La organización estadounidense Freedom House publicó a fines de abril su informe anual Freedom of the Press. Violencia, causas judiciales e intromisiones políticas. La situación de la libertad de expresión en la región y en la Argentina.

Por Macarena Castro

En la actualidad, de los 7,4 mil millones de habitantes en el mundo, sólo el 13% reside en países donde se ejerce plenamente el derecho a la libertad de expresión. Asimismo, 2,5 mil millones viven bajo gobiernos que coartan la libertad de expresión.

Estos datos pertenecen al informe anual Freedom of the Press 2017 que la organización Freedom House publica desde 1980. El informe de la ONG monitorea el estado de la libertad de expresión a nivel mundial a través de la observación del entorno legal, las presiones políticas y los factores económicos que influyen en el desempeño los medios de comunicación.

Según Freedom House, en 2016 los periodistas en América sufrieron un incremento de la “violencia, causas judiciales e interferencias políticas” en el ejercicio de su profesión. La organización considera que de los 35 países que integran el continente americano, el 14% no se encuentra en un estado de libertad de prensa, y en el 40% este derecho se ejerce parcialmente.

El reporte advierte también sobre la situación en Venezuela, país que juzga no respeta la libertad de expresión. La ONG señala que tanto a periodistas locales como extranjeros se les ha puesto trabas o impedido el acceso para realizar coberturas sobre las protestas contra el régimen del presidente Nicolás Maduro.

Como ejemplos, menciona que en agosto se denegó la entrada de seis periodistas internacionales que pretendían cubrir una protesta, y que los periodistas que sí pudieron asistir a la manifestación “sufrieron violencia por parte de la policía” e incluso de algunos manifestantes. Por la situación económica y en términos de seguridad, hoy los periodistas se ven afectados por “robos, falta de papel prensa y dificultades financieras”.

Del mismo modo, Freedom House subraya cinco hitos en la historia reciente del país para ilustrar el declive que padeció Venezuela en materia de libertad de expresión. El primero lo integra, en 2000, la facultad otorgada al Ejecutivo de suspender transmisiones de televisión por cuestiones de interés nacional.

Luego está la promulgación de una ley en 2004 que establece el cierre o las multas a los medios por faltar el respeto a las instituciones y, un año después, la criminalización del insulto a la figura presidencial. Los últimos dos casos citados son la suspensión de 34 licencias de medios privados en 2009 y el acoso y los ataques que padecen los periodistas en la cobertura de las manifestaciones en el presente.

Cuba ocupa el puesto seis en la lista de los diez Estados con peor puntaje dentro de los 66 que infringen la libertad de expresión, con una puntuación de 91/100 (siendo 0 el ideal). El informe destaca que “si bien Cuba sigue siendo uno de los ambientes mediáticos más cerrados en el mundo”, el año pasado se crearon nuevos portales de noticias y aquellos que ya existían extendieron su alcance.

La organización denuncia que, ante este escenario, el gobierno cubano incrementó los arrestos e intimidaciones a periodistas “confiscándoles material o impidiéndoles viajar al exterior a capacitaciones y conferencias”. Sin embargo, para Freedom House, en 2016 se produjo una mejora en la variedad y en la calidad de la información disponible en la isla.

Por otro lado, advierte que Bolivia sufrió retrocesos en materia de libertad de expresión. La ONG acusa al gobierno de Evo Morales de intimidar a periodistas críticos con su administración. En particular, alude al caso de tres medios a los que el presidente calificó de “Cártel de la Mentira”, que dos reporteros debieron huir del país para evitar ser detenidos y que se intentó silenciar a un periodista de radio por medio de “regulaciones y otras interferencias”. Asimismo, hace referencia a que Morales culpó a los medios de comunicación por el voto negativo al referendo que le hubiera permitido presentarse a un cuarto mandato.

En cuanto a Brasil, el informe señala que se presentaron cerca de 50 denuncias judiciales a reporteros que habían escrito acerca de los sospechosos ingresos de miembros del Poder Judicial en el estado de Paraná. Estas denuncias, sostiene, parecen haber sido coordinadas “utilizando un lenguaje similar, pero esparcidas geográficamente”, lo que obligó a los periodistas a “gastar una gran cantidad de recursos en los viajes entre las cortes”.

Panamá progresó en los últimos años, asegura la organización. Sin embargo, leyes restrictivas, como la de difamación, “continúan siendo utilizadas contra los reporteros” y el Poder Judicial “a menudo favorece más a intereses gubernamentales o económicos que a la libertad de expresión”.

Otro aspecto que analiza el informe es el de la violencia extrema hacia los periodistas en países de América Latina. Según el informe, Brasil, Colombia, Honduras y México son los países más peligrosos para ejercer el periodismo. En estos países, “la investigación y el procesamiento por estos crímenes aún enfrenta desafíos”.

En México, el número de periodistas asesinados ha aumentado, en especial “en casos de investigación acerca de abusos por parte de la policía, narcotráfico y corrupción”. Por otro lado, también se ha visto un incremento en la intimidación hacia los periodistas en El Salvador. La ONG afirma que se han puesto en marcha mecanismos de protección en varios países pero su eficacia “se ve limitada por problemas tales como las rivalidades burocráticas y la falta de inversión y capacitación”.

Con respecto a la Argentina, la organización sostiene que ha avanzado en materia de libertad de expresión en el último año gracias a “un ambiente menos hostil hacia los medios bajo la administración de Mauricio Macri”. Para Freedom House, en 2016 se vieron “reducciones en la intimidación a los periodistas y en la manipulación mediática por parte del Gobierno” a través de la pauta oficial. Sin embargo, sugiere que los medios de comunicación en el país “muestran signos de un retorno a un viejo patrón de complicidad con el Gobierno”.