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23.02.18

Colombia: Elecciones en escenario atípico para Latinoamérica

En marzo se define el nuevo Congreso, y en alguno de los partidos también se conocerá qué candidatos presidenciales realmente estarán en carrera hacia las elecciones presidenciales.
Por Hugo Machín Fajardo

A menos de un mes de las elecciones legislativas en Colombia el escenario no puede ser más atípico para la región. El domingo 11 de marzo se eligen los senadores y diputados que acompañarán al Presidente a ser electo el 27 de mayo y, en caso de haber segunda vuelta, será el 17 de junio. El nuevo gobierno finalizará en 2022 y en 2015 fue eliminada la relección.

Según la Oficina en Colombia de la ONU para los Derechos Humanos, en 2017 hubo 73 muertes violentas de líderes sociales. Colombia Plural, medio apoyado por la Universidad Claretiana y varias ONGs del departamento del Chocó, asegura que en lo que va de 2018 llegan a 21 los homicidios de defensores de los DDHH.

Pero también son asesinados -a fines de enero iban 36- ex guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (Farc), que se han acogido a la paz acordada en 2016 entre el Gobierno de Juan M. Santos y esa organización incorporada a la vida política legal, que en agosto fundó la Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) con la que compite en las elecciones.

Guerrilla activa. La segunda guerrilla colombiana, el Ejército de Liberación Nacional (ELN), que hace un año iniciara en Quito la etapa pública de las negociaciones de paz con el Gobierno, mantiene su accionar con armas y sigue generando enfrentamientos con las fuerzas armadas del país, atentados a oleoductos, así como reclutamiento de menores, según denunció en noviembre el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, quien agregó que dicha guerrilla trafica con estupefacientes y desarrolla minería ilegal.

Santos debió suspender el 29 de enero la negociación y se retomaron las ordenes de captura contra los dirigentes del ELN. El fin de semana del 17 y 18 de febrero la guerrilla dispuso un paro armado en las zonas en que se mantiene activo.

A esto se suma el accionar de los clanes delincuenciales que, si bien han sido acotados por las fuerzas de seguridad del Estado, mantienen su actividad en diferentes zonas del país.

Por si fuera poca esta inseguridad se ve incrementada por las llamadas “disidencias” de las Farc, algunos centenares de hombres armados que no aceptaron el acuerdo de paz y que también han incursionado en la frontera colombo-ecuatoriana, lo que generó la reacción de las fuerzas de seguridad del país vecino.

Sumémosle que unos 600 mil venezolanos han emigrado desde Venezuela a Colombia corridos por la crisis humanitaria que atraviesa el país caribeño. Esta situación actualiza en el imaginario colectivo colombiano la categorización de “castrochavismo”, creada por el ex presidente Álvaro Uribe para alertar a la ciudadanía sobre esa eventualidad de gobierno para Colombia. Y es permanentemente utilizada desde tiendas de la derecha del país, para criticar a candidatos de izquierda por más que desde otros sectores políticos una y otra vez se ha dicho que es “ridículo” imaginar ese futuro para Colombia.

Ciertamente que no es un escenario habitual en Latinoamérica para un año electoral. Pero hay más.

Corrupción. La corrupción ubicó este año a Colombia en el puesto 36 entre 180 países, similar a Brasil y cayendo seis puestos respecto al índice de Transparencia Internacional de 2016.

El 66% de los colombianos considera “mala” la lucha contra la corrupción en el país.

El porcentaje de coimas que se pagan los privados para quedarse con contratos estatales pasó en 2018 de un 10 por ciento a un 17 por ciento del total del monto comprometido.

No hay un día en que los medios de comunicación no informen sobre un nuevo caso de corrupción en el país.

Una muestra: el policía colombiano que comandó el operativo en el que murió el narcotraficante Pablo Escobar en 1993, entonces considerado un héroe, fue detenido por lavado de dinero relacionado con una milicia derechista desmovilizada, informó el fiscal general de Colombia.

El coronel retirado Hugo Aguilar, ya condenado en 2013 a nueve años de prisión, que fuera gobernador del departamento de Santander, está acusado de acumular una fortuna superior a los 5,2 millones de dólares por sus vínculos con la desaparecida milicia Central Bolívar.

