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Clara Riveros

Human Rights Watch evidencia que Colombia tiene una democracia precaria y un Gobierno autoritario

HRW hace recomendaciones a los Organismos de Control, Procuraduría y Fiscalía, y al de protección a los ciudadanos, Defensoría del Pueblo, pero también presenta solicitudes concretas al Congreso de Colombia, en tanto Poder Legislativo, le solicita iniciar un proceso —con amplia participación de grupos de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en Colombia— para reformar la Policía, adoptando diferentes medidas.

Por Clara Riveros
Twitter: @CLARARIVEROS
6 de julio de 2021
 

Human Rights Watch evidencia que Colombia tiene una democracia precaria y un Gobierno autoritario

El título del informe más reciente publicado por Human Rights Watch (HRW) es elocuente: «Colombia: Brutalidad policial contra manifestantes». «Las violaciones a los derechos humanos cometidas por la Policía en Colombia no son incidentes aislados de agentes indisciplinados, sino el resultado de fallas estructurales profundas», ha dicho José Miguel Vivanco. «Se necesita una reforma seria que permita separar claramente a la Policía de las Fuerzas Militares y asegurar una supervisión y rendición de cuentas adecuada para impedir que estos abusos vuelvan a ocurrir o queden impunes», insiste el director para las Américas de HRW.

La organización internacional de derechos humanos persiste en que urge una reforma policial para prevenir futuros abusos. «Miembros de la Policía Nacional de Colombia han cometido abusos gravísimos en contra de manifestantes en su mayoría pacíficos durante las protestas que empezaron en abril de 2021». Añade Human Rights Watch que el Gobierno de Colombia debería tomar medidas urgentes para proteger los derechos humanos e iniciar una reforma policial profunda para garantizar que los agentes respeten el derecho de reunión pacífica y los responsables de abusos sean llevados ante la Justicia. «En reiteradas ocasiones los policías han dispersado manifestaciones pacíficas de manera arbitraria y empleado la fuerza de forma excesiva, y a menudo brutal, incluso mediante el uso de municiones letales. HRW ha documentado numerosas muertes cometidas directamente por policías, así como violentas golpizas, abusos sexuales y detenciones arbitrarias de manifestantes y transeúntes».

El reporte destaca que, aunque la mayoría de las protestas han sido pacíficas, algunos individuos han cometido actos graves de violencia, como quemar estaciones de policía y atacar a policías, dos de los cuales han muerto. «Aunque la mayoría de las manifestaciones se desarrollaron de manera pacífica, algunos individuos cometieron actos graves de violencia, incluidas agresiones violentas contra policías y ataques a estaciones de policía con piedras y cócteles Molotov, saqueos e incendios de bienes públicos y privados. Al 2 de junio, más de 1.200 policías habían sido lesionados, al menos 192 de gravedad, dos agentes habían muerto y siete seguían hospitalizados, según el Ministerio de Defensa. Veinte policías fueron heridos por armas de fuego, según el director general de la Policía. El 29 de abril, varios individuos golpearon y abusaron sexualmente de una mujer policía mientras atacaban una estación policial en Cali [...] Grupos de manifestantes bloquearon calles y vías por períodos prolongados, lo cual en algunos casos restringió o impidió la distribución de alimentos o la circulación de ambulancias, sobre todo en los departamentos de Valle del Cauca y Cundinamarca. En ocasiones, estas restricciones dificultaron el acceso a insumos de salud, incluido el oxígeno para pacientes con covid-19, indicó el Ministerio de Salud. Una bebé recién nacida murió el 23 de mayo luego de que los manifestantes bloquearan la ambulancia que la trasladaba entre Cali y Buenaventura». La violencia contra policías y los bloqueos que impiden el acceso de alimentos o de servicios de salud son absolutamente injustificables, pero no pueden ser un pretexto para la brutalidad policial, indica Vivanco.

