19.05.17Chile, Bolivia y el largo conflicto por la salida al mar
El mismo día que el gobierno de Evo Morales presentaba los alegatos ante La Haya por la demanda marítima, Chile detenía a nueve ciudadanos bolivianos en la frontera. La reacción del gobierno boliviano fue inmediata: “No queremos pensar que es una revancha”. Cronología de una disputa que lleva más de un siglo sin resolverse.Por Macarena Castro
Crecen las tensiones entre Bolivia y Chile luego de que la policía chilena detuviera el 19 de marzo pasado a siete empleados aduaneros y dos soldados bolivianos en la frontera. El episodio ocurrió horas antes de que Bolivia presentara su réplica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la demanda por el acceso soberano al mar.
El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, fue el único funcionario autorizado a entrar al país para verificar la situación de los nueve detenidos, luego de que el gobierno chileno rechazara el ingreso al presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y a la titular de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. “No queremos pensar que es una actitud de revancha por la demanda marítima”, señaló el ministro.
El reclamo por el acceso al mar enfrenta a ambos países desde hace más de un siglo y ha tenido sus altibajos, con períodos de acercamiento seguidos de tensiones diplomáticas. Después de años de negociaciones infructuosas, el gobierno de Evo Morales llevó la disputa al tribunal internacional en 2013.
El país perdió sus costas como consecuencia de un enfrentamiento bélico, la guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú entre 1879 y 1884. En aquel entonces, la economía chilena se basaba en la exportación de las salitreras al norte. Junto con Inglaterra, Chile contaba con el 33% del salitre de Perú.
El conflicto empezó cuando Bolivia estableció un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado. En respuesta, Chile invadió a su país vecino con el pretexto de que había incumplido un tratado que impedía aumentar estos impuestos por 25 años. Dos meses después, el gobierno chileno declaró la guerra a Bolivia y a Perú.
Bolivia fue derrotada en 1880 y Perú en 1884. Con la victoria de Chile, sus fronteras se extendieron al norte y dejaron a Bolivia sin acceso al mar. Años después, Bolivia y Chile firmaron un tratado de paz y amistad, conocido como el Tratado de 1904, en el que fueron fijados los nuevos límites geográficos entre ambos países. Como consecuencia del conflicto, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
El tratado contempló, asimismo, medidas para resarcir a Bolivia por la pérdida de su litoral, por ejemplo, la construcción del ferrocarril Arica - La Paz bajo financiación del Estado chileno. En 1920, Bolivia pidió realizar una revisión del tratado ante la Liga de las Naciones, aunque sin éxito.
Más adelante, en 1948, fue firmado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también llamado Pacto de Bogotá. Ambos países ratificaron el tratado con reservas. Bolivia observó, en particular, el artículo 6, que establece que el pacto no podrá aplicarse “a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.
Poco después, negociaciones diplomáticas entre los dos gobiernos plantearon la posibilidad de crear un corredor al norte del puerto de Arica. Aun así, en 1962 Bolivia acusó a Chile de desviar el caudal del río Lauca, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Un nuevo acercamiento llegó en 1975, cuando tanto Bolivia como Chile atravesaban gobiernos de facto. De todos modos, las negociaciones entre los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet fracasaron luego de tres años. En 1979, una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el reclamo de Bolivia de “asunto de interés hemisférico permanente”.
El presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, y su homólogo peruano, Alberto Fujimori, acordaron en 1992 que Perú le daría a Bolivia una salida al océano por el puerto de Ilo. Pero al no poseer salida a la playa, el proyecto quedó interrumpido. En 2001 se negoció la exportación de gas boliviano a través de Chile. Sin embargo, dos años más tarde, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, debió renunciar y huir del país por la presión de grupos opositores.
En 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su par chilena, Michelle Bachelet, establecieron una agenda de 13 puntos entre los cuales se encontraba la cuestión marítima y en febrero de 2011 los cancilleres de ambos países se encontraron por primera vez en 60 años. En marzo de ese mismo año Morales pidió al gobierno chileno que atendiera al reclamo marítimo y anunció que demandaría al país ante tribunales internacionales.
La demanda fue realizada en abril de 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Ese mismo año, Bolivia se retiró del Pacto de Bogotá. Para 2017, se prevé terminar la etapa de los alegatos escritos, tras la cual comenzarán las visitas orales. En marzo, Bolivia presentó su réplica y Chile podrá entregar su respuesta hasta finales de septiembre.
