El artículo 72 de la Constitución de Venezuela permite celebrar referendums revocatorios una vez pasada la mitad del mandato del funcionario al cual se pretende revocar. La realidad muestra que el mayor riesgo que hoy enfrenta Chávez para poder concluir su mandato en término, no es ya un golpe militar o una huelga general de tiempo indefinido, sino justamente el dispositivo constitucional instituido por una Asamblea Constituyente en la cual el chavismo gozaba casi de la totalidad de la representación.

Por Ignacio Labaqui

Desde hace algo más de veinte años la Ciencia Política ha debatido sobre el impacto de los regímenes presidencialistas sobre la estabilidad democrática. Autores como Juan Linz, Arturo Valenzuela y Alfred Stepan, entre otros, han señalado que el presidencialismo genera inestabilidad en las democracias. Una de las principales críticas hacia los regímenes presidencialistas radica en que los mismos no cuentan con mecanismos para la resolución de crisis institucionales como las que se producen cuando el gobierno no cuenta con mayoría en el legislativo, o cuando el jefe de estado pierde en forma abrupta el apoyo de la población. En mayor o menor medida, las distintas variedades de regímenes parlamentarios, cuentan con instrumentos que permiten superar en forma relativamente poco traumática estas instancias. Los mismos están ausentes en el presidencialismo. En el pasado, la ausencia de estos mecanismos generaba inestabilidad  y la misma solía resolverse mediante golpes militares caracterizaron a América Latina hasta los años 80. Tras el fin de la guerra fría y el cambio de actitud de los Estados Unidos respecto de los gobiernos autoritarios, los golpes exitosos han sido poco frecuentes en la región, aparte de recibir usualmente una dura sanción por parte de los países de la región. Ello sin embargo, no ha implicado una mayor estabilidad. De hecho, en los últimos años, han sido cada vez más frecuentes, sobretodo en América del Sur, las crisis presidenciales. El espectáculo de mandatarios electos por la vía de las urnas -que tras una abrupta pérdida de popularidad deben abandonar el poder- está a la orden del día.

Tras haber reformado su Constitución durante el año 2000, Venezuela cuenta justamente con un mecanismo para solucionar el problema al que hacemos referencia. En efecto, el artículo 72 de la Constitución permite celebrar referendums revocatorios una vez pasada la mitad del mandato del funcionario al cual se pretende revocar. Probablemente la inclusión de este mecanismo en el texto constitucional venezolano no respondió a la dudosa voluntad de Hugo Chávez de mejorar la accountability de la democracia venezolana, sino más bien, debe haber sido ideado como una herramienta para remover a opositores, fueran estos legisladores o gobernadores. La realidad muestra que el mayor riesgo que hoy enfrenta   Chávez para poder concluir su mandato en término, no es ya un golpe militar o una huelga general de tiempo indefinido, sino justamente el dispositivo constitucional instituido por una Asamblea Constituyente en la cual el chavismo gozaba casi de la totalidad de la representación.

Las esperanzas de la oposición de poner fin en forma anticipada a la presidencia del polémico Hugo Chávez, que culmina en 2006, están cifradas hoy en la celebración de un referéndum revocatorio. La gran pregunta es entonces si podrá la oposición lograr a través de un plebiscito lo que un fallido golpe de estado y una huelga general de casi 3 meses no pudieron alcanzar. El último fin de semana de noviembre la oposición nucleada en la Coordinadora Democrática organizó el así llamado firmazo, esto es la recolección de las 2,4 millones de firmas necesarias para solicitar al Consejo Nacional Electoral el revocatorio. De acuerdo a sus líderes, esta cifra fue sobrepasada con creces, algo que Hugo Chávez y sus acólitos han venido negando sistemáticamente.

