26.05.16El Frente Amplio y el ajuste fiscal
(El Observador) Tabaré Vázquez, desde el momento que propone este ajuste fiscal, se está apartando de sus propias palabras. Intentar negar esto es como tratar de tapar el sol con un dedo. Y cada vez que algún vocero del gobierno lo hace, en lugar de minimizar el costo político del ajuste fiscal, lo único que consigue es incrementarlo.Por Adolfo Garcé
(El Observador) Sobre el anuncio del gobierno de aumento al IRPF para combatir el déficit fiscal.
Esta semana subió bruscamente la temperatura en el escenario político uruguayo. El Poder Ejecutivo anunció el lunes pasado que se propone llevar adelante un ambicioso ajuste fiscal en el marco de la próxima Rendición de Cuentas. Desde el punto de vista de sus objetivos esta medida apunta a reducir el déficit fiscal desde el 3,6% actual a 2,5% del PIB en 2019. Desde el punto de sus instrumentos la parte central del ajuste planificado consiste en un incremento muy sensible de los impuestos directos. La reacción de la oposición fue inmediata: acusó al gobierno de haber mentido durante la campaña electoral. El asunto merece distintos ángulos de análisis así que vayamos por partes.
Lo primero que hay que destacar es que el gobierno frenteamplista tiene el coraje de proponer un ajuste necesario pese al alto costo político inherente. Se dirá que, desde el punto de vista de la política económica, no tenía otras opciones. Puede ser. Es evidente que, por ejemplo, queda poco margen para subir las tarifas de los servicios públicos. También es obvio que un partido de izquierda como el FA, que tiene el Estado en el corazón y que prometió en la campaña electoral mantener y extender la protección social, enfrenta restricciones especialmente severas a la hora de restringir el gasto público. Finalmente, parece razonable evitar acudir al endeudamiento externo tal como argumentó el lunes pasado el ministro Danilo Astori. Se dirá también, desde el ángulo político, que el costo de hacer el ajuste ahora es probablemente menor que el de no hacerlo (y perder, por ejemplo, en un par de años, el grado inversor). Puede ser. En todo caso, se atreven a tomar medidas necesarias sabiendo que son impopulares.
En segundo lugar, cuando se mira de cerca la estructura conceptual del ajuste propuesto, no hay mayores sorpresas. El gobierno sigue apegado al esquema normativo diseñado y aprobado por el equipo económico astorista durante la primera presidencia de Vázquez. Se mantiene una política tributaria que busca ser, al mismo tiempo, moderadamente progresiva y market friendly para contribuir a la distribución del ingreso sin dañar el clima de negocios y la inversión privada. Dicho de otra manera: en la propuesta de ajuste fiscal no compruebo un “giro a la izquierda”. Es más de lo mismo. Se propone un ajuste fiscal piadoso con los trabajadores y jubilados que ganan menos y, al mismo tiempo, poco agresivo respecto a las grandes fortunas y el mundo empresarial en general. Desde luego, todavía falta el trámite parlamentario. No puede descartarse que, en ese ámbito, el “ala izquierda” del FA se esfuerce, una vez más, por inclinar la balanza para ese lado.
En tercer lugar, y desde un punto de vista estrictamente teórico, nadie debería asombrarse viendo a un gobierno que se autoidentifica como de izquierda proponiendo un aumento de la presión tributaria. El politólogo español Carles Boix, en uno de los mejores libros de economía política que leí en los últimos años, presentó abundante evidencia empírica sobre esto hace ya veinte años. Al analizar los resultados económicos obtenidos en los países de la OCDE entre 1960 y 1990 demostró que en los países gobernados por los partidos socialdemócratas las tasas del impuesto a la renta son sensiblemente más elevadas que en los gobernados por partidos conservadores: “En países como España en que los tipos impositivos eran bajos en los años 70, (...) aumentaron rápidamente, cerca del 50% durante la década de los 80” (p. 352), es decir, durante el mandato del PSOE. Por el contrario, los gobiernos conservadores tienden a mantener o disminuir las tasas: “A finales de la década del 70, los tipos impositivos efectivos sobre las rentas altas se situaban en torno de 30% si un partido conservador había controlado el gobierno desde principios de los 60, y permanecieron invariables en la década de los 80 con el mismo partido” (p. 354) 1.
Por último, y no por eso menos importante, hay que decir que cuando se desciende desde el plano teórico a la coyuntura política uruguaya, la indignación de la oposición se vuelve perfectamente comprensible. Está fuera de discusión, para cualquiera que haya presenciado la campaña electoral, que el FA prometió que no aumentaría la carga tributaria. Es obvio que Tabaré Vázquez, desde el momento que propone este ajuste fiscal, se está apartando de sus propias palabras. Intentar negar esto es como tratar de tapar el sol con un dedo. Y cada vez que algún vocero del gobierno lo hace, en lugar de minimizar el costo político del ajuste fiscal, lo único que consigue es incrementarlo. Los electores pueden perdonar proyecciones erróneas del PIB. Pueden perdonar, también, discursos electorales facilongos, como el del FA durante el 2014. Pero la ciudadanía no tiene tan mala memoria y no perdona tan fácilmente las verdades a medias o las mentiras a secas. Sería mucho más sano, para el FA y para la democracia uruguaya que, simplemente, aceptaran sus errores y pidieran disculpas.
