Persecusión social
Decreto 837: El Partido Comunista Chino establece control económico, social e ideológico ahora también fuera de China
El Decreto 837 se alinea con la Ley de Unidad Nacional y el Decreto 835. La norma delimita las inversiones fuera de China y dicta qué leyes extraterritoriales se pueden cumplir bajo el concepto de seguridad nacional.
Fuente: Gabriel Luccia Scalise
Nada nuevo en el paraíso en el que la izquierda internacional se excita para mostrarle al mundo los "avances" del socialismo/capitalismo ¿? chinos. Hace décadas que China mantiene una muy aceitada infraestructura política, con enormes inversiones económicas, con las formas más heterodoxas imaginables, para sostener el relato de una China pujante, respetuosa de los derechos humanos y con un enorme desarrollo industrial y tecnológico.
El Decreto 837 aprobado por Consejo de Estado sobre la Inversión en el Exterior tiene cuatro objetivos:
1.- Promover la inversión exterior;
2.- Proteger a los inversores chinos;
3.- Fortalecer la supervisión estatal;
4.- Proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país.
No obstante, hay un elemento que hoy caracteriza buena parte del derecho chino: la seguridad nacional deja de ser una materia excepcional y pasa a convertirse en un principio transversal de regulación tanto económica así como sociológica y fundamentalmente, como sucede con cualquier otra dictadura fascista: ideológica.
El Decreto, tiene un alcance mucho más amplio que la “seguridad nacional” en la tradición occidental. Va mucho más allá de la "defensa o el terrorismo", sino también la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política. Todo deberá permanecer bajo la órbita del estricto y sistemático control del Partido Comunista Chino.
Promulgado por el Consejo de Estado, el Decreto que entra en vigor desde el 1 de julio de 2026, no es una ley directa de "crédito social" para ciudadanos, sino el nuevo Reglamento sobre Inversiones en el Extranjero (ODI). Sin embargo, ejerce un profundo impacto en el control social e ideológico al expandir la jurisdicción de Beijing sobre el comportamiento de sus ciudadanos y empresas privadas fuera del territorio chino.
Los puntos principales son:
- Extensión jurisdiccional (Artículo 13): Permite a Pekín ejercer control sobre operaciones internacionales en el extranjero siempre que involucren capitales, personal técnico o tecnología de origen chino.
- Transferencia tecnológica blindada: Prohíbe exportar o transferir de forma indirecta (mediante capacitaciones, asistencia o envío de personal) determinados bienes o conocimientos estratégicos sin la autorización del régimen.
- Conflictos por secreto de datos (Artículo 22): Si un ciudadano o empresa china en el exterior enfrenta un proceso judicial o arbitraje internacional, tiene prohibido aportar pruebas o materiales si estos afectan los criterios de seguridad de datos o secretos de Estado fijados por Pekín.
El decreto 837 prohíbe además exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización expresa del Partido Comunista Chino. Incluso toma bajo el control del gobierno, el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza.
El decreto impone además, un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente.
Se trata entre otras cosas, de controlar a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, Hong Kong o el Tíbet.
El gobierno chino da mucha importancia a las actividades de luchadores por los derechos humanos en Occidente, ya que proteger su fachada de dictadura blanda, es crucial y ha demostrado en los últimos años, estar muy alerta acerca de cualquier protesta o estallido que pudiera ocurrir tano en su país como en extranjero, ya que, dadas las comunicaciones de hoy en día, cualquier chispa que active una protesta en Occidente podría convertirse en un estallido dentro de sus fronteras.
Controlar a los líderes de las Organizaciones de Derechos Humanos, los mantiene bajo el temor de que el PCC pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen.
Nada nuevo en el paraíso en el que la izquierda internacional se excita para mostrarle al mundo los "avances" del socialismo/capitalismo ¿? chinos. Hace décadas que China mantiene una muy aceitada infraestructura política, con enormes inversiones económicas, con las formas más heterodoxas imaginables, para sostener el relato de una China pujante, respetuosa de los derechos humanos y con un enorme desarrollo industrial y tecnológico.
El Decreto 837 aprobado por Consejo de Estado sobre la Inversión en el Exterior tiene cuatro objetivos:
1.- Promover la inversión exterior;
2.- Proteger a los inversores chinos;
3.- Fortalecer la supervisión estatal;
4.- Proteger la seguridad nacional y los intereses estratégicos del país.
No obstante, hay un elemento que hoy caracteriza buena parte del derecho chino: la seguridad nacional deja de ser una materia excepcional y pasa a convertirse en un principio transversal de regulación tanto económica así como sociológica y fundamentalmente, como sucede con cualquier otra dictadura fascista: ideológica.
El Decreto, tiene un alcance mucho más amplio que la “seguridad nacional” en la tradición occidental. Va mucho más allá de la "defensa o el terrorismo", sino también la tecnología, los datos, las finanzas, las cadenas de suministro, la energía, la cultura y la estabilidad política. Todo deberá permanecer bajo la órbita del estricto y sistemático control del Partido Comunista Chino.
Promulgado por el Consejo de Estado, el Decreto que entra en vigor desde el 1 de julio de 2026, no es una ley directa de "crédito social" para ciudadanos, sino el nuevo Reglamento sobre Inversiones en el Extranjero (ODI). Sin embargo, ejerce un profundo impacto en el control social e ideológico al expandir la jurisdicción de Beijing sobre el comportamiento de sus ciudadanos y empresas privadas fuera del territorio chino.
Los puntos principales son:
- Extensión jurisdiccional (Artículo 13): Permite a Pekín ejercer control sobre operaciones internacionales en el extranjero siempre que involucren capitales, personal técnico o tecnología de origen chino.
- Transferencia tecnológica blindada: Prohíbe exportar o transferir de forma indirecta (mediante capacitaciones, asistencia o envío de personal) determinados bienes o conocimientos estratégicos sin la autorización del régimen.
- Conflictos por secreto de datos (Artículo 22): Si un ciudadano o empresa china en el exterior enfrenta un proceso judicial o arbitraje internacional, tiene prohibido aportar pruebas o materiales si estos afectan los criterios de seguridad de datos o secretos de Estado fijados por Pekín.
El decreto 837 prohíbe además exportar o utilizar en el exterior determinados bienes, tecnologías, servicios y datos sin autorización expresa del Partido Comunista Chino. Incluso toma bajo el control del gobierno, el desplazamiento de personal técnico, la capacitación o la asistencia técnica transfronteriza.
El decreto impone además, un sistema de revisión de seguridad para inversiones exteriores y obliga a corporaciones y personas a colaborar plenamente.
Se trata entre otras cosas, de controlar a las organizaciones en el extranjero que promueven los derechos de Taiwán, los uigures, Hong Kong o el Tíbet.
El gobierno chino da mucha importancia a las actividades de luchadores por los derechos humanos en Occidente, ya que proteger su fachada de dictadura blanda, es crucial y ha demostrado en los últimos años, estar muy alerta acerca de cualquier protesta o estallido que pudiera ocurrir tano en su país como en extranjero, ya que, dadas las comunicaciones de hoy en día, cualquier chispa que active una protesta en Occidente podría convertirse en un estallido dentro de sus fronteras.
Controlar a los líderes de las Organizaciones de Derechos Humanos, los mantiene bajo el temor de que el PCC pueda tomar represalias contra sus familias en su país de origen.