El portal informativo de
 
Artículos / Derechos Humanos
Hugo Machín Fajardo

Colombia sufre grave atentado terrorista

Jurídicamente ya no existe la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN y fueron cursadas nuevamente las órdenes de captura contra los dirigentes del ELN en La Habana. Esa es la principal consecuencia política del atentado terrorista de acuerdo a lo decretado en la tarde del viernes 18 por el presidente Iván Duque.

Por Hugo Machín Fajardo
Twitter: @MachinFajardo
19 de enero de 2019
 

La camioneta cargada con 80 kilos de pentotita detonada el pasado jueves 17 de enero a la 9.30 de la mañana en el interior de la Escuela de Cadetes de Policía de Bogotá, pudo haber sido activada mediante control remoto desde un celular, un aparato de radio, sin descartar que haya sido desde el interior del vehículo.

A 22 horas del atentado que causó 21 muertes y 68 heridos, sacudió a la sociedad colombiana y generó preocupación y solidaridad internacional. El ministro de Defensa de Colombia, Guillermo Botero aportó esos y otros datos a la prensa.

Según su relato, el conductor del vehículo, José Ademar Rojas Rodríguez (56), logró ingresar al predio policial aprovechando la apertura ocasional de un portón. Tras enfilar la camioneta Nissan Patrol plateada hacia la zona de edificios de la institución acude uno de los custodias para inquirir al conductor, quien entonces desplaza su vehículo en marcha atrás por unos 50 metros y en ese momento explota.

Habían transcurrido tres minutos de la irrupción violenta en el predio policial por la camioneta conducida por Rojas, a quien las autoridades han identificado como un experto en explosivo pereciente al Ejército de Liberación Nacional (ELN). A las 2 de la madrugada del viernes 18 fue capturado en Bogotá y llevado a la Fiscalía Ricardo Andrés Carvajal acusado de ser autor intelectual del atentado y de pertenecer al ELN, quien habría aceptado los cargos.

Ruptura del diálogo. Jurídicamente ya no existe la mesa de diálogo entre el Gobierno y el ELN y fueron cursadas nuevamente las órdenes de captura contra los dirigentes del ELN en La Habana. Esa es la principal consecuencia política del atentado terrorista de acuerdo a lo decretado en la tarde del viernes 18 por el presidente Iván Duque, quien ya había establecido tres días de duelo nacional con banderas a media asta.

Duque pidió también la captura de los 10 integrantes del ELN que están en La Habana, donde residen desde el 8 de mayo del 2018, luego de ser expulsados de Ecuador país en que transcurrían las conversaciones de paz con el gobierno colombiano. Colombia activó las circulares rojas de Interpol contra esa cúpula del ELN.

Queda planteado el debate de la administración Duque con la dictadura cubana para que se concrete o no, la captura de los requeridos por la Fiscalía colombiana que ha responsabilizado del atentado al ELN “por línea de mando”.

De acuerdo a los protocolos de las conversaciones de paz –que tienen como países garantes a Chile, Noruega y Venezuela- el Gobierno cubano dispone de hasta dos semanas para expulsar de la isla a los dirigentes del ELN.

El ELN, nacido en 1964, era la segunda guerrilla colombiana después de las fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), hoy desmovilizadas y transformadas en partido político; que nunca se plegó al acuerdo de paz suscrito entre el entonces presidente Juan Manuel Santos y las Farc. El ELN fue fundado por sacerdotes católicos imbuidos del guevarismo y devino en un grupo armado que disputa con otras bandas criminales el control de territorios rurales y la producción de coca.

El atentado inédito en la historia de la violencia colombiana, y que despierta dudas sobre una eventual inmolación de Rojas, ocurre un día después del ultimátum dado al ELN por el Gobierno. El alto comisionado para la Paz de Colombia, Miguel Ceballos, había explicitado el miércoles 16 de enero las condiciones para retomar los diálogos entre ambas partes: "El ELN tiene que tomar una decisión ética y política urgente. Tiene que definir si realmente es un grupo que quiere dejar las armas y que quiere de verdad que las transformaciones sociales en Colombia se realicen sin violencia, hay que sacar la violencia de la política".