Por otra parte, expertos forenses, elaboraron dictámenes sobre algunas de las evidencias de abusos. Human Rights Watch consultó registros policiales y médicos, necropsias, fotos y videos de las víctimas, publicaciones de organizaciones de derechos humanos e informes de prensa. La organización también corroboró más de 50 videos publicados en redes sociales y obtuvo información de la Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y los Ministerios de Defensa y de Interior acerca de la respuesta del Gobierno ante abusos cometidos en protestas anteriores. HRW recibió denuncias creíbles de organizaciones locales sobre 68 muertes ocurridas desde el comienzo de las manifestaciones y confirmó que 34 de estas muertes ocurrieron en el contexto de las protestas, incluidas las de dos policías, un investigador judicial y 31 manifestantes o transeúntes, de los cuales al menos 20 parecen haber muerto a manos de policías. Personas armadas vestidas de civil también han atacado a manifestantes y han causado la muerte de por lo menos cinco de ellos. Las autoridades colombianas deben llevar a cabo «investigaciones prontas, independientes y rigurosas sobre todos los casos de abuso policial y otros hechos graves de violencia, incluyendo por parte de hombres armados de civil que atacaron a manifestantes», también deben investigar a los agentes de policía que podrían haber incumplido su deber de proteger a manifestantes de ataques armados cometidos por particulares.

El informe de HRW documenta que obtuvo evidencias creíbles que indican que la Policía mató al menos a 16 manifestantes o transeúntes con municiones letales disparadas con armas de fuego. En la gran mayoría de estos casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vitales, como el tórax o la cabeza, lo cual, según aseguraron autoridades judiciales a Human Rights Watch, es consistente con que hayan sido causadas con la intención de matar. Al menos una víctima más murió por golpizas y otras tres por uso indebido o excesivo de gases lacrimógenos o aturdidoras. Más de 1.100 manifestantes y transeúntes han sufrido lesiones desde el 28 de abril, según datos del Ministerio de Defensa, aunque es probable que la cifra total sea mayor, dado que muchos casos no se han denunciado ante las autoridades, consigna el informe.

Human Rights Watch también pudo documentar los casos de nueve personas que sufrieron lesiones oculares graves, al parecer como resultado de cartuchos de gases lacrimógenos o proyectiles de impacto cinético disparados con fusiles antidisturbios. Siete de estas personas probablemente perderán la visión en un ojo. Entre las personas heridas durante las manifestaciones hay periodistas y defensores de derechos humanos que estaban cubriendo las protestas. Muchos de ellos estaban usando chalecos que los identificaban como miembros de la prensa o de organizaciones de derechos humanos, pero aun así fueron violentados.

De hecho, el 3 de junio, el Ministerio de Defensa señaló que, desde el 28 de abril, la Policía ha detenido a más de 1.200 personas por delitos presuntamente cometidos durante las protestas. Los fiscales habían imputado a 215. La Fiscalía General de la Nación dijo a Human Rights Watch que cientos de detenidos fueron liberados luego de que un juez o fiscal determinara que sus derechos habían sido violados durante la detención o que no existían evidencias de que hubiesen cometido un delito. Asimismo, la Policía ha privado de la libertad a más de 5.500 personas sobre la base de una disposición legal que le permite «trasladar» a una persona a un «centro asistencial o de protección» para «su protección» o la de terceros. Esta disposición ha sido tomada con ligereza por la Policía. Human Rights Watch registra que la Policía privó de la libertad a más de 5.500 personas utilizando esa figura legal. La organización encuentra que en varios casos la Policía habría usado esta disposición de forma abusiva, con el agravante de que la legislación colombiana establece que la persona trasladada no puede ser enviada a un centro de detención bajo ningún motivo. Sin embargo, en los casos documentados por Human Rights Watch la Policía llevó a los privados de libertad a estaciones de policía, en lugar de a centros de salud o sitios de detención administrativa, y tampoco llamó a sus familiares.

La organización documenta 27 casos de personas que parecen haber sido detenidas de manera arbitraria. Fiscales, funcionarios de derechos humanos y abogados de víctimas señalaron que existen decenas de casos más. A lo anterior se suma que los fiscales han realizado imputaciones desproporcionadas por cargos de «terrorismo» en contra de algunos manifestantes que presuntamente participaron en hechos de vandalismo. Mientras la pena por daño en bien ajeno es de entre 16 y 90 meses de prisión, las penas por terrorismo son de hasta 22 años y medio, con arreglo al Derecho colombiano. Los estándares internacionales de derechos humanos exigen que las imputaciones y sanciones penales sean proporcionales a la gravedad de las conductas en cuestión y la responsabilidad del presunto culpable. Incluso, en casos puntuales donde el fiscal imputó a detenidos por «terrorismo», solo tenía como única evidencia el informe de la Policía y declaraciones de policías. Hubo un fiscal que reconoció que los actos específicos que habrían cometido los indiciados podrían constituir por sí solos el delito de daño en bien ajeno, pero dijo que la imputación por «terrorismo» estaba justificada porque los detenidos eran parte de una «turba» que les producía «agitamiento». Sin embargo, el fiscal no presentó evidencia. HRW precisa que el Derecho colombiano no permite la prisión preventiva para el delito de daño en bien ajeno, que es un delito menor, pero sí para el delito de terrorismo. Háganse las debidas inferencias. Por otra parte, sin presentar ninguna evidencia, el fiscal estima la «posibilidad» de que los detenidos hubieran resistido su captura y que era «factible» que la fuerza utilizada por la Policía hubiera sido adecuada. Con base en estas ‘evidencias’ jueces han llegado a legalizar capturas.

