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Jeanne Foucaud

Los derechos humanos en la política exterior de los países de América Latina

Entre los países de América Latina, 15 incluyen a la mención de los derechos humanos en su política exterior según las páginas web de sus respectivas cancillerías, aunque mayormente existe un desajuste entre la política exterior y la política interna de los mismos. Por su parte, Cuba, Nicaragua y Venezuela son los tres países latinoamericanos que no hacen de la defensa de los derechos humanos un objetivo de sus políticas exteriores.

Por Jeanne Foucaud
12 de abril de 2019
 

El respecto de los derechos humanos en los países brinda una mayor legitimidad internacional, aunque aplicarlo en el plano de la política exterior contempla limitaciones. La mayoría de los países de América del Sur hacen de los derechos humanos una de las prioridades de sus políticas exteriores. Este discurso de los ministerios de relaciones exteriores no es solo algo superficial sino que también puede tener un impacto real. Los países latinoamericanos conocen la importancia de una red internacional de apoyo en la lucha por los derechos humanos. En efecto, la denuncia internacional de las violaciones de los derechos humanos sufridos por los países de América latina en las décadas del setenta y ochenta durante los regímenes autoritarios permitió presionar sobre los gobiernos represivos.

Independientemente de su potencia política, económica, o cultural, de su localización en América Central o del Sur, la mayoría de los países latinoamericanos integran los derechos humanos en su política exterior. Brasil recuerda que «La Constitución Federal determina la prevalencia de los derechos humanos como uno de los dos principios que deben regir las relaciones internacionales de Brasil»; la dirección de derechos humanos del ministerio de relaciones exteriores de Chile coordina la acción internacional del país en materia de Derechos Humano; la Secretaría de Relaciones Exteriores de México cuenta con una Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos ; el ministerio de relaciones exteriores argentino valora « la libertad, la democracia, los derechos humanos, la solidaridad, el multiculturalismo, la libertad de cultos, la igualdad de género, entre otros que hoy son parte de nuestra realidad, son reforzados y protegidos a través de la acción internacional del Estado»; Colombia se compromete en « la promoción, respeto y la garantía de los Derechos Humanos y las normas del Derecho Internacional Humanitaria» ; la cancillería del Salvador tiene como objetivo «Reforzar el compromiso del Estado salvadoreño como promotor de los derechos humanos en la agenda nacional e internacional» ; Honduras como Guatemala integran los derechos humanos en los objetivos de política exterior de sus países; la política exterior costarricense se fundamenta en « La promoción, la protección y el respeto de los Derechos Humanos y libertades fundamentales »; la defensa de los derechos humanos es uno de los ejes centrales de la política exterior de la República Dominicana como lo dijo en un discurso el canciller Miguel Vargas; la Canciller de Panamá, Isabel de Saint Malo de Alvarado, ratificó antes de las Naciones Unidas el liderazgo del país en materia de derechos  humanos y equidad de género ; el Canciller paraguayo Luis Alberto Castiglioni señaló que la política exterior paraguaya se apoya en el respeto y promoción de los derechos humanos y de la defensa de la democracia ; el Canciller peruano declaró que Perú es « un país comprometido con […] la promoción y protección de los derechos humanos y la democracia » ; también el Canciller ecuatoriano dijo que los derechos humanos son una de las prioridades de la política exterior del país; y, por fin, durante una intervención en el consejo de derechos humanos en Ginebra, el Canciller uruguayo Nin Novoa se refirió a los derechos humanos como un principio que inspira la política exterior del país.

Esta característica de las políticas exteriores de los países latinoamericanos se materializa de diferentes maneras, como la integración en organizaciones internacionales, la creación de áreas especializadas en los derechos humanos dentro del ministerio de relaciones exteriores como México que tiene una Subsecretaría de Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos, y también, algunos países crean iniciativas como Ecuador que decidió priorizar la promoción y la protección de los derechos humanos durante el año 2018.

