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26.09.05

Los candidatos y su compromiso con la austeridad legislativa

Por Gabriel C. Salvia

Las elecciones legislativas que se realizarán en Argentina el 23 de octubre de 2005 representan una excelente oportunidad para encuestar a los candidatos sobre su compromiso para reducir el costo del Congreso Nacional. Al respecto, el proyecto de ley de presupuesto 2006 del Poder Legislativo Nacional incluye un incremento de $ 108.755.491 y la designación de 227 nuevos empleados, pasando así de 9808 agentes en el 2005 a 10.035 en el 2006. Además, últimamente se incorporó la figura del personal contratado, que en el 2005 representó $ 14.817.000.- y para el 2006 tiene previsto una suma de $ 15.074.000. Por otra parte, el personal de la imprenta volverá a tener 502 agentes, 18 mas de los 484 que tuvo en 2004 y 2005; y la biblioteca -un gran reducto de ñoquis- contará el próximo año con 1024 empleados, es decir, 66 más de los que tuvo durante los tres últimos períodos.
Obviamente, todo este personal ingresa por recomendación política y no parece estar en los planes una propuesta para la selección del personal legislativo por concurso. Mucho menos reducir el gasto político-administrativo del Congreso, lo cual implica básicamente reducir su personal. En ese caso, una propuesta muy simple sería asignar una suma fija por cada legislador nacional -diputados y senadores- que reduzca en un cincuenta por ciento el gasto del personal temporario (el que supuestamente llega y se va con cada legislador). Es decir, de los actuales $ 305.191,48 que representa el gasto por legislador en el 2005, se pasaría a $ 152.595,74.- y así se ahorrarían $ 66.615.904. De esta manera, cada legislador contaría con igual presupuesto -unos 12.716,31 mensuales- y designaría como "contratados" a los colaboradores que considere necesario, ahorrando así también los gastos de asignaciones familiares y de asistencia social. En tal caso, un legislador podría compartir con otro/s legislador/es parte de su presupuesto para una secretaria -como hacen los diputados de Chile- asistentes, asesores o secretarios parlamentarios, y contratarlos directamente por la prestación de dichos servicios o a través de las universidades y ONG's.

La "Burocracia legislativa"

Vale la pena recordar que en 1930 el Congreso Nacional contaba con 432 empleados, pasando a 1.344 en 1954, a 11.505 en 1993, a 9.852 en el 2001, a 9.587 en el 2004 y para el 2006 tendrá 10.035, esta última una cantidad similar a la de los años 1997/99. Por su parte, la imprenta tenía 230 empleados en el año 1960, llegó a tener 850 entre los períodos 1993/96, se redujo de 782 a 650 del 2000 al 2001, se mantuvo luego en 502 el 2002 y 2003 y bajó a 484 en los últimos dos períodos para volver ahora a los 502 agentes. A su vez, la Biblioteca del Congreso de la Nación tuvo 89 empleados en 1954, luego 219 en 1960 y llegó a tener 1270 en el año 1993. En los últimos tres años la biblioteca tuvo 958 empleados, los cuales ahora se incrementarán a la cantidad de 1024.

La ley de presupuesto y la reforma del estado en el Congreso Nacional

La discusión del proyecto de Ley de Presupuesto de la Administración Pública Nacional, que ingresó recientemente en la cámara baja, debería ser el debate político de fondo, pues se trata nada menos que aprobar, por parte del Congreso de la Nación, en qué se va a gastar, cuánto se va a gastar y cómo se van a gastar los recursos que recauda el estado. Este debate presupuestario es más importante que las promesas y propuestas que se realizan durante las campañas electorales. Al tratar esta ley se considera el tamaño del gobierno nacional, los recursos con los que contarán sus distintos programas y el costo que representará para los contribuyentes. Contrariamente, la falta de un profundo debate del presupuesto nacional demuestra la actitud hipócrita de muchos políticos, muy elocuentes en su preocupación por la situación de pobreza y exclusión social, pero muy inoperantes e irresponsables a la hora de decidir cómo se gasta.
Y, por ejemplo, al analizar el proyecto de ley de presupuesto, los legisladores deberían empezar por hacer más transparentes los gastos del propio presupuesto del Poder Legislativo, procurando disminuir los mismos, pues hay mucho para reducir. Así, a la propuesta de eliminar los nombramientos de personal temporario y reemplazarlo por la asignación de una suma fija por cada legislador para personal contratado, se podría agregar la reducción de la cantidad de comisiones permanentes en Diputados, y también la disolución de la imprenta del Congreso Nacional, pues con la aparición de internet su existencia es innecesaria y retrasa la publicidad de la actividad legislativa. Asimismo, como ya se mencionó, todas las designaciones de personal permanente deberían realizarse por concurso y no por recomendación política y debería incluirse la nómina de los mismos en internet.
Entonces, si para las próximas elecciones hay algún candidato a diputado o senador nacional comprometido con la austeridad y la transparencia republicana, podría tomar como propuesta la reforma del estado en el poder legislativo y si resultara electo podría empezar a aplicarla empezando por sus propios colaboradores.

Gabriel C. Salvia es Director General del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y editor del "Burocratómetro".