El Gobierno de Colombia señaló que varios grupos armados, incluido el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y grupos que surgieron de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), se habrían «infiltrado» en las protestas para cometer actos de vandalismo y atacar a la Policía. El fiscal general indicó a Human Rights Watch el 4 de junio que las autoridades habían detenido a 11 presuntos miembros de grupos armados en relación con actos violentos durante las manifestaciones. Por otra parte, personas armadas vestidas de civil participaron en actos violentos contra manifestantes y, en algunos casos, agentes de Policía no reaccionaron debidamente cuando esas personas de civil atacaron a manifestantes. HRW corroboró videos que muestran a hombres armados, junto a la Policía, disparando a manifestantes en Cali el 28 de mayo, sin que los policías parezcan haber tomado acciones para prevenir o frenar estos ataques. Al día siguiente, un comandante de la Policía reconoció que los agentes «omitieron su deber» y dijo que serían investigados.

El 14 de mayo, la Defensoría del Pueblo reportó haber recibido quejas en contra de miembros de la Policía por dos casos de violación sexual, 14 casos de agresión sexual y otros 71 casos de violencia de género, incluyendo bofetadas y abuso verbal. Sin embargo, las organizaciones de derechos humanos colombianas han informado más casos, aparte de estos. Human Rights Watch recoge en el informe dos casos de violencia sexual por parte de policías contra manifestantes, registra 17 golpizas violentas cometidas por la Policía, en muchos casos con bastones. Una víctima, Elvis Vivas, de 24 años, murió en un hospital después de recibir una golpiza brutal por parte de policías. Cita el informe que al menos 419 personas habían sido reportadas como desaparecidas durante las protestas. El 4 de junio, la Fiscalía indicó haber localizado a 304 de esas personas.

Aunque la Policía colombiana indicó a Human Rights Watch que la Policía regular y los miembros del ESMAD no han usado armas letales durante las manifestaciones, HRW pudo corroborar varios videos en los que se ve a policías disparando armas de fuego en el contexto de las manifestaciones, en circunstancias en las cuales no parecía haber un riesgo para la vida o la integridad física de una persona. La organización documentó 16 casos en los cuales la Policía parece haber matado con municiones letales a manifestantes no armados. En al menos 15 de los casos, las víctimas tenían heridas de bala en órganos vítales: siete tenían heridas en el tórax, seis en la cabeza y dos en el abdomen. Esas heridas son consistentes con haber sido causadas con la intención de matar, así lo han señalado autoridades judiciales a HRW.

En lo que respecta al uso de gases lacrimógenos contra manifestantes pacíficos, según señalaron manifestantes y funcionarios de la Defensoría del Pueblo a HRW, la organización encuentra que la Policía parece haber disparado gases lacrimógenos con armas antidisturbios de forma imprudente y peligrosa en varias ocasiones. Se documentan los casos de siete personas heridas y tres fallecidas, al parecer como resultado del impacto de cartuchos de gases lacrimógenos. Explica la organización que la Policía debe disparar los cartuchos de gases lacrimógenos al cielo, a fin de reducir la velocidad de la trayectoria de los proyectiles, que son pesados, para que luego de un arco descendente caigan en el suelo. Sin embargo, a través de entrevistas con diversos manifestantes y en videos, Human Rights Watch pudo corroborar que policías dispararon los cartuchos directamente hacia los manifestantes. Adicionalmente, la Policía colombiana también usó un sistema de lanzamiento de proyectiles múltiples, conocido como Venom, que permite disparar hasta 30 cartuchos de gas lacrimógeno, humo o aturdidoras por vez. El Venom produce efectos indiscriminados en un área extensa y no es posible usarlo de un modo que permita distinguir amenazas legítimas. «Su uso no resulta adecuado para manifestaciones pacíficas. Incluso si se producen sucesos violentos aislados en el contexto de protestas, la Policía debe responder de manera proporcional y no indiscriminada», enfatiza. Por su parte, la Policía indicó que están usando fusiles antidisturbios para disparar cartuchos que contienen entre 12 y 24 bolas que, según dijeron, son de plástico. La organización pudo documentar varios casos en los que los manifestantes parecen haber sido heridos por estos proyectiles de impacto cinético. Algunas de las víctimas recibieron el impacto de varios proyectiles al mismo tiempo, lo cual sugiere que les dispararon de cerca, dado que estos proyectiles se dispersan a medida que se alejan.

