(Puente Democrático, Argentina) - Bajo la impronta de cruzada que parece guiar sus actos, no sólo pretendieron copar la rueda de prensa para imponer la agenda de temas, sino que uno de ellos, escondido detrás de las cámaras de TV que seguían en directo el acto en el fondo del Salón de ADEPA, actuó como puntero político, no sólo digitando el orden de quienes debían hacer las preguntas, sino regañando a quienes no las efectuaban de modo conveniente u ordenando repreguntar sobre tal o cual cuestión a la media docena de jóvenes que parecían estar bajo sus órdenes.

Por Hugo E. Grimaldi

Acaba de pasar por la Argentina una misión de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) que ha hecho una observación digna de tener en cuenta: “al igual que en Venezuela, Ecuador y Bolivia donde hay procesos de aguda confrontación, observamos una amplia polarización tanto en la prensa como en la sociedad argentina”.

La palabra “polarización” ha sido más bien benigna a esta altura de los acontecimientos, ya que es demasiado evidente que en muchos temas la división es extrema y está claro que a medida que se acerquen las elecciones el tajo se habrá de profundizar.

El caso de la prensa es un paradigma a tener en cuenta debido a que la SIP, que vino a recoger in situ testimonios sobre el funcionamiento de la libertad de expresión en la Argentina para elaborar un Informe, se encontró con dos mundos muy diferenciados, donde la víctima y el victimario han comenzado a confundirse por una acción deliberada del Gobierno.

Por un lado, la prensa que se mueve de modo independiente en relación al poder político, no sólo las empresas sino también muchos periodistas agraviados por el Gobierno, ha denunciado los bloqueos a la circulación de diarios, las asignaciones a dedo de los fondos públicos destinados a difundir propaganda oficial, la discriminación por parte de los funcionarios y varios aspectos de la Ley de Medios que atentan contra derechos constitucionales, más allá de que, en nombre de la pluralidad, la norma puede llegar a uniformar el pensamiento a través de emprendimientos que sólo tengan sustento a partir de los favores oficiales.

Pero, por otro lado, la SIP se encontró con una postura oficial proactiva, que sostuvo que las críticas de muchos medios al Gobierno son de tono “despiadado y repetitivo”, que muchas de las informaciones que éste considera “relevantes” son omitidas adrede y que se “desinforma a través de falsedades y mentiras exhibidas con muy poco pudor”, por parte del “grupo Clarín y sus aliados” en lo que se considera que es “una campaña de difamación pública”, que hace “abuso de su posición dominante para falsear la realidad”.

En medio de tamaña discordancia, la bajada de línea gubernamental ha calado hondo en muchos militantes que trabajan de periodistas en medios públicos o privados financiados por el Estado, quienes protagonizaron el jueves un episodio de mínima calidad profesional, en medio de la conferencia de prensa que dio la SIP antes de irse del país.

Bajo la impronta de cruzada que parece guiar sus actos, no sólo pretendieron copar la rueda de prensa para imponer la agenda de temas, sino que uno de ellos, escondido detrás de las cámaras de TV que seguían en directo el acto en el fondo del Salón de ADEPA, actuó como puntero político, no sólo digitando el orden de quienes debían hacer las preguntas, sino regañando a quienes no las efectuaban de modo conveniente u ordenando repreguntar sobre tal o cual cuestión a la media docena de jóvenes que parecían estar bajo sus órdenes. Hasta se dio tiempo de hacer una chicana, ante un concepto que utilizó un periodista de Clarín, utilizando una metodología provocativa destinada a provocar la reacción.

La razón fundamental de las preguntas oficialistas estuvieron dirigidas a instalar en sus medios que a la SIP sólo les interesan los casos de sus asociados y no los de libertad de expresión en general y por eso sacaron a la luz una serie de temas que les interesaba difundir, aunque bajo premisas de medias verdades.

Por ejemplo, se hicieron eco del caso de un periodista misionero, Marcelo Almada, quien había denunciado en su momento que Cablevisión no le quería renovar el contrato, pero sin decir que desde hace unas semanas ha vuelto a tener su espacio en el cable y también preguntaron por qué motivo Paka-Paka no tiene espacio asignado en Cablevisión, sin señalar –o quizás sin saber- que un fallo judicial ampara de momento al cable operador no sólo en el caso de este canal infantil, sino en la libertad de sumar a su grilla las señales que considere apropiadas.

Si de casos de libertad de prensa se trata, probablemente por cerrazón ideológica o por desconocimiento o quizás porque su jefe político no se los hubiera permitido, los noteros de la televisión paraestatal pasaron por alto en sus preguntas a la SIP la intervención oficial en la radio LT9 de Santa Fe, el uso irregular del espectro radioeléctrico en AM770 por parte de Radio Cooperativa, la emisora de Luis D’Elía, o el caso de canal 4 de Posadas, donde la política ha desbancado a sus legítimos dueños.

Tampoco a ninguno de ellos se le ocurrió plantear como casos que vulneran la libertad de expresión, cuál es el criterio objetivo que se utiliza para asignar las frecuencias en la Televisión Digital Codificada que promueve el Estado, discrecionalidad que ha convertido de un plumazo a canales de cable en canales de aire y que, con la excusa de que se trata de cuestiones tecnológicas, mantiene a Canal 13 afuera del sistema.

Lo perverso del caso es que el Gobierno acusa al grupo Clarín de monopólico, a los medios que llama opositores de atacarlo y a los periodistas de agachar la cabeza ante la presión de sus empresas, mientras actúa del mismo modo, como se ha visto, en la regimentación de la palabra oficial y en la generación de su propio multimedios, con la intención manifiesta de fijar una agenda, en todo caso tan amañada como la que critica.

Fuente: Agencia Diarios y Noticias (DyN).