidencia quedan las debilidades del oficialismo: esos actores no son electorales, ni sociales, sino casi exclusivamente estatales; lo que no debería llamar la atención porque el kirchnerismo mismo siempre ha sido un fenómeno vertebrado y organizado de arriba hacia abajo, pero ahora está llegando la hora de su prueba más difícil, resolver el problema de su reproducción, convirtiéndolos abiertamente en el núcleo activo y legítimo del estado.

La movilización de los miles de empleados públicos militantes que han ido poblando infinidad de reparticiones en los últimos años, y que con Máximo Kirchner a la cabeza están dando ahora un paso al frente para presentarse como protagonistas estelares del proyecto nacional y popular, es la respuesta que el oficialismo está ensayando ante este desafío. Y se presenta como el complemento perfecto de los nuevos instrumentos de intervención en la economía puestos en marcha.

El líder hasta aquí silencioso de La Cámpora habló días atrás de las elecciones y alimentó especulaciones de todo tipo sobre candidaturas, la suya, la de su madre, las de sus conmilitones. Pero lo que realmente importaba transmitir en su presentación pública era el anuncio de que el kirchnerismo no pretende dejar escondidos a sus seguidores en el aparato del estado para que simplemente conserven un conchabo del que vivir, ni para seguir nutriendo con las finanzas públicas las necesidades de reproducción de un aparato político, sino que se arroga el derecho de plantarlos bien a la vista, porque ellos son la encarnación de un derecho inalienable de su proyecto a tener continuidad y hacer “irreversibles los cambios”.

El planteo, visto de este modo, marca una clara diferencia con el peronismo de la proscripción: bien podría decirse que el kirchnerismo aspira a volver la legitimidad de su sucesor en contra suya. Dado que éste no ejercerá un gobierno de facto que pueda desplazar a voluntad los miles de empleados de todas las jerarquías que él se está ocupando se pasar a planta, no le podrá enajenar un medio de reproducción con el que Perón no pudo contar. Y con el cual el actual oficialismo podría compensar muy evidentes debilidades relativas que padece en el campo social respecto a ese antecesor: su escasa inserción territorial, la casi nula gravitación sindical, y tal vez incluso sus dificultades electorales.

Conviene advertir de todos modos que nadie ha logrado nada parecido en nuestro país en décadas. Porque los cambios de contexto económico y de humor social fueron siempre tan marcados que arrastraron a las elites estatales en una dirección u otra, desdibujando lealtades en ellas implantadas y que resultaron ser no tan firmes. Y porque el único poder administrativo más estable ha sido el de los gremios del sector público, que no parecen estar dispuestos a entregar ese valioso recurso a ningún proyecto ni líder que no sean los suyos propios. Pero no hay que descartar de todos modos que algún resultado el oficialismo consiga, siempre y cuando continúen predominando las preferencias estatistas en la opinión pública. Algo que al menos hasta aquí los declinantes resultados alcanzados en los últimos años por las políticas de gobierno no lograron a alterar. Y una situación de mayor penuria puede que tampoco lo haga.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)