Si antes los partidos conservadores latinoamericanos se apoyaban en los católicos, hoy se vuelcan a los evangélicos y protestantes. ¿La divina razón? Millones y millones de votos.

Por Hugo Machín Fajardo

Fue un presidente blanco, Bernardo Berro, católico él, quien en 1861 inició la separación del Estado y la Iglesia católica que entonces monopolizaba el espectro religioso uruguayo. Poco después, un colorado, Venancio Flores, invadió el país con cruces enastadas en las lanzas. En 1876, un sociólogo avant la lettre, José Pedro Varela, fundó la escuela laica, obligatoria, gratuita y mixta. Y sería José Batlle y Ordoñez quien procesó la separación definitiva del Estado y la Iglesia en 1908, al abolir el juramento de los diputados sobre los Evangelios.

El siglo XX y lo que va del XXI, transcurrieron sin mayores conflictos entre Estado e Iglesia católica uruguayos, si comparamos con la «guerra de los cristeros» en México (1923-1926), cuyo saldo aproximado fue de unas 250.000 víctimas; o la persecución a muerte de liberales colombianos por conservadores azuzados desde los púlpitos a mediados el siglo pasado, cuando los curas y obispos tomaron parte en la violencia interpartidaria que asoló durante décadas al país cafetero.

Bueno, sin mayores conflictos… una importante veta guerrillera tupamara se había nutrido en la década de los sesenta de los cuadros católicos juveniles de la Iglesia católica que criticó mucho la situación previa a 1973. Luego del golpe de Estado y durante la dictadura (1973- 1985) esa iglesia comparativamente guardó bastante silencio.

Pero el tema central no es que el flamante presidente uruguayo Luis Lacalle Pou haya asistido el lunes 2 de marzo a una especie de Te deum decimonónico, disimulado de ecumenismo por la sagacidad del cardenal Daniel Sturla. Aunque, por cierto, esa asistencia como jefe del Estado a la catedral metropolitana —en su carácter de Presidente de la República y no como ciudadano— ha levantado ampollas entre los defensores del laicismo, que lo consideraron una inconstitucionalidad, y puede verse como la compra de un lío gratuito que bien pudo haber evitado, reservándose para los que seguramente irán surgiendo, o ya están en puerta, como el paro de docentes resuelto para el 12 de marzo.

Después de todo, el dos veces presidente Tabaré Vázquez y el economista de los gobiernos frenteamplista, Danilo Astori, son católicos cuya niñez y adolescencia fueron formadas por los salesianos. Y todo bien. Salvo en 2008, cuando las convicciones religiosas de Vázquez lo llevaron a vetar una ley de salud sexual y reproductiva, que autorizaba el aborto dentro de las doce primeras semanas de gestación. En realidad, el proyecto era una regularización del aborto, ya que desde 1934 el aborto estaba despenalizado en Uruguay, y el Código Penal dejaba a criterio del juez actuante la definición de delito en cada caso. En 2011, bajo la administración Mujica, el proyecto se transformó en ley.

Antecedente. En el caso de Mujica se superó la marca de Lacalle Pou respecto del irrespeto constitucional. Mujica, siendo Presidente, convocó a una misa en diciembre de 2012 para orar por la salud del entonces presidente venezolano Hugo Chávez. Así fue informado en la página oficial de Presidencia:  «Luego de la misa, realizada este jueves a instancias del Presidente Mujica».

”Pepe” Mujica, siendo presidente uruguayo, convocó a una misa por Hugo Chávez, en 2012.

Que esa tarde haya habido una asistencia oficial se vio reafirmado por la presencia en la misa realizada en la iglesia de los curas conventuales de Montevideo de «su señora esposa, la senadora Lucía Topolansky; los ministros de Relaciones Exteriores y de Trabajo y Seguridad Social, Luis Almagro y Eduardo Brenta; el secretario de la Presidencia, Homero Guerrero; el prosecretario Diego Cánepa, el embajador venezolano en nuestro país, Julio Chirino».

