Si se hizo una cumbre de emergencia de la Unasur por las bases colombianas, ¿no es hora de convocar otra, igualmente urgente, pero por la emergencia democrática, que claramente vive la región? El afán de control estatal casi siempre termina dañando lo que supuestamente quiere proteger, en este caso el pluralismo de la comunicación. Y en el caso de la Argentina, si ese afán viene de los K, hay la certeza de que no existen siquiera esas buenas intenciones.

Por Pablo Díaz de Brito

El ecuatoriano Rafael Correa, apenas retornado de Bariloche, donde se había prodigado en favor de la soberanía del continente, agarró el micrófono y amenazó de muerte a Teleamazonas, un canal privado de Ecuador. "Una cloaca con antenas", bramó el presidente, quien aseguró que "no tengo miego" a las críticas, que sin dudas le llegarán por concretar su siniestra promesa.

Los de Teleamazonas habían puesto al aire un video supuestamente grabado en el despacho de Correa, de contenido al parecer poco edificante para la causa bolivariana y sudamericana que revolea con tanto entusiasmo Correa. Así que el presidente se enojó de veras y ordenó el cierre del medio tan insolente. En Caracas, la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, la misma que presentó el proyecto de ley sobre los "delitos mediáticos", afirmó que las manifestaciones callejeras serán consideradas un crimen pasible de recibir penas de hasta 24 años de cárcel.

Ambos episodios dan una idea de cómo están las cosas en media Latinoamérica en lo que se refiere a libertades y estándares democráticos. Si se hizo una cumbre de emergencia de la Unasur por las bases colombianas, ¿no es hora de convocar otra, igualmente urgente, pero por la emergencia democrática, que claramente vive la región?

Que un presidente hable por cadena nacional para insultar a un medio y amenace cerrarlo debería ser por sí solo un motivo de alerta continental. Ni hablar del planteo de la fiscal general venezolana ¿No tienen nada que decir las autodenominadas "organizaciones sociales" argentinas, que tanto recurren a la protesta callejera? La OEA de Insulza, tan activa en algunos casos, como el de Honduras, debería mostrar la misma prontitud y atención en estos otros. El alcalde electo de Caracas, Antonio Ledezma, peregrina por el continente para poner al tanto a los distintos países de la aberrante situación que vive. Elegido en elecciones limpias, no puede de hecho ejercer el cargo por orden de Chávez. Así nomás. Otro motivo para declarar una alerta democrática. Súmense las 34 radios clausuradas por el coronel Chávez, y las otras 200 que esperan turno.

Pero no, ni Argentina, que en Quito convocó a la cumbre de Bariloche, ni Insulza ni nadie parece interesado en estos casos tan graves. El silencio de los sectores autodenominados progresistas del Cono sur es al respecto escandaloso, pese a que sea de antigua data. Es tan evidente que estos sectores -que logran hábilmente una sobrerrepresentación enorme en el espacio público- comulgan con lo que hacen Chávez, Evo y Correa, que por más que señalen una y otra vez que cada país tiene su proceso específico, no se puede dudar de que sueñan secretamente, y no tan secretamente en muchos casos, con repetir esos procesos autoritarios en estas tierras. Por eso, viven al kircherismo como un aguachento sucedáneo de esos líderes caribeños y andinos que tanto los excitan. Revival inesperado, el de las izquierdas populistas, que toma desprevenidos a muchos veteranos intelectuales, cuando ya estaban espiritualmente preparados para el definitivo crepúsculo. A la vejez viruela, se dirán, al tiempo que desempolvan la setentista Olivetti.

En cuanto a la pata local de este tema clave, es evidente que la movida gubernamental kirchnerista tiene su tufillo chavista, por más que las diferencias sean igual de evidentes. La concentración de "organizaciones sociales", repleta de carteles que insultaban y amenazaban al grupo Clarín, para hacer de contorno al acto de Cristina, debe haber lucido a los ojos de un extranjero como algo casi idéntico a los mecanismos de presión brutales del chavismo. El discurso de ese día de la presidenta, si bien más pulido que las bravuconadas del coronel Chávez, también contuvo su buena dosis de amenazas, veladas y no tanto.