La investigación en las páginas web de las cancillerías de los países y de los discursos de los ministros de las relaciones exteriores sobre el tema, permite dar cuenta que si los derechos humanos hacen parte de la agenda internacional de una gran parte de los países latinoamericanos, todos estos países no hacen de ellos una prioridad.  Por ejemplo, en la página web de la cancillería boliviana no aparecen como el eje principal de la política exterior del país, pero, siendo parte de la asociación birregional Eurolat, el país muestra cierta preocupación por ellos.  Diego Pary Rodríguez, el ministro de relaciones exteriores boliviano dijo: «[Dialogamos] sobre temas globales tales como el reforzamiento, el fortalecimiento del multilateralismo, el fortalecimiento del sistema de Naciones Unidas, la promoción de un sistema comercial global más justo y equitativo, la promoción de los derechos humanos». El caso boliviano no es único. Hay que subrayar que muchos de los ministerios de relaciones internacionales de los países dan más importancia a su integración en el comercio global, a la protección de los intereses del país y de sus ciudadanos que están al extranjero, a la paz y a la seguridad internacional, y a los tratados de cooperación internacional. Por ejemplo, se puede leer en la pagina web de la cancillería peruana que sus prioridades son: « La promoción y la defensa de los intereses del Perú y la protección de nuestros connacionales en el exterior». Los intereses nacionales económicos, políticos y diplomáticos tienen entonces la prioridad sobre la defensa y la promoción de los derechos humanos.

Recordando la posición de los países latinoamericanos respecto a la promoción de los derechos humanos en la escena internacional, es necesario pensar el existente desajuste entre la política exterior y la política interna de los países. El informe de 2019 de Human Rights Watch permite subrayar las violaciones de los derechos humanos en los mismos países que reivindican la promoción de estos derechos en su política exterior. Se puede distinguir similitudes entre los países como la violencia de las fuerzas militares y policial contra ciudadanos (México, p.396: « México confió mucho en el ejército para combatir la violencia relacionada con las drogas y el crimen organizado, lo que lleva a violaciones generalizadas de los derechos humanos por parte de personal militar ») o líderes sociales ( Colombia, p. 151: « Defensores de derechos humanos, periodistas, líderes indígenas y afrocolombianos y otros activistas comunitarios han enfrentado amenazas de muerte y violencia») ; la situación crítica del sistema penitenciario (Argentina, p.36: « La superpoblación, los malos tratos por parte de los guardias, las instalaciones inadecuadas y la violencia de los reclusos continúan en las cárceles de Argentina »); las violaciones contra la libertad de expresión (Brasil, p.95: « Más de 140 reporteros que cubrían las elecciones fueron hostigados, amenazados y, en algunos casos, atacados físicamente»); la falta de reconocimiento de los derechos indígenas (Chile, p.133: «Las cortes chilenas continúan persiguiendo a los activistas mapuche por los derechos a la tierra bajo la ley antiterrorista del país por la violencia y la destrucción de bienes durante las protestas»), y la impunidad de las violaciones de los derechos humanos ( Honduras, p. 265:  « Periodistas, activistas ambientales y personas lesbianas, gays, bisexuales y transgénero (LGBT) son vulnerables a la violencia. Los esfuerzos para reformar las instituciones responsables de brindar seguridad pública han progresado poco. Empañado por la corrupción y el abuso, el poder judicial y la policía siguen siendo en gran medida ineficaces. La impunidad por la delincuencia y los abusos de los derechos humanos es la norma»).

Además, se puede realizar tambien una crítica de la política exterior de los países latinoamericanos que parece más bien guiada por intereses económicos que por la defensa real de los derechos humanos. En efecto, porque priorizan la importancia de este socio comercial, las cancillerías no se atreven a criticar un país como China, cuya represión contra los defensores de los derechos humanos, de las minorías, o de periodistas sigue vigente. Mientras que HRW menciona que China « representa un peligroso desafío para los derechos humanos, no solo por la gravedad de su represión, sino también porque representa el sueño autócrata: la perspectiva de un poder que dura mucho tiempo y beneficios económicos sin derechos humanos, democracia o estado de derecho » (p. 11), los países latinoamericanos no realizan críticas de la situación política China. Entonces, el discurso sobre los derechos humanos de los países de América latina no aparece coherente ni constante. Así, es necesario matizar la integración de los derechos humanos en la política interior y exterior de los países latinoamericanos.

