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06.12.17

Economía política de los cincuentones

(El Observador) Una vez que el problema tomó estado público el presidente Vázquez reaccionó rápidamente. Su consigna fue muy clara: sin consultar demasiado a los expertos en finanzas públicas le prometió al grupo movilizado, sin vacilar, una solución. Muy uruguayo: primero el cálculo político-electoral, después el cálculo económico-financiero.
Por Adolfo Garcé

(El Observador) La minicrisis política y financiera generada en el gobierno en torno a los derechos jubilatorios de los cincuentones está entrando en su fase final. La Presidencia, en su momento, envió señales muy claras: ordenó atender la demanda social planteada. El Ministerio de Economía y Finanzas también: trascendió que o se negocia en el Parlamento una solución menos costosa desde el punto de vista fiscal o algunos jerarcas del MEF darían un paso al costado. El Frente Líber Seregni (FLS) planteó una solución. Casi de inmediato, el Movimiento de Participación Popular (MPP) se mostró dispuesto a acompañar. La votación en Diputados, que estaba prevista para ayer, se postergó hasta que se terminen de acomodar los zapallos en el carro. Me parece claro que antes de fin de año, el tema estará resuelto. Todo el episodio (instalación, tramitación, desenlace) ofrece una excelente oportunidad de repasar algunos rasgos clásicos de la economía política en la democracia uruguaya. 

Primer rasgo: ciudadanía con voz. El problema de los cincuentones entró en la agenda porque este grupo social se activó y logró hacerse un lugar en el espacio público. Muchos de ellos constataron durante el año 2014 (haciendo simulaciones en el BPS autorizadas por una ley aprobada ese año) que, con el nuevo régimen, recibirían una jubilación menor a la que hubieran percibido por el sistema anterior. Hacia mediados de 2015 habían logrado ponerse en contacto a través de las redes sociales, tenido entrevistas con dirigentes sindicales y legisladores, y contratado servicios jurídicos para iniciar demandas por inconstitucionalidad contra la ley 16.713 que creó el sistema "mixto" que nos rige. 

Hoenir Sarthou presentó más de 8.000 demandas que, en mayo de este año y por unanimidad de sus integrantes, fueron desestimadas por la Suprema Corte de Justicia. De todos modos, lograron a través de esos dos años de movilización, ganar visibilidad pública e instalar el tema en la agenda política. Así es Uruguay: en el "país de la cercanías" (como alguna vez escribió Carlos Real de Azúa) el costo de organizarse es bajo, y la probabilidad de hacerse escuchar por los gobernantes desde la sociedad civil es alta. La voz del ciudadano y de los grupos de presión se escucha siempre fuerte y clara.

Segundo rasgo: ciudadanía con voto. Una vez que el problema tomó estado público el presidente Vázquez reaccionó rápidamente. Su consigna fue muy clara: sin consultar demasiado a los expertos en finanzas públicas le prometió al grupo movilizado, sin vacilar, una solución: concretamente, que puedan elegir jubilarse a través del sistema que más les conviene. Muy uruguayo: primero el cálculo político-electoral, después el cálculo económico-financiero. Los cincuentones son un grupo relativamente pequeño. Pero cerca de 20 mil de ellos están muy alertas e interconectados. No atender el reclamo puede tener un costo electoral, especialmente porque el FA, como partido, sigue esperando que el gobierno, que su gobierno, cumpla el compromiso asumido tantas veces de "extinguir el lucro" en el sistema previsional (léase: eliminar las AFAP). Así es Uruguay: la búsqueda de votos manda, las cuentas públicas obedecen. La voz del político se escucha fuerte y clara. 

Tercer rasgo: negociar para gobernar. La política manda. Pero no manda el presidente. El presidente puede ordenar que se busque una salida. Pero rara vez puede imponer su solución. Vázquez envió un proyecto de ley al Parlamento. Y dejó en manos de la bancada del FA hacerle los ajustes que crea necesarios. El Parlamento no puede iniciar otro proyecto (en estos temas, como en otros de similar índole, el Poder Ejecutivo tiene "iniciativa privativa" de acuerdo al artículo 86 de la Constitución de 1967). Como es habitual desde que el FA es gobierno, la negociación se hará primero y fundamentalmente al interior de la "fuerza política". Las distintas fracciones frenteamplistas, por distintas que sea, terminarán negociando entre sí. Y en esta negociación tendrán (ya están teniendo) un papel fundamental los dos polos decisivos, los que parecen más distintos y más enfrentados, los dos que por distintas razones, tienen desde hace muchos años un peso específico más relevante en la economía política de la era progresista: el FLS que lidera el ministro Danilo Astori (su fuerza deriva de su enorme responsabilidad en el gobierno) y el MPP de José Mujica (cuyo poderío nace de su imponente respaldo electoral). Así es Uruguay: los partidos (todos ellos) siempre están fraccionalizados y saben perfectamente que o pactan o perecen. El público suele verlos discutir. Pero cuando se cierra la puerta y se apagan las cámaras todos se disponen a acordar. 

Así es Uruguay. Ciudadanos fuertes, grupos sociales activos, políticos sensibles a las demandas y atentos al costo electoral de sus políticas, partidos divididos pero con capacidad de negociación. Se dirá que sufren las cuentas públicas y, a la larga, que se erosiona el crecimiento económico y, por ende, también el bienestar general. Puede ser. Entonces aparecerán otros ciudadanos y grupos sociales damnificados, que harán oír su voz, que encontrarán líderes políticos que los escuchen y partidos que canalicen sus demandas. Se llama democracia.

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)