Democracia en juego. Tocqueville decía, en 1840, que «no hay en la tierra naciones más miserables que las de América del Sur”, porque los comparaba con la democracia norteamericana —democracia que un cuarto de siglo después debería dilucidarse en una guerra civil, por cierto— y encontraba notorias diferencias. Tocqueville explicaba que el sacerdote católico de nuestros países pasó del convento a los estamentos de poder de la sociedad latinoamericana, integrándose la jerarquía social. Un fenómeno de poderosa influencia en la cultura latinoamericana que el pensador francés presentaba como natural desde que la Iglesia católica formaba parte del antiguo régimen, donde la nobleza y la Iglesia estaban mancomunadas y eran obviamente contrarios a una sociedad civil. Mantener los privilegios, honores y exenciones impositivas pasaron a ser cuestión de vida o muerte para ellos.

En consecuencia, vemos que el episodio reciente de la celebración multirreligiosa —de la que se excluyeron y criticaron los metodistas; y no fueron invitados los umbandistas—  no es tanto el problema del laicismo.

Se trata de algo más serio que ciertamente puede ser deteriorado por estas actitudes presidenciales:  la salud de la democracia.

Hoy en día muchas de las iglesias evangélicas en permanente crecimiento en Latinoamérica en realidad constituyen apoyo para partidos políticos conservadores que, en detrimento de la democracia, se allanan a complacer a quienes, so pretexto de seguir una voluntad divina, pretenden gobernar con base bíblica ad usum.

El informe del Pew Research Center, titulado «Religión en América Latina: cambio generalizado en una región históricamente católica», demuestra el incremento imparable del sector evangélico en la región que, en 2014, alcanzó el 19% de la población frente a 69% de católicos. La progresión ha sido la siguiente: en 1910, 94% de los latinoamericanos era católico y sólo cerca de 1%, evangélico. En 1950, los evangélicos alcanzaban un 3% y los católicos permanecían en el 94%.

Si antes los partidos conservadores latinoamericanos se apoyaron en los católicos, en el presente se han volcado a captar a evangélicos y protestantes en un ecumenismo de realpolitik:  la verdadera razón es que esas iglesias suman millones de votos.

«Con mis hijos no te metas». En aspectos de género y sexualidad los valores sustentados por los pastores evangélicos latinoamericanos, especialmente la variante neopentecostal, son conservadores, patriarcales y homofóbicos, e intransigentes en sus posturas en contra de los derechos de las personas homosexuales. Al contrario de lo que la propia Biblia enseña: en el segundo libro de Samuel, el rey David llora la muerte de Jonatán, de quien dice que su amor era más dulce que el de las mujeres. «Me eras carísimo. Y tu amor era para mí dulcísimo, más que el amor de las mujeres», puede leerse.

Los jesuitas latinoamericanos le atribuyen a las comunidades evangélicas establecer «contextos relacionales que permiten un cosmos sagrado estable y ordenado, básicamente jerárquicos, tanto en las familias como en las comunidades religiosas. En ese contexto, las propuestas para ampliar la promoción y el respeto de los derechos sexuales y reproductivos, principalmente el reconocimiento legal a familias homoparentales y la despenalización del aborto, son percibidas como una amenaza directa a la familia tradicional. Y, al igual que en la Iglesia católica, en el ámbito evangélico se conformaron movimientos pro-vida y pro-familia, que no buscan ya una representación política evangélica, como en la etapa anterior, sino que intentan presionar a los actores políticos para rechazar lo que llaman la «agenda gay» y la «ideología de género».

Brasil ha vivido una variante respecto de la no representación política señalada por los jesuitas en 2015. Es país pionero en incrementar la presencia legislativa de los evangélicos hasta obtener casi un centenar de legisladores. Y esas iglesias fueron un apoyo gravitante para la elección de Jair Bolsonaro en 2018.