Horas antes al anuncio del comisionado para la paz colombiano, la guerrilla admitió un nuevo atentado ocurrido el 11 de enero de 2019. El grupo armado reconoció que secuestró a los tres tripulantes de un helicóptero que fue derribado en una zona de la región colombiana del Catatumbo, fronteriza con Venezuela. La guerrilla informó tener “retenidos” al capitán Julio Díaz, a Carlos Quinceno y a Maxwel Jojay.

El ELN, cuyos efectivos se calculan en aproximadamente en unos 1.500 y varios miles de milicianos, si bien inició durante la administración Santos conversaciones de paz con el estado colombiano en Quito el 7 de febrero de 2017, a la fecha no hay avances más allá de alguna suspensión puntual del fuego.

Con ataques a la fuerza pública, 17 personas secuestradas, nueve de las cuales desde la asunción de Duque en agosto, así como las últimas 33 voladuras de oleoductos, se movilizan contando con la retaguardia que supone refugiarse en Venezuela; lo que llevó al presidente Duque a congelar esos diálogos hasta tanto el ELN no diera señales de querer efectivamente llegar a un acuerdo.

El experto colombiano en temas de seguridad, Alejo Vargas, dijo a la emisora Blue Radio de Bogotá que al mediodía del viernes 18, el ELN no había asumido formalmente la autoría del atentado terrorista, lo que abre la posibilidad de que otras de las organizaciones delincuenciales sea la responsable del hecho. También cabe la posibilidad de que el atentado fuera decidido por un sector del ELN que no es controlado por la cúpula de La Habana. 

El ELN desactivó en redes sociales su cuenta denominada “paz”.

Gente en armas. Numerosos grupos armados organizados operan en diferentes sitios del territorio colombiano. Originados en la desmovilización de los grupos paramilitares de mediados de la década del 2000, ocurrida durante la administración de Álvaro Uribe. El Clan del Golfo, también denominada Autodefensas Gaitanistas de Colombia, cuenta, con 1.900 integrantes.

Los Puntilleros, una banda integrada por 70 hombres; los Pelusos, un grupo que se sigue autodenominando Ejército Popular de Liberación (EPL), como fuera años ha cuenta con 132 miembros, según datos oficiales. Los Rastrojos es un grupo creado en 2002 que cuenta con unos 80 integrantes que opera en la frontera con Venezuela. La Cordillera, grupo nacido en los noventa para controlar el narcotráfico en la ciudad de Pereira. Los Buitragueños, proceden de una familia que creó las Autodefensas Campesinas de Casanare (ACC). Otros grupos son los Botalones; los Caqueteños, los Costeños, formado en 2013 por el debilitamiento de Los Rastrojos en la Costa Caribe. Los Pachenca y el Clan Isaza, completan la lista.

Las disidencias de las Farc, por su parte, rondan los 800 combatientes.

Repudio unánime. El repudio al atentado ha sido unánime en Colombia. El principal dirigente opositor al Gobierno, ex guerrillero del M19, ex alcalde de Bogotá y senador, Gustavo Petro, quien obtuviera ocho millones de votos en segunda vuelta de las elecciones de 2018, trinó que “es aberrante el atentado a la policía, un atentado contra la mujer y contra el país. Nos devolvimos a algo que debimos abandonar como sociedad: la violencia y el odio. Honor a las personas muertas y sus familias". Petro alude a que el carro bomba explotó cerca de los dormitorios femeninos de la escuela policial lo que incluyó mujeres entre las víctimas.

Expertos internacionales, así como ex líderes guerrilleros latinoamericanos reincorporados a la vida democrática, han insistido en que la sociedad colombiana no se deje ganar por una nueva etapa de atentados de esta índole como las vividas en épocas de Pablo Escobar o de recrudecimientos del conflicto bélico que este país sufrió a lo largo de más de 50 años.

