09.12.16Muchas filtraciones y pocas condenas en la Fiscalía
(El Líbero) La forma en que el Ministerio Público ha manejado las investigaciones que involucran a actores políticos, hasta el punto de que son los propios fiscales —y no los partidos, la opinión pública o los votantes en elecciones primarias— quienes deciden quién será candidato y quién quedará fuera de carrera, le hace un flaco favor a la democracia.
Por Patricio Navia
(El Líbero) La polémica que se ha generado por el reclamo del ex Presidente Sebastián Piñera debido a la supuesta filtración de que Bancard se habría negado a entregar los correos electrónicos entre su hijo y el gerente de la empresa ha vuelto a poner en el ojo público la incapacidad de la Fiscalía para hacer valer los derechos de las personas investigadas, imputadas y formalizadas en los escándalos Penta, SQM, pesqueras y Caval.
La inoperancia de la Fiscalía para evitar que lleguen a la prensa detalles de investigaciones que la propia institución ha declarado como secretas, y la incontinencia mediática —y twittera— de varios fiscales, contrasta con la hasta ahora limitada capacidad del Ministerio Público para lograr condenas, o incluso llevar a juicio, en los casos más bullados de financiamiento irregular de campañas, y de posible corrupción y tráfico de influencias, que explotaron a partir de 2014 y que se aprestan a cumplir dos años marcando la agenda pública.
Desde que se destapó el escándalo Penta a fines de 2014, la Fiscalía se ha convertido en un actor político relevante en el país. Cuando ese embrollo se extendió hasta alcanzar a SQM y varias empresas pesqueras, la política chilena quedó condicionada a las investigaciones que llevaban adelante los fiscales. El estallido del caso Caval, en febrero de 2015, extendió la cobertura de las investigaciones de la Fiscalía hasta alcanzar al círculo cercano de la Presidenta Bachelet.
Dos años después, las investigaciones de la Fiscalía siguen ocupando los titulares de la prensa. Es más, la propia carrera presidencial para suceder a Bachelet depende en buena medida de sus investigaciones. Además de que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami depende de si el Fiscal Gómez decide acusarlo —en cuyo caso la constitución inhabilita a ME-O a ser candidato (lo que violaría el principio de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario)—, ahora la propia candidatura de Sebastián Piñera, el aspirante que lidera las encuestas, corre el riesgo de ser torpedeada desde la Fiscalía. Porque es incapaz de asegurarse que se mantenga el secreto de la investigación, el Ministerio Público incumple sus obligaciones y se involucra en la arena político-electoral.
Es esencial que los políticos estén sometidos al mismo escrutinio legal que el que existe sobre ciudadanos de a pie, y a un escrutinio superior de los medios y de la opinión pública. Pero la forma en que la Fiscalía ha manejado las investigaciones, hasta el punto en que son los propios fiscales —y no los partidos, la opinión pública o los votantes en elecciones primarias— quienes deciden quién será candidato y quién quedará fuera de carrera, le hace un flaco favor a la democracia.
Si bien los casos de financiamiento irregular de la política son complejos y tienen muchas aristas, la Fiscalía ha mostrado falta de imparcialidad y debilidades evidentes en la forma en que ha conducido su investigación. Políticos involucrados en cuestiones similares han sido tratados de forma diametralmente opuesta. La formalización de Pablo Longueira, que recibió arresto domiciliario nocturno, contrasta con el guante blanco con el que ha sido tratado el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, que tiene boletas propias y que era responsable público de organizar la pre-campaña de Bachelet en 2012 y 2013.
Después de hacer un show mediático al allanar la residencia del entonces precandidato presidencial Andrés Velasco —diligencia que fue ampliamente cubierta por la prensa, quienes presumiblemente fueron alertados por la propia fiscalía—, el fiscal a cargo parece haberse olvidado de esa línea de investigación. Esto le da la razón a lo que siempre alegó Velasco, pero la incontinencia mediática del fiscal Gajardo le hizo un daño irreparable a la entonces incipiente candidatura presidencial del ex ministro de Hacienda.
Aunque han sido muy hábiles en la forma en que se han manejado mediáticamente, los fiscales parecen tener menos habilidades al defender sus casos ante los jueces. El ex senador Carlos Ominami logró ganar su caso descansando en abogados de la Defensoría, cuando la justicia determinó que había prescripción sobre los hechos que se investigaban. Además de desperdiciar recursos públicos por no saber leer la ley, los fiscales aparecieron más preocupados de ganar el juicio de la opinión pública que de hacer bien la pega por la que reciben abultados sueldos: llevar culpables a la justicia y ganar los juicios respectivos ante los tribunales.
Resulta lamentable que los fiscales sean mucho mejores manejando su agenda mediática —en entrevistas donde hablan hasta de fútbol y con un papel activo en el mundo de las redes sociales— que en llevar a sus imputados a juicio y ganar dichos juicios. En tanto sigan siendo mejores para conseguir entrevistas y retweets que para ganar juicios y lograr condenas, los justificados reclamos contra las filtraciones continuarán multiplicándose.