El país con mayor número de católicos en el mundo —en 2005, cuando murió Karol Wojtyla (Juan Pablo II), el entonces presidente Lula decretó siete días de duelo— vivió una ofensiva pentecostal y neopentecostal a partir de la década del setenta, liderada por la Iglesia Universal del Reino de Dios, fundada en 1977. Con el lema «Hermano vota a hermano», o sea, con el mandato de elegir a sus propios representantes en el Poder Legislativo para que estos defendieran los principios y valores de su iglesia. La estrategia electoral fue exitosa. La bancada evangélica comenzó con 33 legisladores, que en las elecciones de 2010 aumentó a 43; a 68, en 2014; y a 75, en los últimos comicios brasileños.

Los distintos sondeos mostraron que, de cara a la segunda vuelta electoral del 28 de octubre de 2018, la inclinación en favor de Bolsonaro entre los electores evangélicos llegaba al 70%; y en el presente se ha conformado en el Congreso Nacional de Brasilia un Frente Parlamentario Evangélico, de carácter suprapartidario y supradenominación.

En las elecciones presidenciales de 2017 en Chile, cuatro asesores de Sebastián Piñera eran pastores evangélicos y este, así como el también candidato de derecha José Antonio Kast, recibieron votos evangélicos.

En Costa Rica, el candidato evangélico Fabrico Alvarado obtuvo el 26% del electorado en la primera vuelta de 2018, con lo que logró una importante bancada que le complica la gestión al presidente Carlos Alvarado. Este martes 3 de marzo, 11 diputados conservadores pidieron sin éxito posponer hasta 2022 la entrada en vigencia del matrimonio igualitario. Y si bien los evangélicos del Partido Restauración Nacional no acompañaron hasta ahora la iniciativa —que naufragó en la Sala Constitucional— en el futuro podrían sumarle sus votos a un nuevo intento.

En Colombia se estima que entre 7 y 10 millones de evangélicos votaron, en 2016, por el “No” en el plebiscito que refrendaba el acuerdo de paz suscrito entre la administración Santos y las FARC. En una campaña que tuvo falsedades de lado y lado, los evangélicos manipularon a la opinión pública al afirmar que los derechos de las mujeres y la comunidad LGTB eran exacerbados si se aprobaba el plebiscito finalmente rechazado por escaso margen. En Paraguay se oponen a que se eduque en sexualidad.

En Argentina la investigadora María Pilar García Bossio sostiene que «las iglesias evangélicas no han logrado aún presentar una opción política que pueda incluir a las numerosas denominaciones locales o que se vuelva atractiva para votantes no necesariamente evangélicos. Frente a esto, sin embargo, se han generado nuevas estrategias de participación política, y fundamentalmente, un intento de quebrar la desigualdad frente a la Iglesia católica». Estrategias que apuntan a levantar “pequeñas iglesias locales, insertas en barrios populares y con una continua acción social en el territorio, específicamente en torno al trabajo en comedores y casas de cuidado de niños y ancianos, y trabajo en la prevención y recuperación de adicciones, además de una tarea de más largo aliento en las cárceles».

También García Bossio anota la articulación del pentecostalismo con el peronismo y el intento de conformar un partido propio como dos líneas de trabajo en el campo partidario. Otro dato que aporta es de 1994, cuando el pastor metodista José Míguez Bonino, participó en la Asamblea Constituyente de ese año, pero como parte del Frente Grande, una fuerza de centroizquierda; es decir, por fuera de su pertenencia religiosa.

En su opinión, «la dinámica de la democracia argentina no parece establecer un vínculo directo entre las creencias en el plano de lo moral-espiritual-religioso y las preferencias en términos electorales».

De ahí que la participación del presidente Lacalle Pou y buena parte de su gabinete de ministros en una celebración religiosa ubica el hecho en otro contexto más serio, que no se dirime con el juego de palabras propuesto por el nuevo Presidente —«Laicidad no es laicismo, es no tener una religión oficial, no significa no tener una creencia»— que lleva a pensar en una respuesta improvisada, o sugerida por interesados, o en un desconocimiento de en qué medida millones de ciudadanos anteponen concepciones jerárquicas, que devienen de supuestos mandatos divinos que van a contramano de sociedades civiles robustas, imprescindibles para superar los riesgos que presentan las cada vez más frágiles democracias regionales.