La falta de acceso al mar acarrea una serie de desventajas para Bolivia en términos económicos. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia señaló, en diálogo con la BBC, que no tener un puerto quita competitividad a los productos del país, ya que el traslado encarece el producto y lentifica el envío. Las pérdidas también abarcan a los gastos administrativos y los aranceles.
Hoy los principales destinos de las exportaciones bolivianas son Argentina (16,8%), Brasil (14,9%), Japón (8,5%), Estados Unidos (7%) y China (6,7%), según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia correspondientes al primer trimestre de 2017. Dentro de las exportaciones, la principal área es la extracción de hidrocarburos, que componen US$ 536,6 millones del total de 1.694,7 millones de dólares que Bolivia exportó en el primer trimestre del año en curso.
El gobierno de Morales se quejó en reiteradas oportunidades de que Chile no respeta el “libre derecho de tránsito comercial” y acusó al país de imponer “trabas” administrativas que perjudican a la competitividad de sus productos. Por su parte, en marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, declaró que Bolivia tiene acceso al mar.
Según el gobierno chileno, en los puertos de Arica y Antofagasta, Bolivia puede almacenar de forma gratuita sus importaciones por un año y sus exportaciones por 60 días. En ambos puertos, cuenta con autoridades aduaneras que se encargan de aprobar la documentación relacionada con las cargas que se dirigen al país, y pueden también establecer las tasas y aranceles a las importaciones bolivianas.
La dependencia del gobierno boliviano de los puertos chilenos llevó al país a analizar otras alternativas, entre ellas fomentar el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná y utilizar a los puertos de Montevideo y Rosario para la carga de sus mercaderías. Para ello, debería mejorar su acceso a la hidrovía mediante la inversión en infraestructuras, carreteras y ferrocarril.
Mientras Bolivia mantiene firme su reclamo, queda esperar la respuesta chilena ante la Corte Internacional de Justicia, así como la decisión que pueda tomar el gobierno de Bachelet sobre los ciudadanos bolivianos detenidos.
Crecen las tensiones entre Bolivia y Chile luego de que la policía chilena detuviera el 19 de marzo pasado a siete empleados aduaneros y dos soldados bolivianos en la frontera. El episodio ocurrió horas antes de que Bolivia presentara su réplica ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya en la demanda por el acceso soberano al mar.
El ministro de Justicia de Bolivia, Héctor Arce, fue el único funcionario autorizado a entrar al país para verificar la situación de los nueve detenidos, luego de que el gobierno chileno rechazara el ingreso al presidente del Senado, José Alberto Gonzales, y a la titular de la Cámara de Diputados, Gabriela Montaño. “No queremos pensar que es una actitud de revancha por la demanda marítima”, señaló el ministro.
El reclamo por el acceso al mar enfrenta a ambos países desde hace más de un siglo y ha tenido sus altibajos, con períodos de acercamiento seguidos de tensiones diplomáticas. Después de años de negociaciones infructuosas, el gobierno de Evo Morales llevó la disputa al tribunal internacional en 2013.
El país perdió sus costas como consecuencia de un enfrentamiento bélico, la guerra del Pacífico, que enfrentó a Chile con Bolivia y Perú entre 1879 y 1884. En aquel entonces, la economía chilena se basaba en la exportación de las salitreras al norte. Junto con Inglaterra, Chile contaba con el 33% del salitre de Perú.
El conflicto empezó cuando Bolivia estableció un impuesto de 10 centavos por quintal de salitre exportado. En respuesta, Chile invadió a su país vecino con el pretexto de que había incumplido un tratado que impedía aumentar estos impuestos por 25 años. Dos meses después, el gobierno chileno declaró la guerra a Bolivia y a Perú.
Bolivia fue derrotada en 1880 y Perú en 1884. Con la victoria de Chile, sus fronteras se extendieron al norte y dejaron a Bolivia sin acceso al mar. Años después, Bolivia y Chile firmaron un tratado de paz y amistad, conocido como el Tratado de 1904, en el que fueron fijados los nuevos límites geográficos entre ambos países. Como consecuencia del conflicto, Bolivia perdió 400 kilómetros de costa y 120.000 kilómetros cuadrados de territorio.
El tratado contempló, asimismo, medidas para resarcir a Bolivia por la pérdida de su litoral, por ejemplo, la construcción del ferrocarril Arica - La Paz bajo financiación del Estado chileno. En 1920, Bolivia pidió realizar una revisión del tratado ante la Liga de las Naciones, aunque sin éxito.
