Van contra la Carta Democrática de la OEA que el 11 de setiembre cumple veinte años, firmada en Lima después del gobierno autocrático de Alberto Fujimori en la década de los 90 en Perú. Todas esas garantías laboriosa y duramente ganadas durante décadas para las personas latinoamericanas, que no es lo mismo que funcionen solo para los Estados, hoy están bajo fuego coordinado de los enemigos de la democracia.

Por Hugo Machín Fajardo

Quieren impunidad. Así de simple. Volver a los regímenes dictatoriales de los setenta y ochenta, pero ahora disfrazados de humanistas y progresistas. Eliminan con francotiradores a manifestantes en las calles, secuestran durante meses a opositores, torturan mujeres y hombres en cárceles o chupaderos, como en la Argentina de Videla, o el Chile de Pinochet. Y someten a niños al sufrimiento de desaparecerles sus padres.

No quieren que nadie les supervise. Ni mucho menos lleguen a sus feudos con intención de verificar in situ las violaciones que sistemáticamente llevan años perpetrando contra sus conciudadanos. Que tampoco documenten sus vínculos con el crimen organizado, ni que investiguen sus cuentas innominadas en paraísos fiscales. Dicen defender la soberanía y rechazar la injerencia, pero mantienen a costa de sus pueblos a miles de asesores extranjeros contratados como represores.

Están preparando, consciente o inconscientemente, el terreno para otro sistema de vida que tendrían que sufrir en unos años los casi de 700 millones de latinoamericanos [llegarían a 715 millones en 2055] si la democracia no prevalece. Democracias latinoamericanas como las actuales que, por supuesto, adolecen de corrupciones, deficiencias, fisuras y violaciones de derechos humanos. Pero el peor sistema democrático republicano siempre será mejor que el que padecen hoy cubanos, nicaragüenses y venezolanos, prisioneros desde hace décadas. O la que viven 22 millones de argentinos —la pobreza alcanza 50% del total de los 45 millones de habitantes—; mexicanos, —80 candidatos asesinados por el crimen organizado en ocho meses de campaña electoral; impunidad en el 90% de los casos de periodistas asesinados siendo México el país más peligroso para ejercer el oficio

 y epidemia de feminicidios—; bolivianos, inmersos en la violencia étnica, o salvadoreños, gobernados por el autoritario Nayib Bukele desconocedor de la separación de los poderes estatales, quien en junio dijo que «ya no se puede confiar en la OEA». 

Quieren destruir los únicos instrumentos que desde la firma del Pacto de San José (1969) formalizaron la defensa de los derechos humanos de los latinoamericanos. En algún caso, hasta los de ellos mismos, cuando fueron opositores, o cuando acudieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para que les patrocinaran. ¿Cuántas vidas de presos políticos habrá salvado la OEA de la época del argentino Alejandro Orfila recientemente fallecido? La vinculación de Orfila al justicialismo no le impidió desempeñarse acertadamente en defensa de los derechos humanos durante su secretaria general de la OEA (1975-1984) y actuar, dentro de sus posibilidades, contra los excesos de las dictaduras del Cono Sur.

No les importa desandar un camino, de casi un siglo, como es el caso del Comité Jurídico Interamericano (CJI), integrado por once juristas nacionales de los Estados miembros, y sus 45 años (1974 - 2019) de labor continua para desarrollar y formar a operadores judiciales en múltiples ramas del Derecho, —puede accederse en línea— en beneficio de sociedades y ciudadanía de la region.

Sueñan con dejar sin efecto el apoyo que la OEA presta a 465 Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) mediante 600 acuerdos de cooperación que en diferentes países de la región actúan desde la base civil para mejorar la calidad de vida de los más débiles. Ese ataque es coherente con sus apelaciones a la sociedad civil mientras estaban en la oposición, pero que cuando se apoderan del gobierno, las cooptan y transforman en voto cautivo—kirchnerismo puro y duro— o les quitan su personería jurídica y les cierran sus locales, como ha hecho Ortega con medio centenar de ONGs nicaragüenses.

Desconocen a los 72 países que desde 1972 a la fecha —Moldavia es el último, España fue el primero— solicitaron y tienen estatus de “Observador Permanente» en la OEA. 

En síntesis: van contra la Carta Democrática de la OEA que el 11 de setiembre cumple veinte años, firmada en Lima después del gobierno autocrático de Alberto Fujimori en la década de los 90 en Perú. Todas esas garantías laboriosa y duramente ganadas durante décadas para las personas latinoamericanas, que no es lo mismo que funcionen solo para los Estados, hoy están bajo fuego coordinado de los enemigos de la democracia.

Las medidas cautelares que dicta la CIDH y las medidas provisionales que dispone, se adoptan para proteger a las personas de daños irreparables frente situaciones de gravedad y urgencia.

Las medidas provisionales son fundamentales en el respeto a los derechos humanos en América Latina y el Caribe. «Son medidas que dicta la CIDH en casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar daños irreparables a las personas. En muchas ocasiones estas medidas provisionales pueden salvar la vida de una persona o de un colectivo al cuál se le están amenazando la garantía de los derechos humanos».

