22.4.2019
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María Guillermina Frigerio
Los graves abusos contra los Derechos Humanos en Nicaragua
Por María Guillermina Frigerio
Twitter: @guillerminaf98
8 de febrero de 2019
Según el informe «Freedom in the World 2019» realizado por Freedom House, las violaciones contra los derechos humanos en Nicaragua incluyen desapariciones forzadas, tortura y malos tratos en centros de detención, la presunción de existencia de centros de detención clandestinos y violaciones a las garantías de un proceso legal y justo. El gobierno de Nicaragua está recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación.
 

Tras el inicio de un incendio en la reserva biológica Indio Maíz, el 3 de abril de 2018, los miembros del Movimiento Campesino comenzaron a manifestarse por la falta de respuesta y asistencia del Estado a la zona en crisis. Días más tarde, se anunció el recorte de fondos al Instituto Nicaraguense de Seguridad Social (INSS), encargado de repartir las asignaciones del Estado. Es entonces cuando en Nicaragua comenzó a gestarse lo que hoy podemos ver como el inicio de una crisis humanitaria.

Estas manifestaciones no son las primeras de su tipo. Según el informe Freedom in the World, desde las elecciones legislativas de 2017 donde el partido de Ortega impuso su lista para obtener la mayoría en el parlamento, las protestas sociales se vienen dando en un marco de violencia que crece a la par de las políticas autoritarias del partido sandinista, el cual gobierna Nicaragua desde 2006.

Los primeros en manifestarse a raíz de los sucesos en la reserva fueron miembros de organizaciones ambientalistas, campesinos y estudiantes. Y en menos de un mes las manifestaciones ya eran de la sociedad civil en general. La policía reprimió duramente a los manifestantes, haciendo uso de organizaciones militares progubernamentales. Si bien algunos manifestantes respondieron con violencia, la mayoría se manifestaba en paz.

El 22 de abril, el presidente Ortega anunció el retiro del proyecto de reforma al INSS. El 24 de abril, el Gobierno aceptó iniciar un Diálogo Nacional con un grupo de manifestantes, conocidos como la “Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia” compuesto por organizaciones de la sociedad civil, estudiantes, organizaciones campesinas y el sector empresarial, con la Iglesia Católica actuando como mediadora.

Cabe destacar que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha divulgado información que afirma la existencia de una “operación limpieza” que se desarrolla a la par del diálogo. Esta operación, iniciada en junio de 2018, consiste en la detención sin papeles oficiales ni motivo a individuos que participaron de manifestaciones.

La dimensión que toman las desapariciones son tales que, el 31 de julio de 2018, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) reportó un crecimiento exponencial de solicitantes de asilo de nicaragüenses en Costa Rica y otros países; un promedio de 200 solicitudes de asilo diarias son presentadas y 23.000 solicitudes habrían sido presentadas desde abril a julio. Además de los nicaragüenses que están huyendo de su país por razones de seguridad, se espera que aumente el número de migrantes a medida que la situación económica en Nicaragua continúe deteriorándose.

Estas situaciones no son nuevas ya que, en 2009, en el marco del Informe previo al primer Examen Periódico Universal (EPU) de Nicaragua presentado por la ONU, el Comité contra la Tortura señaló que Nicaragua “debe adoptar medidas efectivas para combatir y prevenir actos de violencia contra los miembros de la oposición política, sus simpatizantes y representantes de las organizaciones no gubernamentales, en el marco de las manifestaciones pacíficas, así como proteger adecuadamente a los manifestantes”.  Luego, en el informe presentado por la ONU en el marco del segundo EPU de Nicaragua (2014), se hacen múltiples observaciones sobre la precaria situación en la que se encuentran los Derechos Humanos en Nicaragua, desde el Comité de Derechos Humanos, que reiteró en 2012 su recomendación relativa a las personas privadas de libertad, e instó “a que Nicaragua mejorara las condiciones de todas las personas privadas de libertad, cumpliera las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos y abordara la cuestión del hacinamiento”.

Según el informe “Freedom in the World 2019” realizado por Freedom House, las violaciones contra los derechos humanos son múltiples, entre las que se encuentra la obstaculización del acceso a la salud, desapariciones forzadas, tortura y malos tratos en centros de detención, la existencia de presuntos centros de detención clandestinos y violaciones a las garantías de un proceso legal y justo.

La crisis de derechos humanos en Nicaragua continúa y las autoridades siguen recurriendo a campañas de descrédito, amenazas de persecución penal, despidos arbitrarios de funcionarios públicos y otras formas de acoso e intimidación en contra de aquellos percibidos como críticos del Gobierno. Por su parte, de acuerdo al reporte realizado por Human Rights Watch, entre noviembre y diciembre de 2018 el Congreso canceló la personería jurídica de nueve organizaciones de la sociedad civil a instancias del Ministerio de Gobernación. La policía allanó las oficinas de cinco de estas organizaciones y se llevó documentos y computadoras. Este patrón ha instaurado un clima de miedo y desconfianza en la población.

Las respuestas internacionales a la crisis humanitaria de Nicaragua han sido múltiples. Luego de una visita al país en mayo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) difundió un informe en el cual concluyó que las autoridades nicaragüenses habían perpetrado abusos generalizados al responder a las protestas, y que no se trataba de acciones aisladas de agentes insubordinados. La CIDH creó entonces un Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI). Sin embargo, por múltiples que sean las condenas del mundo a Nicaragua, la respuesta del gobierno es siempre la misma: negar, ocultar y prohibir el acceso a la información.

 
Twitter: @guillerminaf98