12.05.17La responsabilidad del gobierno en el 2x1
(La Nación) Sería razonable que empiece por explicar qué significa para él la afirmación de que los derechos humanos son una política de Estado: de qué modo y para qué fines pretende que el mayor número posible de argentinos compartamos una revisión crítica del pasado y una garantía de que no serán tolerados abusos contra esos derechos. Y para lograrlo volver a Alfonsín no sería mala idea.
Por Marcos Novaro
(La Nación) La responsabilidad del Gobierno en este tema, seguro no es la que los fabuladores de la oposición le atribuyen. Ellos difunden la idea de una entente entre curas reaccionarios, jueces liberales y una gestión heredera de la dictadura, toda gente horrible cuyo fin sería la impunidad (disfrazada de reconciliación, como en los noventa) y su primer paso el reciente fallo de la Corte. Ignorando que igual criterio se usó en un fallo de 2013, en pleno kirchnerismo, y lo promoviera para más de un caso Raúl Zaffaroni. Y el hecho de que el gobierno de Macri careció de una postura unificada y precisa al respecto dejó, al menos al comienzo, que cada funcionario opinara lo que le parecía. Lo que revela que, más que un oscuro y cuidado plan oficial al respecto, lo que hubo de su lado fue falta de previsión y de política. Igual que con las tarifas un año antes (¿para cuándo la curva de aprendizaje?).
Como política de derechos humanos no hay, pero estas cosas pasan y seguirán pasando, el Gobierno queda cada tanto en off side, pagando costos por lo que no hace. Tal como con otros asuntos, la oposición insistirá en que hay que movilizarse para detener el "avance de la derecha". Para cuando el oficialismo aclare que no pretendía tal avance ya será tarde, porque aquella podrá decir: "¿vieron?, los frenamos, sigamos así hasta que se vayan".
Hay por otro lado ciertas decisiones iniciales que sí comprometen al Ejecutivo. No puede desentenderse del "cambio de clima" en la sociedad y en los tribunales que dio marco al fallo; menos desde que el Gobierno nominó a dos de los supremos que lo impulsaron. De allí que la pretensión oficial de sacarle el cuerpo al pasado, evitar la discusión sobre derechos humanos y el trato que merecen los represores, se revele tan inconducente.
La posición de Rosatti, Rosenkrantz y Highton es, a este respecto, tanto una señal de independencia de los tribunales como de las crecientes tensiones entre lo jurídico y lo político que de ella derivarán. Y para peor ella no estará sola. Se sabe que ha habido muchos abusos procesales en juicios a represores. Cuyas denuncias incluso han llegado a la CIDH. Aunque seguro no encontrarán allí ni un ápice del eco que logran los planteos de los organismos: nadie quiere darle bolilla a estos tipos, algo políticamente comprensible, aunque jurídicamente indefendible. También se sabe que a la corta o a la larga algunos de esos casos de negación de derechos llegarán a la Corte. ¿Qué hará ella entonces? ¿Y qué hará el Gobierno al respecto? ¿Se comportará con la imprevisión de estos días o como con el 24 de marzo, que primero quiso mover con criterios turísticos y nulo olfato político y vistas las reacciones generadas decidió ignorar el tema para el resto de su mandato?
Sería razonable que empiece por explicar qué significa para él la afirmación de que los derechos humanos son una política de Estado: de qué modo y para qué fines pretende que el mayor número posible de argentinos compartamos una revisión crítica del pasado y una garantía de que no serán tolerados abusos contra esos derechos.
Y para lograrlo volver a Alfonsín no sería mala idea. Él tuvo que aceptar límites, sobre todo por inviabilidad política, a la persecución de los responsables de la represión ilegal. Y se planteó entonces como prioritario que los juicios que se pudieran hacer no sólo castigaran los más graves delitos, sino sobre todo aseguraran los principios republicanos básicos, rechazo a la violencia facciosa, respeto a la ley igual para todos, e imperio del derecho por sobre las banderías políticas. Hoy que la viabilidad política de los juicios no tiene límite alguno todavía esos principios distan de estar asegurados. El derecho sigue aplicándose muchas veces con criterios extrajurídicos: a unos les damos prisión domiciliaria a los 75 años y a otros no; a unos se les respetan las garantías procesales - y dejamos que las usen para estirar Ad eternum sus juicios- y a otros nada.
