La respuesta formal de la ONU está sujeta al tiempo de que disponga para analizar el documento colombiano el Consejo de Seguridad, actualmente dedicado a la cuestión nuclear de Corea del Norte, la crisis humanitaria en Siria, o la amenaza que supone el Estado Islámico; para citar algunos de los asuntos a estudio por el organismo.

Por Hugo Machín Fajardo

El gobierno colombiano solicitó el pasado martes 19 de enero al Consejo de Seguridad de la ONU “una misión de verificación de cese del fuego bilateral definitivo y dejación de armas”, que fue concertado con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), en la mesa de negociaciones para la paz que mantiene en La Habana desde el 26 de agosto de 2012.

La respuesta formal de la ONU está sujeta al tiempo de que disponga para analizar el documento colombiano el Consejo de Seguridad, actualmente dedicado a la cuestión nuclear de Corea del Norte, la crisis humanitaria en Siria, o la amenaza que supone el Estado Islámico; para citar algunos de los asuntos a estudio por el organismo.

El miércoles 20 Farhan Haq, portavoz del Secretario General de Naciones Unidas, dijo que la organización recibió con ”beneplácito la petición de las partes” y agregó que Ban ki moon “felicitó al Gobierno colombiano y a las Farc por otro avance significativo hacia la resolución pacífica del conflicto”.

El presidente colombiano, Juan Manuel Santos, informó que no habrá cascos azules en Colombia y que los funcionarios internacionales que lleguen al país para el cumplimiento de la verificación acordada, no portarán armas.

La misión internacional permanecerá en territorio colombiano durante 12 meses renovables según lo requiera el proceso de verificación de cese del fuego bilateral y definitivo.


Los países a ser tenidos en cuenta para integrar la misión de la ONU son miembros de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (Celac), con excepción de los fronterizos por tierra y mar con Colombia: Brasil, Costa Rica, Ecuador, Nicaragua, Panamá, Perú y Venezuela.

La razón de que no sea la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), y sí la Celac, estriba -en opinión de la canciller colombiana, María Ángela Holguín- en que “Colombia quiere que la región entera sea partícipe del proceso”, y no solamente los países sudamericanos nucleados en Unasur.

Un punto central es la dejación de armas de las Farc, procedimiento que “será [realizado] ante el componente internacional mediante un protocolo que se negocia en estas horas en La Habana”, afirmó Holguín, y que garantizará la no reutilización de las armas por la guerrilla colombiana.

Las Farc no entregarán su armamento al gobierno colombiano pues no se consideran derrotadas y para ellas es importante, desde lo simbólico, entregarlas a un tercero y no a quienes han combatido desde el 23 de setiembre de 1963.

Para las Fuerzas Armadas de Colombia (FAC), “el proceso de negociación entra en su verdadera etapa final”, declaró el miércoles 20 el ministro de Defensa colombiano, Luis Carlos Villegas, [desde que] “los compromisos de la Farc ya no son solamente con Colombia, sino con la comunidad internacional”.

Es ”el final de la guerra en Colombia”, vaticinó el principal negociador del gobierno y ex vicepresidente de Colombia, Humberto de la Calle.

“Bendiciones para Colombia (…) estamos muy cerca de la paz”, auguró por su parte el comandante y negociador de las Farc, Luciano Marín Arango, (a) ´Iván Márquez´.

Zonas para desmovilizados. Otro tema central en la nueva etapa en que ingresó el proceso de paz -cuya firma final está prevista para el 23 de marzo- es la definición de las zonas en que serán concentrados los 8.000 u 11.000 guerrilleros- según se acepte las cifras gubernamentales o de otras fuentes- a ser desmovilizados.

En un momento de la ardua negociación que lleva este proceso, las Farc aspiraban a ubicarse en determinados puntos de concentración bajo su control que denominaron “Terrepaz”.

Sépase que en 2001 las Farc mantenían presencia territorial en más de 500 de los 1.101 municipios colombianos; y en muchos de ellos prevaleciendo su autoridad que revestía “una forma sui generis de república independiente, ya que la fuerza pública del Estado no tiene presencia en dichas regiones”, anotaba hace una década y media el investigador Marino Arroyave López (1963 - 2001).