1. Boix, Carles (1996). Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Alianza Universidad: Madrid. Escribí una reseña sobre este libro para Nueva Sociedad que está disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/2901_1.pd
(El Observador) Sobre el anuncio del gobierno de aumento al IRPF para combatir el déficit fiscal.
Esta semana subió bruscamente la temperatura en el escenario político uruguayo. El Poder Ejecutivo anunció el lunes pasado que se propone llevar adelante un ambicioso ajuste fiscal en el marco de la próxima Rendición de Cuentas. Desde el punto de vista de sus objetivos esta medida apunta a reducir el déficit fiscal desde el 3,6% actual a 2,5% del PIB en 2019. Desde el punto de sus instrumentos la parte central del ajuste planificado consiste en un incremento muy sensible de los impuestos directos. La reacción de la oposición fue inmediata: acusó al gobierno de haber mentido durante la campaña electoral. El asunto merece distintos ángulos de análisis así que vayamos por partes.
Lo primero que hay que destacar es que el gobierno frenteamplista tiene el coraje de proponer un ajuste necesario pese al alto costo político inherente. Se dirá que, desde el punto de vista de la política económica, no tenía otras opciones. Puede ser. Es evidente que, por ejemplo, queda poco margen para subir las tarifas de los servicios públicos. También es obvio que un partido de izquierda como el FA, que tiene el Estado en el corazón y que prometió en la campaña electoral mantener y extender la protección social, enfrenta restricciones especialmente severas a la hora de restringir el gasto público. Finalmente, parece razonable evitar acudir al endeudamiento externo tal como argumentó el lunes pasado el ministro Danilo Astori. Se dirá también, desde el ángulo político, que el costo de hacer el ajuste ahora es probablemente menor que el de no hacerlo (y perder, por ejemplo, en un par de años, el grado inversor). Puede ser. En todo caso, se atreven a tomar medidas necesarias sabiendo que son impopulares.
En segundo lugar, cuando se mira de cerca la estructura conceptual del ajuste propuesto, no hay mayores sorpresas. El gobierno sigue apegado al esquema normativo diseñado y aprobado por el equipo económico astorista durante la primera presidencia de Vázquez. Se mantiene una política tributaria que busca ser, al mismo tiempo, moderadamente progresiva y market friendly para contribuir a la distribución del ingreso sin dañar el clima de negocios y la inversión privada. Dicho de otra manera: en la propuesta de ajuste fiscal no compruebo un “giro a la izquierda”. Es más de lo mismo. Se propone un ajuste fiscal piadoso con los trabajadores y jubilados que ganan menos y, al mismo tiempo, poco agresivo respecto a las grandes fortunas y el mundo empresarial en general. Desde luego, todavía falta el trámite parlamentario. No puede descartarse que, en ese ámbito, el “ala izquierda” del FA se esfuerce, una vez más, por inclinar la balanza para ese lado.
En tercer lugar, y desde un punto de vista estrictamente teórico, nadie debería asombrarse viendo a un gobierno que se autoidentifica como de izquierda proponiendo un aumento de la presión tributaria. El politólogo español Carles Boix, en uno de los mejores libros de economía política que leí en los últimos años, presentó abundante evidencia empírica sobre esto hace ya veinte años. Al analizar los resultados económicos obtenidos en los países de la OCDE entre 1960 y 1990 demostró que en los países gobernados por los partidos socialdemócratas las tasas del impuesto a la renta son sensiblemente más elevadas que en los gobernados por partidos conservadores: “En países como España en que los tipos impositivos eran bajos en los años 70, (...) aumentaron rápidamente, cerca del 50% durante la década de los 80” (p. 352), es decir, durante el mandato del PSOE. Por el contrario, los gobiernos conservadores tienden a mantener o disminuir las tasas: “A finales de la década del 70, los tipos impositivos efectivos sobre las rentas altas se situaban en torno de 30% si un partido conservador había controlado el gobierno desde principios de los 60, y permanecieron invariables en la década de los 80 con el mismo partido” (p. 354) 1.
Por último, y no por eso menos importante, hay que decir que cuando se desciende desde el plano teórico a la coyuntura política uruguaya, la indignación de la oposición se vuelve perfectamente comprensible. Está fuera de discusión, para cualquiera que haya presenciado la campaña electoral, que el FA prometió que no aumentaría la carga tributaria. Es obvio que Tabaré Vázquez, desde el momento que propone este ajuste fiscal, se está apartando de sus propias palabras. Intentar negar esto es como tratar de tapar el sol con un dedo. Y cada vez que algún vocero del gobierno lo hace, en lugar de minimizar el costo político del ajuste fiscal, lo único que consigue es incrementarlo. Los electores pueden perdonar proyecciones erróneas del PIB. Pueden perdonar, también, discursos electorales facilongos, como el del FA durante el 2014. Pero la ciudadanía no tiene tan mala memoria y no perdona tan fácilmente las verdades a medias o las mentiras a secas. Sería mucho más sano, para el FA y para la democracia uruguaya que, simplemente, aceptaran sus errores y pidieran disculpas.
1. Boix, Carles (1996). Partidos políticos, crecimiento e igualdad. Alianza Universidad: Madrid. Escribí una reseña sobre este libro para Nueva Sociedad que está disponible en: http://nuso.org/media/articles/downloads/2901_1.pd