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04.01.16

Los decretos de Macri y la promesa republicana

(TN) La solución no es, claro, que los verdaderos demócratas se den a sí mismos licencia para violar la ley y actuar arbitrariamente con la excusa de establecer una república; es aceptar que se está frente a un dilema, que hay que resolver, y tiene solución si se evita tanto la extorsión de los hipócritas como la tentación de los atropellados.
Por Marcos Novaro

(TN) ¿Qué hubiera pasado si Alfonsín, en vez de confiar en el empuje transformador del espíritu democrático que su espectacular, pero al fin de cuentas acotado triunfo electoral de 1983, y en la disposición reformista de al menos alguno de los senadores peronistas y sus aliados que eran mayoría en la Cámara Alta en 1984, desistía de enviar al Congreso su proyecto de reforma sindical y emitía un decreto de necesidad y urgencia para forzar la democratización de los gremios?

Tal vez no estaríamos discutiendo hoy si hay alguna posibilidad de que deje de regir en ellos la reelección indefinida y garantizada, la opacidad total en el manejo de los recursos y otras joyitas a las que nos tiene ya demasiado acostumbrados el modelo corporativo tradicional.

Contrario sensu, ¿qué hubiera sido de la suerte de la transición que en esos años se iniciaba si en vez de resolver por DNU la puesta en marcha del Plan Austral, Alfonsín atendía los reclamos de la oposición y enviaba un proyecto de ley al Parlamento también para el combate de la inflación, asunto aún más candente que el sindical para asegurar la sobrevivencia de la naciente república?

Lo más probable es que la hiperinflación estallara en 1985 y no cuatro años después, cuando al menos había ya un nuevo gobierno electo que podía mal o bien, más mal que bien convengamos, ponerle freno. Y tal vez nuestra democracia hubiera naufragado.

En los regímenes presidencialistas existe siempre el riesgo del bloqueo parlamentario, en particular cuando hay “gobierno dividido”, es decir el Congreso es controlado por una fuerza distinta que la del presidente. Y para evitar ese problema es que se otorga al Ejecutivo la posibilidad de emitir resoluciones sobre muchos asuntos, que al menos transitoriamente sortean el trámite legislativo.

Las preguntas que hay que hacerse son, primero, si esos decretos pueden cambiar reglas de juego, leyes preexistentes (como era el caso de la ley de asociaciones profesionales de 1979 en el caso de Alfonsín), en qué circunstancias y para qué asuntos pueden hacerlo, y segundo, si en el caso del arranque del gobierno de Cambiemos se reúnen las condiciones que justifican su uso intenso y extenso, sobre qué materias y con qué alcance.

En principio podría marcarse una diferencia de contexto entre ambas situaciones que acotaría el margen de acción de Macrivis a vis el que tenía, y le hubiera convenido ejercer en plenitud, Alfonsín: éste recibió el poder de un presidente autoritario y tenía la misión de fundar una república democrática casi desde la nada, mientras que aquél heredó a un gobierno constitucionalmente legítimo.

Con todo, cabe relativizar esta diferencia si atendemos al modo en que gobernó y sobre todo la forma en que legisló la administración saliente: su populismo radicalizado se expresó en una vocación autoritaria cada vez más pronunciada, que sobre todo en terrenos como la Justicia, los medios de comunicación y la administración de la economía se tradujo en leyes por completo reñidas, sino con la letra, al menos sí con el espíritu de la república. Leyes amañadas, incompatibles con un funcionamiento mínimamente racional y libre de actividades muy esenciales de la vida social como comerciar, comunicarse, reclamar ante los tribunales, etc.

Cuando han sido afectadas hasta tal punto las condiciones mínimas de normalidad constitucional, y además persiste un actor institucional decidido a resistir el cambio, el presidente está en pleno derecho de disponer a través de medidas de excepción las reformas necesarias para que la Constitución vuelva a regir efectivamente.

Sigue sometido a límites a este respecto: uno de ellos puede decirse que se traspasó cuando se designó a dos nuevos jueces de la Corte. Límites que debe estar muy atento de no transgredir, porque de otro modo terminará deslegitimando toda su tarea.  

No ante los populistas radicalizados, que igual en cualquier caso desconocerán el derecho del presidente a hacer lo que hace. Sino ante los moderados y la opinión pública, el terreno finalmente donde se dirimirá el conflicto de legitimidades entre una democracia republicana, que tiene que evitar ser impotente para gobernar, y una versión populista y antiliberal de la democracia, que sólo usa la excusa de la ley y la constitución cuando le conviene.

Gabriel Salvia recordaba hace poco una frase que ilustra muy claramente el conflicto que enfrentamos, con la que décadas atrás Vaclav Havel intentó explicar las complejidades de las transiciones en Europa del Este desde “democracias” soviéticas hacia regímenes pluralistas: el problema de la democracia es que impide a los que realmente creen en ella hacer muchas cosas, mientras que a los que no creen en ella les permite hacer casi todo.

La solución no es, claro, que los verdaderos demócratas se den a sí mismos licencia para violar la ley y actuar arbitrariamente con la excusa de establecer una república; es aceptar que se está frente a un dilema, que hay que resolver, y tiene solución si se evita tanto la extorsión de los hipócritas como la tentación de los atropellados.

Fuente: TN (Buenos Aires, Argentina)