En cuanto al proyecto de ley en sí, hay al menos cuatro objeciones centrales, y que muchos ya han formulado muy bien: la primera, que sea un gobierno fundadamente imputado de afán hegemónico el que la plantee. Si se recuerda lo que son los medios en Santa Cruz, hay motivos para preocuparse de sobra. En segundo lugar, el texto extiende el régimen de control estatal del espacio radioeléctrico a los cables, que no hacen uso de él. Arbitrario, cuanto menos. Tercero, la revisión de licencias cada dos años, aunque formalmente se extiendan por diez. Esto pone de rodillas a los medios de antemano. Cuarto, la inexistencia de un organismo de control de la norma que no vaya a ser el Comfer de Mariotto u otro apéndice similar del omnipoder que reside en Olivos. Hay varios puntos más, como la división en tercios de las licencias y el alambicado mecanismo de habilitaciones y prohibiciones según lo que ya tenga cada dueño. En general, el caso vuelve a demostar que el afán de control estatal casi siempre termina dañando lo que supuestamente quiere proteger, en este caso el pluralismo de la comunicación. Y si ese afán viene de los K, hay la certeza de que no existen siquiera esas buenas intenciones.

Las imposturas del periodismo de izquierdas

La izquierda dura, pero también su hermanito educado, el progresismo, comparten la retórica, la conducta y, sobre todo, los objetivos de Chávez respecto de los medios de comunicación. Estos objetivos apuntan a la construcción de medios puramente estatales o para-estales (los, en el escenario venezolano, mal llamados "alternativos"), para sustituir a los privados, los odiados "medios capitalistas".

Esta posición se sostiene argumentando que los periodistas en una sociedad liberal-capitalista son sometidos por los dueños de los medios a dar una información y una versión de los hechos que es falsa per se. Todo el razonamiento, sin embargo, es radicalmente falaz: porque aún con los límites intrínsecos de economías y sociedades subdesarrolladas como las latinomericanas, el modelo demoliberal de periodismo da los mayores márgenes de libertad y pluralismo dentro de los modelos en debate. (Venezuela es un ejemplo viviente de esto: había mucha más libertad y pluralismo informativo hace 10 años que hoy).

En el sistema demoliberal se garantiza la multiplicidad de culturas e ideologías propia de sociedades democráticas: así, hay medios de derecha, de centro y de izquierda; laicos y confesionales; netamente conservadores y liberales progresistas, socialdemócratas y de izquierda radical, etc. Por supuesto, este sistema funciona mucho mejor, como todo, en los países desarrollados, donde hay más dinero, mejor marco institucional, justicia independiente, cultura empresaria editorial (punto muy importante), alto nivel de educación general, etc.

Actualmente se practica, en un clima de progresismo a la latinoamericana casi hegemónico, un terrorismo moral que reclama para este sector el monopolio de la verdad informativa y de la ética profesional. No hay horizonte ético más allá del que trazan la izquierda y el progresismo. Así se anula la normal contraposición dialéctica democrática entre izquierda y derecha, para anteponer un dogma, tácito pero infranqueable e innegociable, que elimina ese escenario de normal debate democrático. Si la moral nos pertenece exclusivamente, porque está, inextricable e irrevocablemente, soldada a nuestros valores político-ideologicos -y solamente a ellos-, los demás únicamente pueden ser mercenarios, traidores, cínicos profesionales, vendidos, idiotas útiles, etc. Existe por lo tanto un cuadro que sólo puede calificarse con terminología clínica: delirio de superioridad moral. Es a partir de este gesto, o síntoma, que la izquierda criolla clausura el disenso y se autoarroga el monopolio, ya no sólo ético, sino también informativo.