El director general de la Policía, General Jorge Luis Vargas, le expresó a Human Rights Watch que no se enviaron policías vestidos de civil a operativos de control de multitudes ni para detener a manifestantes[i]. No obstante, la organización corroboró videos que muestran que policías vestidos de civil detuvieron a manifestantes que estaban bloqueando una autopista en Cali el 17 de mayo. ¿Por qué la presión internacional es decisiva para detener la violencia policial y presionar cambios? Más allá de las arbitrariedades en que incurren los agentes policiales, por lo siguiente: «Las autoridades colombianas, incluida la Fiscalía General de la Nación, que adelanta investigaciones penales, y la Policía y la Procuraduría General de la Nación, que pueden impulsar procedimientos disciplinarios, han logrado avances limitados en relación con los abusos policiales contra manifestantes». Y, también por esto: «No se han realizado avances significativos en la investigación de abusos policiales cometidos durante protestas anteriores. El 4 de junio, la Fiscalía le dijo a Human Rights Watch que había abierto 90 investigaciones por abusos policiales cometidos durante las protestas de 2019 y otras 116 por abusos cometidos durante las manifestaciones de 2020. La Fiscalía señaló que había iniciado el juicio en cinco casos de 2020 y había logrado imputaciones en otros dos casos. Ningún agente de policía había sido imputado en relación con los abusos cometidos durante las protestas de 2019 [...] La Procuraduría tampoco ha logrado ningún avance significativo. El 10 de mayo, la entidad informó a Human Rights Watch que había iniciado 24 investigaciones sobre las protestas de 2019, y otras 5 sobre las de 2020. Ningún policía había sido objeto de sanciones disciplinarias y la mayoría de los casos continuaban en etapas preliminares [...] El 17 de abril de 2021, el Ministerio de Defensa dijo a Human Rights Watch que la Policía había iniciado 40 investigaciones disciplinarias en relación con las protestas de 2019. De esas, 24 se habían archivado sin que se le aplicaran medidas disciplinarias a ningún policía, según señaló el Ministerio de Defensa, mientras que las demás se encontraban en trámite. El Ministerio de Defensa también informó que, de las 92 investigaciones disciplinarias que la Policía había iniciado sobre las protestas de 2020, 54 se habían archivado; en la mayoría de los casos debido a que los investigadores no habían podido identificar al policía involucrado. Solamente dos policías habían recibido sanciones disciplinarias en casos que parecían tener alguna relación con violaciones de derechos humanos, y otros cuatro habían resultado absueltos». Human Rights Watch es concluyente: «El sistema disciplinario policial carece de la independencia necesaria».

Añade el informe que: «La Fiscalía informó a Human Rights Watch el 4 de junio que solo había imputado a un policía en relación con los abusos cometidos durante la reciente ola de protestas. Se trata de un agente que fue imputado el 13 de mayo por el homicidio del manifestante Marcelo Agredo Inchima», un joven de 17 años asesinado por un policía. «El 28 de mayo, el director de la justicia penal militar señaló a HRW que los jueces militares habían abierto 34 investigaciones en relación con las protestas, incluyendo 10 por homicidios y 11 por lesiones personales». Sostiene la organización que: «Conforme a estándares regionales de derechos humanos, los tribunales penales militares no deben adelantar procesos por graves violaciones de derechos humanos».

