Las gestiones que han pasado por el gobierno de la CABA en la última década no han realizado demasiados esfuerzos en términos de mejoramiento de las prestaciones de los servicios públicos a la población. ¿Por qué el peso del ajuste siempre tiene que caer en los contribuyentes y nunca en el sector público?

Por Pablo E. Guido

Según lo publicado recientemente en los medios de comunicación, hay un proyecto del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) para aumentar el impuesto de Alumbrado, Barrido y Limpieza (ABL) en un 22% promedio. ¿Cuál es la justificación del gobierno de Mauricio Macri para transferirles a los contribuyentes una mayor carga tributaria?

Por el lado de los ingresos observamos que en el gobierno capitalino la recaudación tributaria ha tenido un fenomenal incremento de recursos: en 2001 alcanzó los $2.515 millones, mientras que para el 2009 llegaron a ingresar $12.560 millones. Esto significa un incremento del 400%, es decir, 5 veces más. Para el año 2010 se llevan recaudados $9.900 millones en los primeros ocho meses del año, con lo cual se puede estimar una recaudación cercana a los $15.000 millones. Esto hace un incremento, respecto al 2001, de casi 6 veces; o un 50% más si lo medimos en dólares (U$S 3.750 millones vs. $2.500 millones).

El ingreso per cápita en dólares en el país aumentó, entre 2001 y 2009, tan sólo un 4,25% (U$S 7472 vs. U$S 7.170). El PIB medido en dólares, para el mismo lapso, aumentó un 14%. Lo cual significa que la recaudación, medida en moneda “dura”, ha ido más rápido que los ingresos de la gente y la producción del país.

¿Qué significa esto? Sencillamente, que la carga tributaria ha subido una enormidad. Y todo para financiar un estado que gasta cada vez más, no sólo en términos nominales sino en relación a los ingresos de las personas.

Si lo analizamos por el lado de los gastos no obtendremos ninguna respuesta que justifique aumentar los impuestos. Entre 2001 y el 2010 (en este último año según el presupuesto aprobado) el gasto total del municipio aumentó un 470%, es decir, más de 5 veces y media. Cualquier estimación privada de inflación no alcanzaría para justificar ese incremento en moneda corriente local. Si lo medimos en dólares observamos que el aumento ha sido de casi 42% en el mismo lapso. La mayoría de los economistas menciona que todavía el poder adquisitivo del dólar (el tipo de cambio real) en Argentina es superior al que existía en el año 2001, por lo tanto, no hay tampoco por este lado una justificación razonable. El gasto en la policía urbana municipal no llega a los 800 millones de pesos o 200 millones de dólares, es decir, no hay por ahí nada que haga “explotar” el gasto.

Si la población en la ciudad de Buenos Aires aumentó, desde 2001 a la fecha, tan sólo un 12% (de 2,7 millones a poco más de 3 millones de habitantes), ¿por qué la plantilla de empleados públicos aumentó al menos un 25%,  incrementándose desde las 112 mil personas a las 140 mil del año 2007 (última cifra de la cual se tiene información)?

Entre el año 2001 y 2009 la cantidad de empleados públicos por cada 1000 habitantes aumentó desde 41 a 53, es decir, un 30%. ¿Habrá aumentado la plantilla de maestros y profesores de los establecimientos educativos públicos? Nada justificaría, en caso de ser así, dicho aumento ya que la población de la capital envejece no se “enjuvenece”. ¿Habrá aumentado la cantidad de médicos y enfermeros en los hospitales públicos de la ciudad? De nuevo, la población que utiliza estos servicios no se ha incrementado en un tercio en la última década, como para justificar tamaño incremento de la plantilla de los servicios sanitarios.

Las gestiones que han pasado por el gobierno de la CABA en la última década no han realizado demasiados esfuerzos en términos de mejoramiento de las prestaciones de los servicios públicos a la población. ¿Por qué el peso del ajuste siempre tiene que caer en los contribuyentes y nunca en el sector público?

En un Estado de Derecho la ley tiene que ser de aplicación igualitaria para todos y también así debe suceder cuando de “ajustarse el cinturón” se trata. De lo contrario, se establece un sistema de privilegios, de castas, donde el que realiza el esfuerzo siempre es el eslabón más débil, en este caso, el contribuyente individual que está solo frente al poder enorme del Estado. Y los que se ven “liberados” del ajuste son los grupos que viven del Estado, directa o indirectamente.

Si el gobierno municipal actual quiere dar el ejemplo y cambiar la manera de hacer política -como lo manifestó durante la campaña electoral- es hora de que comience a hacerlo.

Pablo E. Guido es analista del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL).