06.04.16Izquierda y sindicatos en tiempos de vacas flacas
(El Observador) La oposición sindical hace menos probable que el equipo económico pueda llevar adelante políticas que contribuyan a relanzar la economía por la vía de incrementar la competitividad. El panorama para el FA es delicado. El gobierno no solo está bloqueado por los conflictos entre sus fracciones. Además, choca con la resistencia de su viejo aliado, el movimiento sindical, cuyo nivel de organización e influencia, a lo largo de esta década, creció sensiblemente.Por Adolfo Garcé
(El Observador) Mientras el Frente Amplio estuvo en la oposición, su alianza estratégica con los sindicatos fue una de las claves de su paulatina transformación en partido predominante. Sin embargo, desde que es gobierno, esa misma alianza opera como un límite muy difícil de franquear en la orientación de la política económica. Durante sus dos primeros mandatos y mientras duró el crecimiento económico acelerado, el FA logró absorber esta tensión. Ahora, en tiempos de “vacas flacas”, el conflicto entre ambas partes se ha vuelto más difícil de resolver. Por eso mismo, está llamado a tener consecuencias económicas y políticas de relieve. Analicemos este asunto más despacio.
Desde 1985, gradualmente, “a la uruguaya”, nuestra geografía electoral tuvo un cambio extraordinario. El Frente Amplio reemplazó al Partido Colorado en el papel de principal partido gobernante. Esta mutación en el sistema de partidos ha sido cuidadosamente analizada en la ciencia política vernácula. Simplificando, una parte de la explicación se relaciona con las tareas llevadas adelante por colorados (y blancos): estabilización de la moneda, apertura comercial, modernización del Estado, giro hacia el mercado, etc. Estas transformaciones tuvieron, sin duda, un costo político-electoral significativo.
Otra parte del proceso se explica por la estrategia política implementada por la izquierda. Como explicara con toda claridad hace una década Jaime Yaffé, esta estrategia política combinó moderación programática (el “viraje hacia el centro”, que se aceleró a partir de la creación del Encuentro Progresista en 1994) y oposición sistemática (pese a la resistencia de Líber Seregni y Danilo Astori, que reclamaron sin éxito construir acuerdos con los demás partidos). A la hora de enfrentar las políticas de los gobiernos colorados y blancos, el FA contó con el movimiento sindical como principal aliado. El PIT-CNT contribuyó sensiblemente a instalar una noción que terminó siendo fundamental en el triunfo de la izquierda: era posible, y necesaria, “otra política económica”.
La izquierda accedió al gobierno en marzo de 2005. Mientras la economía creció, el equipo económico y el movimiento sindical se las ingeniaron para convivir pacíficamente. El movimiento sindical toleró que la política económica estuviera permanentemente a la derecha de sus preferencias. A cambio, el equipo económico sacrificó, poco a poco, el equilibrio fiscal y la competitividad. La sangre solamente llegó al río cuando el gobierno intentó llevar algunas políticas públicas un poco más lejos de lo admisible por la dirección sindical. El caso del TLC con EEUU es el ejemplo más notorio de este tipo de conflictos, y del poder de veto que el PIT-CNT tuvo y aún conserva.
El escenario económico ha cambiado radicalmente. El PBI creció apenas 1% en 2015 y las perspectivas de corto plazo están lejos de ser alentadoras. Para el Poder Ejecutivo es clave incrementar rápidamente la tasa de crecimiento. Esto es necesario para poder cumplir promesas electorales que implican crecimiento de gasto público (como el publicitado Sistema Nacional de Cuidados) y, por ende, para retener el gobierno en la elección de 2019. Para ello, el equipo económico prioriza el control del gasto público, la apertura comercial (con el apoyo de una Cancillería muy activa) y trata de evitar el crecimiento de los salarios. Pero en estas orientaciones, otra vez, tiene que enfrentar el veto de sus viejos aliados en el movimiento sindical.
Así como, durante los años de 1990, sostenía que era posible “otra política económica”, el movimiento sindical argumenta, ahora, que es posible lidiar con el nuevo escenario económico sin restringir ni el gasto público ni el salario real. Pero en la resistencia sindical a la política de “cautela y prudencia” impulsada por el equipo económico, además de convicciones y creencias, hay que tomar nota de cálculos y estrategias de supervivencia. Si los dirigentes sindicales, en lugar de impulsar movilizaciones contra la política económica en curso, contribuyeran a legitimarla, estarían socavando sus propias bases electorales dentro del sindicalismo. Dado el “sentido común” construido a lo largo de décadas, los dirigentes sindicales que aspiren a ser reelectos no pueden sino ser intransigentes ante cualquier medida de gobierno que pueda afectar salarios de trabajadores públicos o privados.
En suma. El gobierno no puede esperar que los sindicatos acompañen las medidas de austeridad que se vienen anunciando. Los dirigentes sindicales ni comparten el enfoque del equipo económico ni tienen margen de maniobra en la interna de sus sindicatos para avalarlas. A su vez, la oposición sindical hace menos probable que el equipo económico pueda llevar adelante políticas que contribuyan a relanzar la economía por la vía de incrementar la competitividad. El panorama para el FA es delicado. El gobierno no solo está bloqueado por los conflictos entre sus fracciones (v.g. entre “astoristas”, con fuerte presencia en el gabinete, y “desarrollistas” ampliamente mayoritarios en la bancada parlamentaria). Además, choca con la resistencia de su viejo aliado, el movimiento sindical, cuyo nivel de organización e influencia, a lo largo de esta década, creció sensiblemente.
Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)
(El Observador) Mientras el Frente Amplio estuvo en la oposición, su alianza estratégica con los sindicatos fue una de las claves de su paulatina transformación en partido predominante. Sin embargo, desde que es gobierno, esa misma alianza opera como un límite muy difícil de franquear en la orientación de la política económica. Durante sus dos primeros mandatos y mientras duró el crecimiento económico acelerado, el FA logró absorber esta tensión. Ahora, en tiempos de “vacas flacas”, el conflicto entre ambas partes se ha vuelto más difícil de resolver. Por eso mismo, está llamado a tener consecuencias económicas y políticas de relieve. Analicemos este asunto más despacio.
Desde 1985, gradualmente, “a la uruguaya”, nuestra geografía electoral tuvo un cambio extraordinario. El Frente Amplio reemplazó al Partido Colorado en el papel de principal partido gobernante. Esta mutación en el sistema de partidos ha sido cuidadosamente analizada en la ciencia política vernácula. Simplificando, una parte de la explicación se relaciona con las tareas llevadas adelante por colorados (y blancos): estabilización de la moneda, apertura comercial, modernización del Estado, giro hacia el mercado, etc. Estas transformaciones tuvieron, sin duda, un costo político-electoral significativo.
Otra parte del proceso se explica por la estrategia política implementada por la izquierda. Como explicara con toda claridad hace una década Jaime Yaffé, esta estrategia política combinó moderación programática (el “viraje hacia el centro”, que se aceleró a partir de la creación del Encuentro Progresista en 1994) y oposición sistemática (pese a la resistencia de Líber Seregni y Danilo Astori, que reclamaron sin éxito construir acuerdos con los demás partidos). A la hora de enfrentar las políticas de los gobiernos colorados y blancos, el FA contó con el movimiento sindical como principal aliado. El PIT-CNT contribuyó sensiblemente a instalar una noción que terminó siendo fundamental en el triunfo de la izquierda: era posible, y necesaria, “otra política económica”.
La izquierda accedió al gobierno en marzo de 2005. Mientras la economía creció, el equipo económico y el movimiento sindical se las ingeniaron para convivir pacíficamente. El movimiento sindical toleró que la política económica estuviera permanentemente a la derecha de sus preferencias. A cambio, el equipo económico sacrificó, poco a poco, el equilibrio fiscal y la competitividad. La sangre solamente llegó al río cuando el gobierno intentó llevar algunas políticas públicas un poco más lejos de lo admisible por la dirección sindical. El caso del TLC con EEUU es el ejemplo más notorio de este tipo de conflictos, y del poder de veto que el PIT-CNT tuvo y aún conserva.
El escenario económico ha cambiado radicalmente. El PBI creció apenas 1% en 2015 y las perspectivas de corto plazo están lejos de ser alentadoras. Para el Poder Ejecutivo es clave incrementar rápidamente la tasa de crecimiento. Esto es necesario para poder cumplir promesas electorales que implican crecimiento de gasto público (como el publicitado Sistema Nacional de Cuidados) y, por ende, para retener el gobierno en la elección de 2019. Para ello, el equipo económico prioriza el control del gasto público, la apertura comercial (con el apoyo de una Cancillería muy activa) y trata de evitar el crecimiento de los salarios. Pero en estas orientaciones, otra vez, tiene que enfrentar el veto de sus viejos aliados en el movimiento sindical.
Así como, durante los años de 1990, sostenía que era posible “otra política económica”, el movimiento sindical argumenta, ahora, que es posible lidiar con el nuevo escenario económico sin restringir ni el gasto público ni el salario real. Pero en la resistencia sindical a la política de “cautela y prudencia” impulsada por el equipo económico, además de convicciones y creencias, hay que tomar nota de cálculos y estrategias de supervivencia. Si los dirigentes sindicales, en lugar de impulsar movilizaciones contra la política económica en curso, contribuyeran a legitimarla, estarían socavando sus propias bases electorales dentro del sindicalismo. Dado el “sentido común” construido a lo largo de décadas, los dirigentes sindicales que aspiren a ser reelectos no pueden sino ser intransigentes ante cualquier medida de gobierno que pueda afectar salarios de trabajadores públicos o privados.
En suma. El gobierno no puede esperar que los sindicatos acompañen las medidas de austeridad que se vienen anunciando. Los dirigentes sindicales ni comparten el enfoque del equipo económico ni tienen margen de maniobra en la interna de sus sindicatos para avalarlas. A su vez, la oposición sindical hace menos probable que el equipo económico pueda llevar adelante políticas que contribuyan a relanzar la economía por la vía de incrementar la competitividad. El panorama para el FA es delicado. El gobierno no solo está bloqueado por los conflictos entre sus fracciones (v.g. entre “astoristas”, con fuerte presencia en el gabinete, y “desarrollistas” ampliamente mayoritarios en la bancada parlamentaria). Además, choca con la resistencia de su viejo aliado, el movimiento sindical, cuyo nivel de organización e influencia, a lo largo de esta década, creció sensiblemente.
Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)