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Andrés Cañizález

Crítica, expresión y democracia

Muchos gobiernos, incluyendo el venezolano, entienden que puede darse un uso exagerado de la expresión, especialmente política, y por tanto asumen una posición restrictiva. El rol del gobierno, si está comprometido genuinamente con la democracia, no está sólo en defender los puntos de vista de aquellos con los que coincide, sino de amparar la existencia de la crítica y de los puntos de vista que le son incómodos.

Por Andrés Cañizález
Twitter: @infocracia
11 de mayo de 2007
 

Estos días hemos tenido una dosis abundante de informaciones y opiniones sobre el tema de la libertad de expresión.

Resulta obvio, la celebración del día mundial de la libertad de prensa, el 3 de mayo, tiene una clara cercanía este año con el anunciado cese de la frecuencia abierta de RCTV. Entre tantas cosas dichas, merece la pena regresar sobre una entrevista que publicó El Universal, con el embajador de Finlandia, Mikko Pyhala. Diplomático bastante activo, en varias ocasiones ha tenido la certera capacidad de decirnos qué es lo que pasa en su país en temas neurálgicos para la democracia. Esta no es la excepción.

Finlandia tiene un esquema, según se desprende de lo dicho por el embajador, de promoción de la libertad de expresión e información.

Muchos gobiernos, incluyendo el venezolano, entienden que puede darse un uso exagerado de la expresión, especialmente política, y por tanto asumen una posición restrictiva. Esta lógica nos lleva a que ante la existencia de opiniones críticas o ante el debate de temas incómodos, la primera reacción gubernamental sea anular dicha crítica, por mecanismos directos (la censura, las presiones sobre los redactores o directivos) o indirectos (chantajes con la asignación de permisos, uso del tema tributario como método de coacción).

Desde una perspectiva de promoción, como la que existe en varios Estados europeos, el asunto está enfocado en que haya más expresiones, de promover la existencia de medios y opiniones, sin apostar a que sean –necesariamente complacientes con el gobierno.

Teniendo tal norte, entonces se toman acciones como el financiamiento con fondos públicos de actividades partidistas, entre las cuales los partidos políticos pueden tener medios de comunicación para fijar sus puntos de vista. El financiamiento estatal es para todos por igual, obviamente siguiendo una proporción de acuerdo con el caudal de votos obtenidos. En materia de medios privados, un termómetro para asignar publicidad es el tamaño de la audiencia. Es decir, el gobierno reparte la torta de los avisos publicitarios del

Estado sin seguir una tendencia perversa: favorecer a los simpatizantes y castigar a los críticos. El resultado, con ambas políticas, como bien lo recoge el titular de la entrevista con el embajador, "en Finlandia el Estado paga para que lo critiquen". Esto, por supuesto, responde a criterios absolutamente democráticos.

La libertad de expresión, por otro lado, no se ejerce sin límites, por lo que resulta llamativa la experiencia de Finlandia en la creación de un Consejo de Prensa, al que se llevan los debates éticos a partir de situaciones concretas que afrontan los medios, así como el malestar de la ciudadanía con coberturas periodísticas. Este consejo, como lo sugieren las normas en defensa de la libertad de expresión, no es designado por el gobierno sino que está integrado por representaciones paritarias: dueños de medios y periodistas.

A la cabeza de este órgano está una persona con suficiente aval moral como para que no pueda ser descalificado, por ninguno de los dos sectores, y eso le otorga garantías de credibilidad a sus decisiones.

En tanto, en materia de radio y televisión, en los cuales obviamente el Estado tiene una mayor injerencia debido a que estas empresas hacen uso del espacio radioeléctrico, que a fin de cuentas es de todos, existe una Comisión de Radiodifusión, en la que participan tanto representantes del gobierno como de la oposición. Los canales gestionados por dicha comisión están abiertos al debate político, y la actuación estatal no implica que en sus programaciones está cerrada la posibilidad de críticas al desempeño gubernamental.

Prácticas de esta naturaleza simbolizan el valor que tiene la libertad de expresión, como asunto sustantivo de cualquier modelo democrático.

El rol del gobierno, si está comprometido genuinamente con la democracia, no está sólo en defender los puntos de vista de aquellos con los que coincide, sino de amparar la existencia de la crítica y de los puntos de vista que le son incómodos.

Fuente: Tal Cual (Pág. 4, 10.5.2007)

 
Acerca del autor
Andrés Cañizález
Andrés Cañizález
Investigador Titular de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB, Venezuela) y profesor del postgrado en Comunicación Social de dicha universidad. Coordinador de extensión de la UCAB en el Estado Lara. Directivo de la Asociación Civil Medianálisis y Consejero Académico de CADAL. Escribe regularmente en los diarios venezolanos El Nacional, El Impulso, El Tiempo, La Verdad, El Carabobeño y en el portal El Estímulo.
Twitter: @infocracia