Parece que la Corte se abocará a corregir algo de esto, por lo que enfrentará resistencias de todo tipo y puede que cometa errores en el camino (mucha sensibilidad política tampoco tiene, sólo que en su caso eso puede disculpársele). Lo que no se sabe es si el Ejecutivo va a ayudarla o va a mirar las encuestas antes de opinar y luego actuar de modo que el barro de la historia lo ensucie lo menos posible.
(La Nación) La responsabilidad del Gobierno en este tema, seguro no es la que los fabuladores de la oposición le atribuyen. Ellos difunden la idea de una entente entre curas reaccionarios, jueces liberales y una gestión heredera de la dictadura, toda gente horrible cuyo fin sería la impunidad (disfrazada de reconciliación, como en los noventa) y su primer paso el reciente fallo de la Corte. Ignorando que igual criterio se usó en un fallo de 2013, en pleno kirchnerismo, y lo promoviera para más de un caso Raúl Zaffaroni. Y el hecho de que el gobierno de Macri careció de una postura unificada y precisa al respecto dejó, al menos al comienzo, que cada funcionario opinara lo que le parecía. Lo que revela que, más que un oscuro y cuidado plan oficial al respecto, lo que hubo de su lado fue falta de previsión y de política. Igual que con las tarifas un año antes (¿para cuándo la curva de aprendizaje?).
Como política de derechos humanos no hay, pero estas cosas pasan y seguirán pasando, el Gobierno queda cada tanto en off side, pagando costos por lo que no hace. Tal como con otros asuntos, la oposición insistirá en que hay que movilizarse para detener el "avance de la derecha". Para cuando el oficialismo aclare que no pretendía tal avance ya será tarde, porque aquella podrá decir: "¿vieron?, los frenamos, sigamos así hasta que se vayan".
Hay por otro lado ciertas decisiones iniciales que sí comprometen al Ejecutivo. No puede desentenderse del "cambio de clima" en la sociedad y en los tribunales que dio marco al fallo; menos desde que el Gobierno nominó a dos de los supremos que lo impulsaron. De allí que la pretensión oficial de sacarle el cuerpo al pasado, evitar la discusión sobre derechos humanos y el trato que merecen los represores, se revele tan inconducente.
La posición de Rosatti, Rosenkrantz y Highton es, a este respecto, tanto una señal de independencia de los tribunales como de las crecientes tensiones entre lo jurídico y lo político que de ella derivarán. Y para peor ella no estará sola. Se sabe que ha habido muchos abusos procesales en juicios a represores. Cuyas denuncias incluso han llegado a la CIDH. Aunque seguro no encontrarán allí ni un ápice del eco que logran los planteos de los organismos: nadie quiere darle bolilla a estos tipos, algo políticamente comprensible, aunque jurídicamente indefendible. También se sabe que a la corta o a la larga algunos de esos casos de negación de derechos llegarán a la Corte. ¿Qué hará ella entonces? ¿Y qué hará el Gobierno al respecto? ¿Se comportará con la imprevisión de estos días o como con el 24 de marzo, que primero quiso mover con criterios turísticos y nulo olfato político y vistas las reacciones generadas decidió ignorar el tema para el resto de su mandato?
Sería razonable que empiece por explicar qué significa para él la afirmación de que los derechos humanos son una política de Estado: de qué modo y para qué fines pretende que el mayor número posible de argentinos compartamos una revisión crítica del pasado y una garantía de que no serán tolerados abusos contra esos derechos.
Y para lograrlo volver a Alfonsín no sería mala idea. Él tuvo que aceptar límites, sobre todo por inviabilidad política, a la persecución de los responsables de la represión ilegal. Y se planteó entonces como prioritario que los juicios que se pudieran hacer no sólo castigaran los más graves delitos, sino sobre todo aseguraran los principios republicanos básicos, rechazo a la violencia facciosa, respeto a la ley igual para todos, e imperio del derecho por sobre las banderías políticas. Hoy que la viabilidad política de los juicios no tiene límite alguno todavía esos principios distan de estar asegurados. El derecho sigue aplicándose muchas veces con criterios extrajurídicos: a unos les damos prisión domiciliaria a los 75 años y a otros no; a unos se les respetan las garantías procesales - y dejamos que las usen para estirar Ad eternum sus juicios- y a otros nada.
Parece que la Corte se abocará a corregir algo de esto, por lo que enfrentará resistencias de todo tipo y puede que cometa errores en el camino (mucha sensibilidad política tampoco tiene, sólo que en su caso eso puede disculpársele). Lo que no se sabe es si el Ejecutivo va a ayudarla o va a mirar las encuestas antes de opinar y luego actuar de modo que el barro de la historia lo ensucie lo menos posible.