A la fecha, México tiene pendientes 48 medidas provisionales dispuestas por la CIDH; Venezuela suma 96 medidas; Nicaragua,13 medidas provisionales, con tendencia a más y Argentina 20 medidas provisionales.

Fuego directo. Fracasados los intentos de sustituir por la vía de los hechos a la OEA con el invento del ALBA (2004), hoy inexistente; la Unasur fundada en 2010 —su dispendiosa sede de Quito— USD 40 millones— ya tiene otro destino y la estatua de Néstor, por no representar «los valores y la ética» de los pueblos latinoamericanos, según el entonces presidente ecuatoriano Lenín Moreno, tras pasar un año en una bodega quiteña, ha sido devuelta a la viuda del ex Presidente argentino— o la aberración de la Celac, creada en 2011, donde el representante de una dictadura ocupó la presidencia pro tempore para dirigir a países democráticos— ahora el fuego es directo sobre la propia OEA.

Por eso el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el 26 de julio 2021, llamó a los países de América Latina y el Caribe a sustituir a la OEA, «por un organismo autónomo no lacayo de nadie». Nada menos que AMLO, quien hace concesiones a los carteles del narcotráfico y en tres años de estar en el poder, aún nada sabe de los 43 de Ayozinapa masacrados por la mafia; incompetente ante la pandemia del feminicidio mexicano, y represor de los migrantes centroamericanos como en su momento pactó con Trump. El primero de setiembre 2021 una consultora mexicana dio a conocer que AMLO en sus 684 conferencias matutinas ofrecidas en los 1.005 días de gobierno, realizó 61.079 afirmaciones no verdaderas.

Entonces AMLO, desacreditado en el interior de su país, opta por repetir las falsedades de sus aliados externos, los dictadores Maduro y Daniel Ortega, quienes hace años que pretenden desacreditar a la OEA. El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, redobló el ataque y anticipó que el 18 de setiembre el gobierno mexicano le propondrá a Estados Unidos «otra arquitectura política en las Américas».

Siguen al primer discípulo del mentor. Hugo Chávez —obedeciendo a Fidel Castro, que en su rencor para con Latinoamérica llamaba a la OEA «ministerio de colonias»— fue quien en 2012 inició la campaña contra la democracia regional: «si [la OEA] no cambia hay que acabar con ella (…) ¿para qué la Organización de Estados Americanos y para qué la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Vamos a crear nuestros mecanismos en estos espacios geopolíticos de unidad y de integración que están naciendo como la Celac (Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños)», amenazaba desde el Palacio de Miraflores retrasmitido por la televisora estatal.

En agosto se sumó a la campaña anti-oea el ministro de Defensa kirchnerista, Jorge Taiana, ex terrorista montonero, vacunado VIP, al solicitar al presidente Joe Biden la renuncia del secretario general de la OEA, el uruguayo Luis Almagro a quien acusó de «inmoralidad».  Taiana, admirador del régimen chino,  dice que «no hay negociación posible con una OEA dirigida por Almagro» y se mostró partidario de  sustituir la presencia argentina en la OEA por un apoyo a la Celac.

Y, más recientemente, el 26 de agosto 2021, el gobierno de Bolivia enfoca sus ataques contra Almagro: el ministro de Justicia, Iván Lima, y el canciller Rogelio Mayta, evaluarán todos los escenarios para «llegar a la verdad», sobre la supuesta «injerencia» en la que habría incurrido el funcionario uruguayo cuando denunció y ratificó la existencia de un fraude electoral ocurrido en Bolivia en 2019.

Almagro ha sido un secretario general atípico de la OEA. A diferencia de su predecesor, el chileno José M. Insulza —tibio cuestionador ante los avances chavistas sobre la democracia venezolana— el uruguayo fue frontal en su defensa de los derechos humanos. Visitó la frontera colombo/venezolano para atender allí el drama migratorio provocado por Maduro. Desde el eje La Habana/Caracas le inventaron mentiras como la de su supuesta coordinación con el Comando Sur de Estados Unidos; y el ex presidente uruguayo José «Pepe» Mujica contribuyó a ese descrédito fabricado.

También es cierto que Almagro no es un fenómeno. Le erró en su inicial apreciación de lo que acontecía en Nicaragua, al igual que sus asesores, como el tupamaro uruguayo Luis Ángel Rosadilla, que fue y vino desde Washington a Managua en 2017 en misiones empañadas por el secretismo y conciliábulos con Ortega. 

Volvió a equivocarse cuando apoyó a Evo Morales y su tesis de que la reelección presidencial permanente era un derecho humano, absurdo que la propia CIDH descalificó.

Y no menos cierto que la OEA puede adolecer de burocratitis en alguna de sus instrumentos, ¿pero qué organismo internacional está libre de culpa? Pero asombra que, a la fecha, desde los Estados miembros de la OEA, desde los partidos políticos, así como desde las OSC latinoamericanas y centros de pensamiento, no haya pronunciamientos en defensa de la Organización de Estados Americanos. Lo del síndrome de la rana hervida…