En el caso de los tres países latinoamericanos que no integran los derechos humanos en su política exterior son Cuba, Nicaragua y Venezuela, el primer objetivo de la cancillería cubana es la defensa de «La patria socialista de las campañas, amenazas y acciones hostiles en el ámbito de las relaciones internacionales»; Nicaragua se da por objetivo «velar por la defensa de la soberanía e integridad territorial, la paz regional y mundial, la solución de conflictos a través de la diplomacia y utilizando los medios pacíficos establecidos por el Derecho Internacional» ; y Venezuela pone de relieve cuatro ejes de su política exterior: la consolidación de una nueva geometría del poder en Latinoamérica y el Caribe, romper los cercos y el Plan Vuelta la Patria, evadir el bloqueo económico, y las alianzas militares para la defensa de la soberanía nacional. La política exterior de estos tres países es largamente marcada por la necesidad de proteger sus fronteras nacionales contra una injerencia extranjera. Además, visto la posición ideológica de los tres, la integración de los derechos humanos, ya sea en la política exterior o interior, seria un paso hacia la agenda de los Estados-Unidos.

La situación de los derechos humanos dentro de estos mismos países es preocupante. Según Human Rights Watch, «El gobierno cubano aún se niega a reconocer la vigilancia de los derechos humanos como una actividad legítima y niega el estatus legal a los grupos locales de derechos humanos. Las autoridades gubernamentales han hostigado, agredido y encarcelado a defensores de los derechos humanos que intentan documentar abusos.» (p. 169). HRW señala al gobierno de Nicaragua por su gran concentración de poder en las manos de Daniel Ortega que comete graves abusos contra los oponentes al régimen (p.425). Y por fin, Venezuela esta viviendo una crisis económica y política muy profunda. Como lo explica el informe de HRW de 2019, no existen más instituciones independientes en el país y no controlan más el poder ejecutivo de Nicolás Maduro. El gobierno reprime la oposición de manera violenta. Son preocupantes las condiciones de detención, la impunidad de los violadores de derechos humanos, y el acoso por parte del gobierno en contra de los defensores de los derechos humanos y de los periodistas.

¿Cómo se posicionan los países latinoamericanos que integran los derechos humanos en su política exterior frente a los países que violan estos derechos? ¿Cómo se concretiza esta política exterior de promoción y defensa de los derechos humanos?  Paradójicamente, los países latinoamericanos que defienden los derechos humanos fuera de sus fronteras nacionales, defienden el principio de no intervención en los asuntos interiores de otros países. Por lo tanto, preocupados por la situación en Venezuela, por ejemplo, la mayoría de los países latinoamericanos se posicionan en contra del gobierno de Maduro y quieren hacer presión para que cambie la situación del país. La declaración de Lima, firmada en agosto de 2017, aspiraba a contribuir en la restauración de un sistema democrático en Venezuela utilizando una vía pacífica y negociada. Así, los gobiernos colombiano, argentino, chileno, canadiense, costarricense, guatemalteco, hondureño, mexicano, panameño, paraguayo, peruano que firmaron esta declaración intervienen en la situación venezolana no con fuerzas militares sino mostrando su apoyo moral a la población que sufre y su oposición al régimen de Maduro. Condenan la ruptura del orden democrático y la violación sistemática de los derechos humanos en el país. El caso venezolano es relevante para entender la aplicación de la política exterior de promoción de los derechos humanos de los países latinoamericanos.

Tomar posición a favor de la promoción de los derechos humanos afuera de las fronteras nacionales representa un reto diplomático, político, pero también económico para los países. La defensa de los derechos humanos, concretizada en acciones diversas, aparece como una manera de integrarse a la tendencia mundial, ajustarse a las normas, y mantener relaciones con sus vecinos tanto económicas como diplomáticas, políticas y culturales. Los derechos humanos, antes de ser un elemento de moralidad y de ética para hacer presión sobre los países que los violan, aparecen más bien como un tema de la agenda internacional que permite mantener buenas relaciones entre los países.