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Andrés Cañizález

Expresión y justicia

La libertad de expresión, como bien reconocen los distintos instrumentos internacionales, comprende responsabilidades. Eso no está en discusión. No se trata de defender un poder absoluto para los medios sin que rindan cuentas, sean transparentes y recojan inconformidades de sus audiencias. Lo que si es discutible, desde cualquier perspectiva democrática, es el recurso de usar a la justicia –desde el poder- para tratar de acallar informaciones u opiniones incómodas. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela.

Por Andrés Cañizález
Twitter: @infocracia
27 de abril de 2007
 

Un síntoma claro, que viene a ser una suerte de termómetro para medir la situación, y por tanto, es señal de preocupación para los distintos organismos que defienden la libertad de expresión, tiene que ver con los juicios a periodistas y editores por las opiniones e informaciones aparecidas en medios. La libertad de expresión, como bien reconocen los distintos instrumentos internacionales, comprende responsabilidades. Eso no está en discusión. No se trata de defender un poder absoluto para los medios sin que rindan cuentas, sean transparentes y recojan inconformidades de sus audiencias. Lo que si es discutible, desde cualquier perspectiva democrática, es el recurso de usar a la justicia –desde el poder- para tratar de acallar informaciones u opiniones incómodas. Eso es lo que está sucediendo en Venezuela. No estamos ante la presencia de ciudadanos de a pie, que afectados por lo que dicen los medios acuden ante la justicia para tener derecho a réplica o rectificación, o sencillamente para hacer oír su voz. Esto, a todas luces en una sociedad democrática, sería altamente recomendable. De ocurrir quejas en el contexto venezolano, por la calidad del producto informativo u opinático en primer lugar acarrearía consecuencias para algunos espacios muy simbólicos del canal del Estado, en los que reina el lenguaje soez y las vulgaridades para desprestigiar a los adversarios políticos. Es en este contexto en el cual puede verse que la justicia actúa. Es cierto -quién podría negarlo-, pero con una dirección muy clara: al servicio del poder político. Teodoro Petkoff, el editor del vespertino "Tal Cual", nuevamente, podría vérselas con la justicia, y esta vez con carácter penal, en caso de que la Fiscalía General acoja la solicitud del ex ministro de Finanzas Tobías Nóbrega. Es sabido que el ex ministro sigue teniendo cercanía con lo que se define en la esquina de Carmelitas, y sobre él pesan no pocos señalamientos. Uno que debería abrir la boca, el contralor Russián se le ve, pero sólo en las páginas sociales, sonriente junto al fiscal Rodríguez, y en manos de éste podría estar una decisión crucial. ¿Investigará la Fiscalía la denuncia por las implicaciones que tiene para el erario público o llevará a juicio a quien hizo la denuncia?

No es un caso aislado. Ya el vespertino "Tal Cual" y Laureano Márquez resultaron condenados, doblemente. Napoleón Bravo enfrenta un juicio por irrespetar al Tribunal Supremo de Justicia, pese a que dijo cosas menos ofensivas que lo expresado por el presidente Chávez contra el mismo cuerpo. La justicia se maneja con doble estándar. Los propios diputados del MVR levantaron un contundente informe contra el Gobernador de Guárico, quien no perdió el cargo gracias a movidas políticas, pero el periodista Miguel Salazar es el enjuiciado por difamación agravada. Gustavo Azócar, conocidísimo por su posición crítica al gobierno en San Cristóbal, podría resultar el primer condenado por corrupción en los últimos años, pese a que paradójicamente no ocupa ni ha ocupado un cargo público, en una verdadera demostración de que cuando se quiere castigar una voz disidente se puede echar mano de cualquier recurso judicial. En el mismo estado Táchira, otro periodista, Freddy Machado, de Globovisión, enfrenta un inaudito juicio: tras haber obtenido por taquilla un expediente de los tribunales se le acusa de apropiación ilegal de documento público. Tal como están las cosas en Venezuela, cabría esperar que Machado sea castigado antes de que el juez Arroyave, quien es señalado de falsificar la documentación con la que accedió al cargo, en un caso que denunció el periodista y que le ha costado la telenovela judicial que protagoniza. La semana pasada quedó diferida la audiencia. Machado deberá acudir nuevamente el 21 de junio ante el juez. No es nuevo. O las decisiones se toman rápidamente o bien las dilaciones y el retraso judicial terminan siendo también una manera de coaccionar la expresión, claro sólo cuando ésta es crítica o cuestiona al poder.
 
Andrés Cañizález es Profesor de la Universidad Católica Andrés Bello en Venezuela. acanizal@ucab.edu.ve
Este artículo fue originalmente publicado en el vespertino Tal Cual (Pág. 4, 26.04.2007)

 
Acerca del autor
Andrés Cañizález
Andrés Cañizález
Investigador Titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Venezuela) y profesor del postgrado en Comunicación Social de dicha universidad. Coordinador de extensión de la UCAB en el Estado Lara. Directivo de la Asociación Civil Medianálisis y Consejero Académico de CADAL. Escribe regularmente en los diarios venezolanos El Nacional, El Impulso, El Tiempo, La Verdad, El Carabobeño y en el portal El Estímulo.
Twitter: @infocracia