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Marlene Azor Hernández

El gobierno de Cuba rechaza 116 recomendaciones de Naciones Unidas (I)

(Cubaencuentro) 32 recomendaciones las rechaza totalmente y 84 toma nota, pero tampoco las acepta, siendo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Por Marlene Azor Hernández
27 de marzo de 2019
 

(Cubaencuentro) Según los documentos resultados de la Evaluación Periódica Universal EPU de Cuba en mayo del 2018, el gobierno cubano rechazó 32 recomendaciones sobre las violaciones de derechos laborales civiles y políticos y tomó nota, pero declaró no cumplir, al menos en los próximos cinco años, 84 recomendaciones de los gobiernos representados en Naciones Unidas. En síntesis, el gobierno cubano rechaza el Derecho Internacional en su legislación interna siendo miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU.

Dice que la redacción de las que toma nota, no le gusta y que la jurisprudencia nacional primará por encima del derecho internacional. Así aparece también, en el artículo 8 de la Constitución estalinista cubana. Lo cual se traduce en que es el PCC, partido por encima y al margen de la ley quien defina la interpretación de los derechos humanos universales para el pueblo de Cuba, un partido que no se ha sometido a las urnas en 60 años de involución y que funciona por encima del estado cubano sin control ciudadano alguno.

Por supuesto estos documentos no han sido publicados por el MINREX ni la prensa nacional y sigue prohibida la discusión sobre los derechos humanos en la Isla, con represalias que van desde el despido laboral a la cárcel. Es decir, de manera intencional, el gobierno cubano oculta todos los señalamientos que se le hacen en la ONU al pueblo que dice gobernar, porque la desinformación de sus medios monopólicos de comunicación es un instrumento más de dominación al servicio del partido ilegítimo[1].

Las primeras recomendaciones analizadas en un artículo anterior están referidas a las violaciones de los derechos civiles laborales y políticos del gobierno cubano. Como es habitual en las tiranías, los gobiernos se colocan en “el estado de negación”. No existen violaciones laborales civiles ni políticas en Cuba, si algo sucedió es otra la interpretación, y se debe a los “mercenarios pagados por el imperio” figura creada por la dictadura para reprimir y demonizar toda discrepancia con relación a todas las políticas públicas del gobierno. En tercer lugar, la “negación” implica los atropellos sin derecho a la indemnización.

La impunidad del gobierno cubano se resguarda en la ONU con tres estrategias fundamentales del gobierno:

  1. El estado de negación. No ha ocurrido nada de lo que dicen los ciudadanos cubanos independientes ni las organizaciones de la sociedad civil independiente cubana. “En Cuba no se viola ningún derecho humano” como de manera reiterada dice el Canciller y la delegación permanente del gobierno cubano en la ONU.
  2. La prohibición de acceso de la sociedad civil independiente a los foros de Naciones Unidas. No dejan salir del país a los activistas de las organizaciones invitadas a los foros de la Asamblea o a los encuentros de la sociedad civil internacional en Naciones Unidas mientras los intimidan reprimen y los arrestan dentro del país.
  3. El rechazo a invitar a los Relatores de derechos humanos de la ONU a visitar Cuba. Así, los Relatores de los derechos de libertad de expresión, asociación, y reunión han sido sistemáticamente rechazados por el gobierno de Cuba. Los Relatores sobre la tortura, los tratos crueles y degradantes que han solicitado visitar el país y las cárceles cubanas han sido rechazados. La Crus Roja internacional ha tenido intercambio con las autoridades cubanas, pero no se les ha permitido visitar las cárceles del país. No han sido tampoco invitados los relatores sobre los derechos de la mujer, la discriminación racial, los discapacitados y le han sido señalado de manera reiterada al gobierno cubano, que no cumple con las comunicaciones que debe ofrecer a Naciones Unidas sobre la situación de los niños/a y adolescentes cubanos.

Las “visitas dirigidas” de los Relatores sobre la trata, la alimentación y los cooperantes en los últimos 12 años impidieron el conocimiento de las violaciones de esos mismos derechos en Cuba y de sus cooperantes en el extranjero. El gobierno no acepta las visitas de relatores que puedan reunirse libremente con ciudadanos y organizaciones de derechos humanos y de la sociedad civil independientes al Partido Comunista cubano.

Las 84 recomendaciones que toma nota pero que declara no cumplirá al menos en los siguientes 5 años hasta la próxima Evaluación Periódica Universal, con el añadido de desafiar al derecho internacional y declarar su legislación nacional por encima del derecho internacional, son las siguientes:

25 países le piden al gobierno cubano que ratifique los dos Pactos internacionales de Derechos Humanos, el Pacto de derechos civiles y políticos y el Pacto de derechos económicos, sociales y culturales. Cuba se niega.

Así lo recomiendan: Austria, Japón, Liechtenstein, Côte d’Ivoire, Níger, Chipre, El Salvador, Chile, México, Nepal, Paraguay, Eslovaquia, Francia, Portugal, Australia, Polonia, Alemania, Perú, España, Grecia, Croacia, Trinidad y Tobago, Italia, Finlandia y Noruega. Este último añade que se avance rápidamente hacia la ratificación y sin reservas[2].

Costa Rica recomienda: Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y establecer un marco jurídico e institucional que garantice el pleno ejercicio de los derechos consagrados en él, incluidos los derechos a la libertad de expresión, reunión y asociación pacífica, y firmar y ratificar el Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes.

Chequia recomienda: Adherirse al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y al Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y ajustar la legislación nacional a lo dispuesto en esos Pactos, incluso asegurando el acceso sin trabas a Internet.

Indonesia recomienda: Consolidar el marco jurídico e institucional para la promoción y protección de los derechos humanos, entre otras cosas agilizando el proceso de ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Estonia recomienda: Ratificar el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y sus dos protocolos facultativos.[3]

En los próximos artículos seguiremos analizando el irrespeto al Derecho Internacional del gobierno cubano en las 116 recomendaciones que rechaza. La población no se entera de lo que hace el gobierno cubano en Naciones Unidas, sólo algunos tuvieron acceso por Internet al reciente “acto de repudio” de la delegación cubana, en la sesión en defensa de los prisioneros políticos en Cuba.

Marlene Azor Hernández es consultora de Observatorio cubano de Derechos Humanos con sede en Madrid. Doctora en Ciencias Sociales y Humanidades por la UAM, México.


[1] Ilegítimo es todo partido que no sea contrastado en elecciones libres y democráticas, ilegítimo es todo partido político no sometido a ley de control y fiscalización ciudadana, que es el soberano.

[2] Cuando se ratifican los Pactos con reservas es que el gobierno del país acepta algunos postulados del Pacto, pero no acepta otros. Los Pactos definen los aspectos que no son posibles de rechazar.

[3] Los protocolos facultativos son los reglamentos de aplicación de los Pactos.

Fuente: (Cubaencuentro)

 
Acerca del autor
Marlene Azor Hernández
Marlene Azor Hernández
Socióloga de formación, imparte cursos de capacitación en las empresas o cursos regulares de maestría y diplomado en varias universidades, todos relacionados con el Desarrollo Humano en las empresas.
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