Cabe señalar que esta no es la primera vez que la oposición recoge firmas para poder convocar el revocatorio. De hecho, hubo durante agosto el Consejo Nacional Electoral rechazó la petición presentada por la organización Sumate, la cual decía haber juntado 3 millones de firmas. Finalmente el Consejo dispuso que durante el último fin de semana de noviembre de 2003, tanto el oficialismo (que busca que diversos políticos opositores enfrenten un revocatorio) como la oposición se dedicasen a recolectar las rúbricas de los ciudadanos. Pues bien, el “firmazo” concluyó. ¿Qué es lo que sigue? Ahora es el Consejo Electoral quien debe validar las firmas, para lo cual cuenta con un plazo de 30 días hábiles. Pese a que el “firmazo” concluyó hace ya un mes, ese plazo aun no está corriendo. La causa de ello es que hasta el martes 30 de diciembre el órgano no había recibido formalmente las planillas presentadas por la oposición, lo cual, como puede intuirse, dilata la celebración del referéndum.

En definitiva el camino del plebiscito dista de ser simple. Suele decirse que el diablo se encuentra en los detalles. La Constitución Venezolana sólo da lineamientos generales para el revocatorio, quedando su reglamentación en manos legislativas y su instrumentación a cargo del Consejo Nacional Electoral. El presidente Hugo Chávez es consciente de que, de acuerdo a lo que muestran las encuestas de opinión pública, debe evitar el plebiscito o en el peor de los casos retrasar el mayor tiempo posible su celebración, ya que de lo contrario su mandato será irremediablemente acortado. Las más que auspiciosas proyecciones que recientemente efectuó la CEPAL respecto de la economía venezolana sugieren que las mayores chances de Chávez de sobrevivir al plebiscito radican en que el mismo se dilate para final del 2004, período en el cual, la recuperación económica mejoraría su popularidad. Una mejor performance de la economía y la cercanía de la conclusión de su mandato quitarían ímpetu al revocatorio. A la vez, la mejoría económica permitiría al Estado venezolano contar con mayores recursos para sostener o incrementar a través del clientelismo el apoyo al polémico Chávez.

La oposición cuenta con varios desafíos. El primero de ellos es lograr que el revocatorio tenga lugar, y en la medida de lo posible, en la primer mitad del 2004. Ello implica sobreponerse el hostigamiento que abiertamente practica el gobierno sobre sus dirigentes, y a la vez poder superar la maraña de trabas burocráticas que de seguro Chávez planea interponer. También implica hacer que los venezolanos superen la apatía que, a la hora de votar, los ha caracterizado en los últimos años, y concurran a las urnas ya que a menos que un 25% del padrón participe en el revocatorio, el mismo carecerá de valor. Pero hay un segundo desafío, y que es casi de una talla superior a la del revocatorio, y este es justamente conciliar posiciones y concertar una candidatura común. Ciertamente un plebiscito, de acuerdo a lo que diversos sondeos muestran, lo permitiría. Sin embargo, nada dice la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela acerca de si el funcionario destituido puede o no presentarse a las elecciones inmediatamente posteriores. En un escenario de elecciones en el cual la oposición aparece fragmentada y sin un líder claro, las posibilidades de Chávez mejoran sensiblemente, ya que aun conserva la adhesión de algunas franjas del electorado.

Un último elemento a tener en cuenta es la actitud de los actores internacionales. La OEA y el Grupo de Amigos de Venezuela (Brasil, Chile, Estados Unidos, México, España y Portugal) tuvieron una actuación clave en las negociaciones que condujeron al Acuerdo del 29 de abril de 2003 y que puso dentro de los carriles institucionales la salida a la crisis venezolana. Ellos son en última instancia los garantes del Acuerdo. Y así como fue necesaria su intervención para que el gobierno y la oposición alcanzaran un arreglo, jugarán un rol relevante, tanto en el caso de que Chávez se niegue sistemáticamente, bajo tal o cual motivo, a celebrar el referéndum o si un Chávez derrotado en el mismo, no se muestra dispuesto a aceptar la derrota.

¿Será la pluma más fuerte que la espada? Esa pareciera ser la reflexión que nos deja el caso de Venezuela. Es de esperar que los venezolanos puedan resolver en forma pacífica y dentro de lo que marca su Constitución, una crisis política que ya arrastra cerca de dos años, y de esta forma no sumarse a los tristes ejemplos de Ecuador, Argentina y Bolivia.

*Ignacio Labaqui es Profesor Asistente de América Latina en la Política Internacional (Universidad Católica Argentina); además se desempeña como Investigador de FLACSO-Argentina.