Pero la posición actual del gobierno es que sean las fuerzas armadas colombianas y la policía nacional las que controlen dichos puntos de concentración guerrillera.

Holguín, sobre este aspecto, dijo que la ubicación geográfica y la cantidad de sitios de concentración de desmovilizados, se negocia actualmente en la “subcomisión de fin del conflicto”, que sesiona en Cuba. Agregó que la verificación del cese del fuego a realizarse en todos los lugares de concentración de desmovilizados, será “tripartita: gobierno, las Farc y la misión internacional; en cada sitio estarán los tres verificando”.

Quedó acordado en La Habana que los aspectos controversiales que puedan surgir en este monitoreo, siempre serán dirimidos por la misión internacional.

A principios de 2015, refiriéndose a eventuales penas de prisión para los integrantes de las Farc, Santos declaro a El País de Madrid que “nadie va a entregar las armas para irse a morir a una cárcel”.

El 31 de mayo de ese año, uno de los jefes guerrilleros negociadores en La Habana, Félix Antonio Muñoz (a) “Pastor Alape”, en entrevista con El Tiempo de Bogotá, no descartó la posibilidad de pagar penas en sitios especiales de reclusión.

Financiamiento. La financiación de esta operativa correrá por cuenta de la ONU, básicamente a partir de los aportes de EEUU y Japón, así como fondos provenientes del estado colombiano.

El costo total del postconflicto calculado en 2013, cuando se aprobó la Ley N° 1.448, de Victimas y Restitución de Tierras, se fijó en no menos de US$ 30 mil millones, de los cuales la mitad sería destinada a reparaciones económicas. Recuérdese que Colombia tiene siete millones de víctimas de la cuales la mayoría son desplazados a consecuencia del conflicto armado.

El conflicto armado que vive Colombia tiene un impacto negativo directo estimado en 75.000 millones de dólares anuales, según el experto estadounidense Suart Diamon, en declaraciones al periódico colombiano Portafolio realizadas en julio de 2015. La guerra le cuesta a Colombia el equivalente a 4 puntos del PBI colombiano.

Para el economista colombiano Salomón Kalmanovitz, en condiciones de paz, el país tendría un crecimiento de 1,5 a 2 puntos adicionales del PBI.

Cuestionadores. El procurador general de la nación, Alejandro Ordoñez, cuestiona el pedido de verificación de la administración Santos, y cursó una carta a la Corte Penal Internacional (CPI), en la que sostiene que el acuerdo de justicia al que llegaron el gobierno y las Farc, constituye “un pacto de impunidad” que estimula la repetición de crímenes atroces.

Ya en noviembre de 2013, Ordóñez, basándose en un informe emitido por la CPI, había adelantado sus críticas al marco jurídico del proceso de paz, por entender que va en contravía de los tratados internacionales firmados por Colombia sobre la aplicación de justicia a los responsables de crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidios. En esa oportunidad destacó que existen 218 condenas al respecto. A comienzos de 2015, Ordoñez envió a la CPI un informe sobre desaparición forzada en el que reseñó hechos presumiblemente imputados a las Farc donde consta la existencia de 2.760 secuestrados.

También reiteró cuestionamientos a la justicia transicional acordada en La Habana, la ONG Human Watch Rigths (HWR) que, desde mayo de 2012, ha señalado que Colombia corre el riesgo de incurrir en “impunidad generalizada de delitos aberrantes”, cometidos por los actores del conflicto.

El representante de la ONU en Bogotá, Fabrizio Hochchild, ha rechazado las medidas de amnistía sea cual sea el nombre que se les dé: “Amnistía a crímenes de lesa humanidad no puede ser apoyada por las Naciones Unidas”.

Santos ha destacado el apoyo dado por la Unión Europea y la OEA y respondió a HRW que “no habrá impunidad y sí habrá verdad y reparación a la víctimas”, así como también que “para soldados y policías habrá régimen especial diferenciado, simultáneo, equilibrado y equitativo”, basado en el Derecho internacional Humanitario, en respuesta a otra de las inquietudes de HWR y agregó que “hay crímenes tan graves que ni la ley ni nuestra conciencia nos permiten amnistiarlos. Estos serán juzgados y sancionados”.