Una encuesta de la firma Gallup de noviembre afirma que el 89% de los colombianos tiene una imagen desfavorable de los partidos políticos. La imagen negativa del Poder Legislativo también es elevada, el 82% de los consultados tiene opinión negativa de los responsables de hacer las leyes. También el 84% de los consultados dijo tener una mala imagen del Poder judicial.

El presidente Santos mantiene un bajísimo porcentaje de aceptación, 14% en enero, según la firma YanHaas.

En marzo entonces se define el nuevo Congreso, y en alguno de los partidos también se conocerá qué candidatos presidenciales realmente estarán en carrera hacia las elecciones presidenciales.

Polarización. La polarización es lo que prima hoy en las campañas electorales, el lenguaje descalificador y la promoción del odio en redes sociales, cuando no las agresiones como las que ha sufrido el candidato de la Farc, Rodrigo Londoño (“Timochenko”), quien debió suspender temporalmente sus giras por el interior colombiano ante el repudio que se le expresa, sea este espontáneo u organizado por “la derecha”, como han dicho los integrantes del nuevo partido.

Cierto es que en la memoria histórica de Colombia vive el “genocidio político” -según calificación de la Sala de Justicia y Paz colombiana- de que fuera objeto el partido Unión Patriótica (UP) entre 1985 y 1992, en que, según la Corte Interamericana de DDHH, el Estado violó los derechos a la vida, puesto que hubo un “patrón sistemático de violencia contra los miembros de la UP”, y responsabilizó del mismo a agentes del Estado en una alianza con miembros del Ejército y grupos paramilitares. La UP fue un partido político creado por la guerrilla de las Farc dentro de su estrategia de “todas las formas de lucha”, pero que significó la masacre de aproximadamente 1.500 mil ciudadanos que no hacían parte de la guerrilla, pero eran vistos como aliados y una pantalla legal de aquella y blanco perfecto del paramilitarismo de extrema derecha.

Pobreza. Unos 13millones de colombianos viven en la pobreza según cifras oficiales. La mitad de los hogares colombianos están con “inseguridad alimentaria”. El 45 por ciento de la población adulta vive en hogares en que ninguno de los padres tuvo acceso a la educación y un 27 por ciento en hogares en que la máxima educación fue primaria, según datos del documento #Niñez Ya, elaborado por 100 organizaciones de la sociedad civil. Son 869.000 niños y adolescentes de 4 a los 17 años los que trabajan en el país que en estos días ha iniciado una campaña de sensibilización sobre trabajo infantil.

Sin embargo, la economía colombiana está entre las tres más competitivas detrás de Chile y México. En 2017 creció 1,8 por ciento, algo menos que el 2 por ciento de 2016.

El punto es si un aumento de esas características en el PBI influye sensiblemente en la calidad de vida de la mayoría de los colombianos.

El analista Cristian Valencia de El Tiempo de Bogotá, anota que cuando hubo crecimiento económico de 4 o 5 por ciento no pasó nada significativo. Ni se construyeron súper puertos en el Pacifico, ni en Urabá, ni trenes en los Llanos, ni se dragó el río Magdalena, ni mejoró la cobertura en salud, ni se fortaleció la educación pública de colegios y universidades, ni se avanzó en energía renovable ni bajo el precio de la gasolina; sino todo lo contrario en esos rubros.

Recientemente, la empresa encuestadora Datexco presentó un estudio con 247 decanos, vicedecanos y docentes de 63 universidades de todo el país para saber cuáles consideran son los mejores candidatos.  “El top de los 100 mejores candidatos al senado” según la academia, se incorpora el debate partidario con una pretensión de orientar al elector que deberá elegir en marzo. Sin embargo, en esa lista aparecen candidatos vinculados a la “parapolítica” (unos 60 legisladores fueron procesados judicialmente en el pasado debido a su vinculación con el paramilitarismo); candidatos que en realidad son testaferros de quienes están invalidados (se les llama “candidatos en cuerpo ajeno”) y otros candidatos que no son bien vistos por columnistas y líderes de opinión en Colombia.