Más adelante, en 1948, fue firmado el Tratado Americano de Soluciones Pacíficas, también llamado Pacto de Bogotá. Ambos países ratificaron el tratado con reservas. Bolivia observó, en particular, el artículo 6, que establece que el pacto no podrá aplicarse “a los asuntos ya resueltos por arreglo de las partes, o por laudo arbitral, o por sentencia de un tribunal internacional, o que se hallen regidos por acuerdos o tratados en vigencia en la fecha de la celebración del presente Pacto”.
Poco después, negociaciones diplomáticas entre los dos gobiernos plantearon la posibilidad de crear un corredor al norte del puerto de Arica. Aun así, en 1962 Bolivia acusó a Chile de desviar el caudal del río Lauca, lo que provocó la ruptura de las relaciones diplomáticas.
Un nuevo acercamiento llegó en 1975, cuando tanto Bolivia como Chile atravesaban gobiernos de facto. De todos modos, las negociaciones entre los dictadores Hugo Banzer y Augusto Pinochet fracasaron luego de tres años. En 1979, una resolución de la Organización de Estados Americanos (OEA) calificó el reclamo de Bolivia de “asunto de interés hemisférico permanente”.
El presidente boliviano, Jaime Paz Zamora, y su homólogo peruano, Alberto Fujimori, acordaron en 1992 que Perú le daría a Bolivia una salida al océano por el puerto de Ilo. Pero al no poseer salida a la playa, el proyecto quedó interrumpido. En 2001 se negoció la exportación de gas boliviano a través de Chile. Sin embargo, dos años más tarde, el presidente de Bolivia, Gonzalo Sánchez de Lozada, debió renunciar y huir del país por la presión de grupos opositores.
En 2006, el presidente de Bolivia, Evo Morales, y su par chilena, Michelle Bachelet, establecieron una agenda de 13 puntos entre los cuales se encontraba la cuestión marítima y en febrero de 2011 los cancilleres de ambos países se encontraron por primera vez en 60 años. En marzo de ese mismo año Morales pidió al gobierno chileno que atendiera al reclamo marítimo y anunció que demandaría al país ante tribunales internacionales.
La demanda fue realizada en abril de 2013 ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya. Ese mismo año, Bolivia se retiró del Pacto de Bogotá. Para 2017, se prevé terminar la etapa de los alegatos escritos, tras la cual comenzarán las visitas orales. En marzo, Bolivia presentó su réplica y Chile podrá entregar su respuesta hasta finales de septiembre.
La falta de acceso al mar acarrea una serie de desventajas para Bolivia en términos económicos. La Cámara Nacional de Exportadores de Bolivia señaló, en diálogo con la BBC, que no tener un puerto quita competitividad a los productos del país, ya que el traslado encarece el producto y lentifica el envío. Las pérdidas también abarcan a los gastos administrativos y los aranceles.
Hoy los principales destinos de las exportaciones bolivianas son Argentina (16,8%), Brasil (14,9%), Japón (8,5%), Estados Unidos (7%) y China (6,7%), según datos del Instituto Nacional de Estadística de Bolivia correspondientes al primer trimestre de 2017. Dentro de las exportaciones, la principal área es la extracción de hidrocarburos, que componen US$ 536,6 millones del total de 1.694,7 millones de dólares que Bolivia exportó en el primer trimestre del año en curso.
El gobierno de Morales se quejó en reiteradas oportunidades de que Chile no respeta el “libre derecho de tránsito comercial” y acusó al país de imponer “trabas” administrativas que perjudican a la competitividad de sus productos. Por su parte, en marzo, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Heraldo Muñoz, declaró que Bolivia tiene acceso al mar.
Según el gobierno chileno, en los puertos de Arica y Antofagasta, Bolivia puede almacenar de forma gratuita sus importaciones por un año y sus exportaciones por 60 días. En ambos puertos, cuenta con autoridades aduaneras que se encargan de aprobar la documentación relacionada con las cargas que se dirigen al país, y pueden también establecer las tasas y aranceles a las importaciones bolivianas.
La dependencia del gobierno boliviano de los puertos chilenos llevó al país a analizar otras alternativas, entre ellas fomentar el uso de la hidrovía Paraguay-Paraná y utilizar a los puertos de Montevideo y Rosario para la carga de sus mercaderías. Para ello, debería mejorar su acceso a la hidrovía mediante la inversión en infraestructuras, carreteras y ferrocarril.
Mientras Bolivia mantiene firme su reclamo, queda esperar la respuesta chilena ante la Corte Internacional de Justicia, así como la decisión que pueda tomar el gobierno de Bachelet sobre los ciudadanos bolivianos detenidos.