A medida que una sociedad mejora su situación económica, se empodera y es más asertiva y demandante frente a sus gobernantes. Esto está pasando en Perú. Y sin una institucionalidad fuerte que permita canalizarlas bajo un sistema que arbitre democráticamente los intereses que se generan, quedan abiertas las puertas para el populismo oportunista.

Por Raúl Ferro

(El Cronista Comercial) El presidente peruano Ollanta Humala acaba de cumplir dos años en el poder en medio de protestas y con una caída violenta de su popularidad. A fines de julio, sólo un 39% de la población aprobaba su gestión, 21 puntos por debajo del nivel que mostraba en abril.

Esta caída representa una dolorosa paradoja. Perú ha sido una de las historias de éxito económico en el mundo en las últimas dos décadas. Sólo en los últimos diez años registró un crecimiento promedio del 6,5% anual, crecimiento que ha ido acompañado de una importante reducción en sus niveles de pobreza. Según datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática, la proporción de pobres en Perú cayó del 41,4% de la población en el 2007 a 25,8% en el 2012. Solo entre el 2011 y el 2012, unos 1,3 millones de peruanos salieron de la pobreza.

¿Por qué, ante estas cifras contundentes, la población ha perdido la confianza en su presidente? Hay aspectos coyunturales que pueden explicarlo. El recrudecimiento de la delincuencia es uno de ellos. La desaceleración de la economía es otro (desaceleración, sin embargo, muy relativa: El gobierno y el Banco Central de Reserva hace unas semanas ajustaron las proyecciones de crecimiento del PIB para este año de 6,5% a 6%).

Hay un tercer hecho, sin embargo, que generó fuerte malestar en la población y que pone el dedo en la verdadera llaga de la realidad peruana: la forma en que el gobierno negoció con la oposición el nombramiento de seis jueces del Tribunal Constitucional para asegurar su control, barajando el nombramiento por parte del Congreso de estos magistrados como si fuera un juego de póker.

Para la opinión pública se trató de una repartija de privilegios entre políticos. Pero se trata sobre todo de una evidencia contundente de la debilidad institucional del Estado (y de la sociedad) peruano. Los sucesivos gobiernos que en los últimos 23 años construyeron el milagro económico peruano han sido negligentes en la construcción paralela del andamiaje institucional para consolidar el crecimiento y avanzar como Nación y como sociedad. Es más. Buscando una gobernabilidad express, han atentado contra esa institucionalidad. El ejemplo más extremo fue el autogolpe de Alberto Fujimori en 1992, con la disolución del Parlamento y el diseño de un Congreso a su medida. Pero los sucesores de Fujimori continuaron con un estilo de gobernar más cercano a las repartijas para comprar apoyos y poder gobernar –como en el caso del Tribunal Constitucional recién mencionado– que al de la construcción de consensos para ganar gobernabilidad a través de la solidez institucional.

Es cierto que la atomización política que sufre Perú no ayuda (en las elecciones presidenciales del 2006 se presentaron 24 candidatos a la presidencia y en el 2011 fueron 12, aunque dos de ellos se retiraron antes de los comicios). Pero la construcción de instituciones creíbles y confiables, que canalicen los intereses de la sociedad y establezcan reglas del juego justas y democráticas es una tarea crítica para los peruanos. Al fin y al cabo, la caída de la popularidad de Humala no es un fenómeno aislado. Su antecesor, Alan García, mostraba un nivel de aprobación de un 26% solamente en su tercer año de gobierno, mientras que en el caso de Alejandro Toledo a mediados de su mandato mostró un grado de aprobación de apenas un 8%. A ninguno de ellos les sirvió gobernar un país que estaba sólidamente insertado en un proceso de crecimiento económico.

La debilidad institucional es uno de los grandes riesgos que enfrenta Perú. El avance económico y social de las últimas dos décadas puede irse por la borda si la Nación no cuenta con instituciones sólidas y funcionales. A medida que una sociedad mejora su situación económica, se empodera y es más asertiva y demandante frente a sus gobernantes. Esto está pasando en Perú. Y sin una institucionalidad fuerte que permita canalizarlas bajo un sistema que arbitre democráticamente los intereses que se generan, quedan abiertas las puertas para el populismo oportunista. Desgraciadamente, la historia está llena de estos casos. Para muestra, un botón: la involución de Argentina desde 1920 hasta la actualidad, una nación boyante a principios del siglo XX.

Fuente: El Cronista Comercial (Buenos Aires, Argentina)