El informe también deja en evidencia como el actual Gobierno elude el cumplimiento de los dictámenes del Poder Judicial. Nótese que, en septiembre de 2020, la Corte Suprema dispuso que se implementaran varias reformas para prevenir abusos en el contexto de protestas. No obstante, HRW «comprobó que los esfuerzos para cumplir con la sentencia de la Corte han sido en su mayoría proforma, y han tenido escaso impacto sobre la actuación policial. La principal o única excepción ha sido la prohibición de usar escopetas calibre 12, las cuales, hasta donde ha podido comprobar Human Rights Watch, no se han utilizado». La Corte Suprema ordenó que el Gobierno colombiano estableciera un nuevo protocolo sobre el «uso de la fuerza frente a manifestaciones pacíficas». «El gobierno efectivamente publicó un nuevo protocolo en enero de 2021, pero este no incluye ninguna nueva medida o mecanismo de supervisión serio para prevenir el uso excesivo de la fuerza durante manifestaciones o garantizar la rendición de cuentas cuando estos hechos ocurren». Subraya la organización que La Corte también ordenó que las organizaciones de derechos humanos y las agencias de la ONU fueran autorizadas para «verificar» las detenciones y los traslados por «protección» durante las protestas. En octubre de 2020, después de las protestas de ese año, la Procuraduría General de la Nación y la Policía crearon un comité para ese fin, el cual incluía a la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), pero no a las organizaciones locales de derechos humanos. Human Rights Watch recibió información que indica que la Policía y la Procuraduría en numerosas ocasiones no han convocado el comité durante las protestas actuales. La Corte resolvió que el Gobierno debía expedir un acto administrativo, a más tardar en octubre de 2020, que ordenara que todos los funcionarios gubernamentales protegieran y respetaran todas las «manifestaciones no violentas», incluso aquellas que se organizaran en contra del Gobierno. Pero el Gobierno no ha dictado esa norma. Del mismo modo, la Corte ordenó que la Defensoría del Pueblo realizara un seguimiento estricto a los abusos del ESMAD en contra de manifestantes. Los funcionarios de la Defensoría del Pueblo han estado monitoreando la respuesta a las protestas y buscando mecanismos de diálogo con manifestantes para levantar bloqueos, pero el número de funcionarios asignados a esta tarea ha sido insuficiente y no han dado abasto con la labor. El defensor del pueblo no ha reportado periódicamente respecto a los abusos ni los ha condenado de forma inequívoca. La realidad de los hechos una vez más expone el proceder del Gobierno Duque: «El 27 de mayo, la Corte Suprema abrió un procedimiento formal para determinar si el Gobierno había incurrido en un desacato».

HRW hace recomendaciones a los Organismos de Control, Procuraduría y Fiscalía, y al de protección a los ciudadanos, Defensoría del Pueblo, pero también presenta solicitudes concretas al Congreso de Colombia, en tanto Poder Legislativo, le solicita iniciar un proceso —con amplia participación de grupos de la sociedad civil y agencias internacionales que operan en Colombia— para reformar la Policía, adoptando diferentes medidas, esta es una de ellas: «Transferir la Policía del Ministerio de Defensa al Ministerio del Interior o a un nuevo Ministerio de Seguridad, a fin de asegurar que el rol y las funciones de los policías estén claramente separados de los de los militares». No es, desde luego, la reforma cosmética y superficial propuesta por el presidente Duque. Y, por supuesto, las recomendaciones de HRW al Gobierno y a la Policía son varias, pero en términos generales, podrían resumirse en el cumplimiento estricto del ordenamiento constitucional, judicial y en la primacía del Estado de derecho, actuar ciñéndose a las normas que establecen el respeto y el cumplimiento de los derechos humanos de los ciudadanos y el respeto de sus libertades. Abundar de manera tan exhaustiva en el informe elaborado por HRW puede parecer excesivo, pero sirve de referencia concreta para mostrar el carácter y el proceder del Gobierno, así como las concesiones excesivas del jefe de Estado, de Gobierno, suprema autoridad administrativa y comandante en jefe de las Fuerzas Militares a los agentes del Estado, militares y policías. El informe de Human Rights Watch devela su pertinencia al evidenciar que Colombia tiene una democracia precaria y un Gobierno autoritario que acude a la represión para gestionar las crisis.



[i] El director de la Policía manifestó el 14 de mayo que habían iniciado investigaciones disciplinarias contra 117 agentes por posibles conductas indebidas durante la actual ola de protestas. De esos agentes, cinco habían sido suspendidos temporalmente, incluidos tres que se encontraban bajo investigación disciplinaria por homicidio. El resto seguía desempeñando sus funciones. La Procuraduría, que también adelanta investigaciones disciplinarias, señaló el 31 de mayo que había iniciado 78 investigaciones de posibles abusos de poder y uso excesivo de la fuerza por parte de policías; la gran mayoría se encontraba en etapas preliminares, documenta el reciente informe de Human Rights Watch.

 
Acerca del autor
Clara Riveros
Clara Riveros
Politóloga, analista política y consultora en temas relacionados con América Latina.
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