El pedido de los entrevistados internacionales en las emisoras colombianas es de que Colombia no proyecte internacionalmente la imagen de que se ha fracturado el esfuerzo por lograr erradicar el terrorismo en su territorio.

Analistas económicos consultados por el periódico Portafolio, coincidieron en que el clima de inversiones en el país no se verá afectado a raíz del atentado terrorista en la medida que no se trata de una “ola terrorista” sino de un episodio extraordinario.

Los partidos del gobierno pidieron levantar la mesa de dialogo con el ELN. Otros sectores políticos aceptaron que la mesa de diálogo “voló en pedazos” con el atentado terrorista, pero aspiran a que no se renuncie a generar espacios de diálogo con esa guerrilla.

La asociación de campesino del bajo Cauca, departamento de Antioquia, dice que los ciudadanos rurales serían los principales perjudicados de reactivarse la violencia. Asimismo, el gobernador del departamento de Santander, William Villamizar, advirtió que la nueva situación generada en el país afecta directamente a los campesinos de su departamento. El mismo escenario puede esperarse en la región de Urabá, en los departamentos del Chocó y Nariño, en el centro del país, en Casanare, Boyacá y sur de Bolívar. Territorios con presencia del ELN.

El ex dirigente del ELN, Carlos Velandia, alias “Felipe Torres” quien lleva 14 años reincorporado a la vida civil, luego de una década en prisión, también reclamó a sus ex compañeros que liberen a los secuestrados sin exigir ninguna contraprestación y cesen unilateralmente las acciones armadas.

Líderes sociales. Otro plano de la realidad social colombiana que no puede soslayarse en un escenario que se verá afectado por este atentado que deja 21 muertos y decenas de heridos, es el exterminio de líderes sociales. En lo que va de 2019, son nueve líderes comunitarios y defensores de los de derechos humanos o de restitución de tierra, asesinados que se suman a las 431muertes registradas desde enero de 2016, según la Defensoría del Pueblo -la Fiscalía General consigna 231 para el mismo periodo- cuando se inició el proceso de paz con las Farc.

El gobierno de Colombia sostiene que se ha esclarecido más de la mitad de los homicidios (126) según el conteo de la Fiscalía General, y determina que el 35 por ciento de esos crímenes fueron cometidos por particulares y no por grupos armados. Según esos datos las bandas criminales son el segundo responsable, 24 por ciento, y en tercer lugar, aparece el Clan del Golfo con un 10 por ciento de los homicidios.

El comisionado gubernamental Ceballos dijo el 10 de enero al periódico El Tiempo que seis líderes sociales fueron asesinados por el ELN, así como 12 ex integrantes de las Farc.

Esta tragedia ha motivado el llamado de la ONU al Gobierno a frenar los asesinatos, amenazas, atentados y extorsiones. Se suma el reclamo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de que Colombia instrumente una acción eficaz de protección al respecto.

 
Acerca del autor
Hugo Machín Fajardo
Hugo Machín Fajardo
Periodista desde 1969, una forzada interrupción entre 1973 -1985, no le impidió ejercer el periodismo clandestino. Secuestrado en 1981 por la dictadura uruguaya, permaneció desaparecido y torturado hasta 1982, en que fue recluido en el Penal de Libertad hasta 1985. Ex -docente de periodismo en Universidad ORT, de Montevideo. Ex vicepresidente de la Asociación de la Prensa Uruguaya (APU). Jurado del Premio Periodismo para la Tolerancia, 2004, de la Federación Internacional de Periodistas (FIP) /Unión Europea. Coordinó "Periodismo e Infancia-2005". Integró diversas redacciones periodísticas de medios y agencias de noticias en Montevideo, Uruguay. Actualmente se desempeña como free -lance.
Twitter: @MachinFajardo
[INSERT INTO total_leidos (id_nota, sitio) VALUES (11654, '1')]