Por Andrés Cañizález

Existe una clarísima relación entre la publicidad oficial y la libertad de expresión. El numeral 13 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que puede verse en Internet: www.cidh.org/relatoria deja sentado con precisión que el uso político en la asignación de la publicidad gubernamental es una traba para el ejercicio de la libertad de expresión. ¿Y cómo puede darse este uso político? En Venezuela tenemos amplia experiencia en el tema, con una práctica que si bien se heredó de los gobiernos anteriores, durante los últimos años parece haberse perfeccionado. Sencillamente se utilizan los fondos del Estado para premiar adhesiones o castigar a los críticos, sin más la publicidad oficial termina siendo un garrote para golpear a aquellos que se portaron mal. No hay que ir muy lejos, si usted revisa las páginas de este vespertino (Tal Cual) en ellas no encontrará publicidad gubernamental, la misma que por otra parte literalmente inunda a cualquier pasquín, siempre y cuando tenga la boina roja y sea complaciente, pues a los revolucionarios críticos también se les castiga, como lo saben muchos medios comunitarios.

Los estándares internacionales, especialmente europeos, a los que tanto cita el ministro Jesse Chacón cuando habla del futuro canal 2 como señal de servicio público, indican que la pauta publicitaria del Estado debe distribuirse de acuerdo a la circulación, a la ubicación geográfica del medio y efectivamente las autoridades pueden utilizar los fondos para la promoción de otras voces, por ejemplo la voz indígena, cuando se vea que éstas son silenciadas por los medios tradicionales. Una regla parece ser común, no usar la publicidad estatal, que a fin de cuentas simbolizan fondos públicos y por tanto de todos los ciudadanos, para favorecer sólo a los de una parcela política. Y tampoco quitársela a medios por la sencilla razón de que reflejan las críticas que el gobierno no quiere oír.

El año pasado, dentro de los programas que desarrollamos en el CIC-UCAB, revisamos la tendencia de la publicidad oficial en cuatro diarios venezolanos, dos de Caracas y dos regionales. Durante varios fines de semana de agosto y septiembre los avisos gubernamentales se desplegaban ampliamente en Panorama y Últimas Noticias, mientras en El Nacional eran escasos y sólo uno salió en El Correo del Caroní. El Nacional, por aquellos días, era blanco de críticas gubernamentales y los pocos avisos eran de alguna gobernación o alcaldía, mientras que el ministro de Cultura, Farruco Sesto, dejaba en claro su política de no poner avisos en dicho diario porque cuestionaba la política editorial del mismo. En el caso de El Correo del Caroní el tema de la publicidad se unió a los señalamientos por parte del gobernador, Francisco Rangel, y a las maniobras para desalojarlos del local que ocupan en Puerto Ordaz. La publicidad oficial, en este caso, operó como mecanismo de discriminación: pese a su circulación importante en la región guayanesa de Venezuela, donde se ubica el río Orinoco, los anuncios sobre la obra del gobierno “Segundo puente sobre el río Orinoco” sólo fueron publicados en los diarios Últimas Noticias, editado en Caracas, y Panorama, que circula principalmente en el Zulia, mientras que el diario de la región, El Correo del Caroní, no tuvo ningún aviso, al menos en los cinco fines de semana que hicimos la medición. Por otra parte, mientras el periódico caraqueño de la Cadena Capriles recibía un aviso para una licitación de la Gobernación del Estado Bolívar, El Correo del Caroní no registró ningún aviso del gobierno regional, para una licitación local. Es ésta una clara muestra de prácticas violatorias de la libertad de expresión: mantener una voz crítica trae consecuencias a la hora de que se coloquen los avisos publicitarios.

El tema cobra mayor relevancia en un país como Venezuela, en donde PDVSA es el principal anunciante nacional.
 
Originalmente publicado en el Vespertino Tal Cual (Pág. 4, 22.02.2007).