(El Líbero) La polémica que se ha generado por el reclamo del ex Presidente Sebastián Piñera debido a la supuesta filtración de que Bancard se habría negado a entregar los correos electrónicos entre su hijo y el gerente de la empresa ha vuelto a poner en el ojo público la incapacidad de la Fiscalía para hacer valer los derechos de las personas investigadas, imputadas y formalizadas en los escándalos Penta, SQM, pesqueras y Caval.
La inoperancia de la Fiscalía para evitar que lleguen a la prensa detalles de investigaciones que la propia institución ha declarado como secretas, y la incontinencia mediática —y twittera— de varios fiscales, contrasta con la hasta ahora limitada capacidad del Ministerio Público para lograr condenas, o incluso llevar a juicio, en los casos más bullados de financiamiento irregular de campañas, y de posible corrupción y tráfico de influencias, que explotaron a partir de 2014 y que se aprestan a cumplir dos años marcando la agenda pública.
Desde que se destapó el escándalo Penta a fines de 2014, la Fiscalía se ha convertido en un actor político relevante en el país. Cuando ese embrollo se extendió hasta alcanzar a SQM y varias empresas pesqueras, la política chilena quedó condicionada a las investigaciones que llevaban adelante los fiscales. El estallido del caso Caval, en febrero de 2015, extendió la cobertura de las investigaciones de la Fiscalía hasta alcanzar al círculo cercano de la Presidenta Bachelet.
Dos años después, las investigaciones de la Fiscalía siguen ocupando los titulares de la prensa. Es más, la propia carrera presidencial para suceder a Bachelet depende en buena medida de sus investigaciones. Además de que la candidatura de Marco Enríquez-Ominami depende de si el Fiscal Gómez decide acusarlo —en cuyo caso la constitución inhabilita a ME-O a ser candidato (lo que violaría el principio de igualdad ante la ley y de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario)—, ahora la propia candidatura de Sebastián Piñera, el aspirante que lidera las encuestas, corre el riesgo de ser torpedeada desde la Fiscalía. Porque es incapaz de asegurarse que se mantenga el secreto de la investigación, el Ministerio Público incumple sus obligaciones y se involucra en la arena político-electoral.
Es esencial que los políticos estén sometidos al mismo escrutinio legal que el que existe sobre ciudadanos de a pie, y a un escrutinio superior de los medios y de la opinión pública. Pero la forma en que la Fiscalía ha manejado las investigaciones, hasta el punto en que son los propios fiscales —y no los partidos, la opinión pública o los votantes en elecciones primarias— quienes deciden quién será candidato y quién quedará fuera de carrera, le hace un flaco favor a la democracia.
Si bien los casos de financiamiento irregular de la política son complejos y tienen muchas aristas, la Fiscalía ha mostrado falta de imparcialidad y debilidades evidentes en la forma en que ha conducido su investigación. Políticos involucrados en cuestiones similares han sido tratados de forma diametralmente opuesta. La formalización de Pablo Longueira, que recibió arresto domiciliario nocturno, contrasta con el guante blanco con el que ha sido tratado el ex ministro del Interior Rodrigo Peñailillo, que tiene boletas propias y que era responsable público de organizar la pre-campaña de Bachelet en 2012 y 2013.
Después de hacer un show mediático al allanar la residencia del entonces precandidato presidencial Andrés Velasco —diligencia que fue ampliamente cubierta por la prensa, quienes presumiblemente fueron alertados por la propia fiscalía—, el fiscal a cargo parece haberse olvidado de esa línea de investigación. Esto le da la razón a lo que siempre alegó Velasco, pero la incontinencia mediática del fiscal Gajardo le hizo un daño irreparable a la entonces incipiente candidatura presidencial del ex ministro de Hacienda.
Aunque han sido muy hábiles en la forma en que se han manejado mediáticamente, los fiscales parecen tener menos habilidades al defender sus casos ante los jueces. El ex senador Carlos Ominami logró ganar su caso descansando en abogados de la Defensoría, cuando la justicia determinó que había prescripción sobre los hechos que se investigaban. Además de desperdiciar recursos públicos por no saber leer la ley, los fiscales aparecieron más preocupados de ganar el juicio de la opinión pública que de hacer bien la pega por la que reciben abultados sueldos: llevar culpables a la justicia y ganar los juicios respectivos ante los tribunales.
Resulta lamentable que los fiscales sean mucho mejores manejando su agenda mediática —en entrevistas donde hablan hasta de fútbol y con un papel activo en el mundo de las redes sociales— que en llevar a sus imputados a juicio y ganar dichos juicios. En tanto sigan siendo mejores para conseguir entrevistas y retweets que para ganar juicios y lograr condenas, los justificados reclamos contra las filtraciones continuarán multiplicándose.