Artículos

27.12.19

En Seguridad, Alberto Fernández se entrega en manos de la ideología

(TN) La ministra Sabina Frederic se dedica a pelearse con su antecesora y se olvida de los problemas bien concretos que tiene que resolver. Los riesgos que corre el presidente en un área sensible.
Por Marcos Novaro

(TN) Hemos visto en estos días como Alberto Fernández tomaba un curso pragmático para lidiar con los problemas económicos. Podrá objetarse la justicia de sus medidas, su sustentabilidad en el tiempo, o hasta su constitucionalidad. Pero es indudable que ellas apuntan a superar la situación de crisis minimizando costos. Al menos para los sectores que más pesan en la propia coalición. Así, se podrá decir que a mediano plazo no es buena idea desalentar tan alevosamente el ahorro (no solo en dólares), pero sin duda que en lo inmediato puede servir para reactivar modestamente el consumo. Y aunque se puede objetar la discriminación con que se trata a los jubilados que ganan muy poco más que la mínima, y no tienen corporaciones poderosas que los defiendan, como las administraciones provinciales, los jueces, los diplomáticos y los docentes, no cabe duda de que haciéndolo el tesoro se ahorrará unos buenos pesos y podrá patear para bien adelante el momento de pagar los juicios que su decisión vaya a motivar.

Por sobre todo, estas medidas pragmáticas le evitan conflictos inmediatos y riesgosos con actores más poderosos que él. Por ejemplo, los gobernadores, por la distribución de recursos fiscales; y los acreedores privados e institucionales externos, por la continuidad del ajuste de las cuentas públicas. Que a estos no les importa demasiado si se logra con más impuestos, o con menos gastos, o con una combinación enrevesada de una cosa y la otra, como es el caso, con tal de que se logre.

Llama poderosamente la atención, sin embargo, que en otros terrenos el gobierno de Alberto se esté inclinando por políticas muy alejadas del pragmatismo, que solo cabe justificar desde la más cerrada ideología, y en términos prácticos pueden muy bien generarle conflictos innecesarios, bastante serios y bastante pronto. ¿Por qué lo hace?

Tal vez para compensar: en su afán por mantener los delicados equilibrios internos de su coalición, Alberto ha repartido las cartas de su gabinete de un modo salomónico, y reservado espacios de gestión importantes a sectores marcadamente ideológicos. La ideología “peronista progre”, digamos, no está del todo ausente en ningún área. Pero pareciera que en algunas el presidente deja que campee por sus fueros. No vaya a ser que se le objeten las desviaciones pragmáticas que se permite en otras.

Esto pareciera estar sucediendo en particular en el área de la seguridad. Y es especialmente preocupante porque es una muy delicada. En la que errores no forzados motivados por una mirada sesgada de los problemas podría causar en muy corto tiempo un agravamiento de los mismos. Por caso, puede ser relativamente barato para el nuevo gobierno dejar que la ideología de sus funcionarios impere en materia cultural o educativa. Porque la mayoría ya desde el vamos descuenta que así será, esté a favor o en contra de esas ideas, y en cualquier caso no son áreas en que se juegue con fuego: los costos de malas políticas en la materia van a verse en el futuro, y difícilmente estallen en lo inmediato. En cambio la posibilidad de que las cosas empeoren y mucho en materia de seguridad es bien concreta e inmediata, y puede afectar seriamente la opinión que la gente se hace de toda la gestión de gobierno.

No fue por tanto una buena noticia que en cuestión de días la nueva ministra del área, Sabina Frederic, abriera varios frentes de conflicto, por los cuales el diablo estará gustoso de meter la cola en cualquier momento. Primero, derogó el protocolo de uso de armas de fuego, erróneamente llamado “protocolo Chocobar”, para volver a poner en vigencia los muy distintos y confusos que regían para cada fuerza de seguridad años atrás. Justificó esa decisión por la necesidad de prevenir un uso desmedido de la fuerza por parte de los agentes. Cuando lo cierto es que ese uso ha sido indudablemente mejor controlado por el nuevo protocolo de lo que lo era por los anteriores: de allí que las muertes institucionales (las causadas por el accionar de agentes de las fuerzas nacionales dependientes del ministerio) hayan disminuido año a año desde 2015.

Con la decisión adoptada, no sólo se genera una mayor confusión e incertidumbre entre los uniformados, si no que las autoridades se compran un problema, que puede estallarles en las manos en cualquier momento: cada vez que un agente resulte herido o muerto la responsabilidad caerá ahora en sus espaldas, se justifique o no que así sea, tanto a los ojos de las mismas fuerzas como de la opinión pública, y si las muertes institucionales vuelven a crecer sucederá otro tanto.

A continuación, Frederic volvió a involucrar confusamente en el caso Maldonado a la Gendarmería: no fue tan lejos como para dar asidero a la tesis de la desaparición forzada, pero sí al abandono de persona (que cuando la Justicia lo investigó, más bien apuntaba a los militantes mapuches que a los gendarmes) y descalificó el operativo de desalojo que precedió al ahogamiento del artesano en las aguas del río Chubut, con argumentos bastante imprecisos (si estaba o no presente el jefe del operativo, si estaba o no justificado que entraran al predio en litigio), todos asuntos ya considerados hasta el hartazgo en estos años por la Justicia y sobre los que la ministra adoptó la posición contraria no sólo a los gendarmes, si no también a los jueces intervinientes. Son dudosos los efectos judiciales que vayan a seguirse de la posición de la ministra. Lo que es seguro, en cambio, es que tendrá efectos negativos en su capacidad de recurrir a la Gendarmería, hasta aquí la fuerza más confiable para gobiernos de todos los signos (precisamente porque nunca se le pudo atribuir nada semejante a lo que se le quiso achacar desde la RAM, el Cels y sus aliados en el curso de 2017), en particular para controlar conflictos sociales. Si para este tipo de asuntos a partir de ahora los gobiernos, tanto el nacional como los provinciales, dependen exclusivamente de sus fuerzas policiales, es más probable que tengan problemas para controlar el uso de la violencia. Y no podrán achacárselos a nadie más que a sí mismos.

Precisamente alrededor de este último asunto. Frederic abrió otro conflicto, al suspender la incorporación de las pistolas Taser. Decisión que la enfrentó nada menos que con Sergio Berni, flamante ministro bonaerense del área. Berni ridiculizó la posición supuestamente “garantista” de su par nacional, al mismo tiempo que lanzaba una serie de opiniones de lo más irresponsables y confusas sobre lo que habría que hacer con el consumo de drogas duras y blandas. Todo en medio de una creciente incertidumbre, que afecta tanto a la opinión pública como a las fuerzas de seguridad, y seguramente afectará también a los traficantes, respecto a lo que cabe esperar de las nuevas autoridades en relación al combate del narcotráfico.

Puede que no esté mal modificar el enfoque uniformemente punitivista que había adoptado en ese frente la anterior gestión. Lo seguro es que no es una buena idea discutir el asunto con liviandad y dar la impresión de que se improvisa o no se sabe qué hacer, y se ha reemplazado una política, buena o mala, por una no política.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)