(DyN) Más allá de los temas de la Justicia y en cuanto a las divergencias entre el relato y las cosas que le suceden a la gente, la sociedad también quiere saber si, más allá de controles de precios que nunca funcionaron o de cepos cada día más amplios, alguien está trabajando en el Gobierno para remover los obstáculos que impiden las inversiones en el país, situación muy sencilla que permitiría generar más empleo y conseguir salarios que no se los devore la inflación o que se los lleve el impuesto a las Ganancias.

Por Hugo E. Grimaldi

(DyN) Dos claras dualidades atravesaron la semana pasada en la Argentina. El contraste entre los hechos y los comentarios que expuso el ministro decano de la Corte Suprema, Carlos Fayt y la separación cada vez más notoria entre las agendas del Gobierno y de la gente, de lo que el choque de trenes en Castelar fue su exteriorización más brutal, mostraron al unísono que cada día se nota más el divorcio entre la realidad y el relato, que hoy sólo parece concentrarse en los temas que obsesionan a los habitantes del poder: capturar a la Justicia, sofocar a la prensa, ganar las elecciones y no perder más imagen.

“Los hechos son sagrados, pero el comentario libre”, mandó a decir por un custodio el “casi centenario” Fayt. Así, de este modo bien mordaz, el nonagenario juez eligió responder públicamente a los dichos que Cristina Fernández dirigió hacia su persona por Twitter, mensajes que algunos justificaron bajo el paraguas de la política, mientras que otros los han considerado directamente discriminatorios.

La máxima no es de él y aunque tiene casi su edad, fue escrita en un artículo periodístico por Charles P. Scott, director del diario británico “Manchester Guardian”, en mayo de 1921. Es una frase que desde entonces tapiza todos textos sobre opinión pública y es bastión del periodismo y en estos acalorados días resulta una buena síntesis de las tribulaciones presidenciales, probablemente derivadas del desgajamiento del modelo.

“No puede ser! Si la Constitución Nacional establece un límite de 75 años para ser parte del alto tribunal… ¿Ven que están mal informados? Por una acordada (decisión que puede tomar por simple mayoría la Corte Suprema) la Constitución, la Ley y lo que diga María Santísima…out”, bramó Cristina sobre Fayt.

Una interpretación lineal bien podría señalar que el juez hizo centro únicamente sobre la destemplada observación presidencial sobre sus 95 años, en un comentario o bien desinformado o bien lanzado con propósito de desinformación, nada menos que por la Jefa del Estado.

Lo cierto es que CFK nunca aclaró que Fayt asumió su cargo en la Corte antes del tope de los 75 años que estableció la Constitución de 1994 y que como las leyes no son retroactivas sus pares consintieron en darle la continuidad no con una “acordada”, como tan segura tuiteó, sino con un fallo sobre inconstitucionalidad aprobado por siete de los nueve miembros del Alto Tribunal, con una disidencia parcial y un voto que utilizó fundamentos propios.

Sin embargo, esto no sería todo, porque si se repara en el comienzo de la frase de Scott (“Ni en lo que da, ni en lo que deja de dar, ni en el modo de presentarlo debe el rostro límpido de la verdad sufrir ningún mal”) bien podría pensarse que el experimentado ministro de la Corte se estaba refiriendo a la veracidad de los hechos, antes que a las palabras.

Este análisis lleva justamente a lo que tanto le molesta a muchos no sólo del relato kirchnerista, sino de la frescura que exponen sus relatores para subestimar a los demás a través de la manipulación informativa. Porque siempre tratan de hacer política, buscando acomodar las situaciones a sus designios, a como diere lugar. No es para nada el más grave, pero el caso del INDEC es un lamentable paradigma.

En una situación mucho más delicada, por las vidas que se perdieron y por la dilapidación de recursos (casi $24 mil millones en subsidios ferroviarios desde 2007 y sólo este año $1.200 millones hasta abril), el punto que hizo Fayt sobre los hechos se hizo mucho más evidente a la hora de comparar el divorcio que se planteó entre lo sucedido y las justificaciones que balbuceó el Gobierno ante el choque de trenes.

Justamente, los hechos (y las fotografías del caso) cuentan que el 10 de marzo de 2011, Cristina Fernández llegó puntual a Puerto Madero para recorrer, junto al ministro de Planificación, Julio De Vido y al secretario de Transporte de entonces, Juan Pablo Schiavi los dos nuevos vagones de dos pisos diseñados y fabricados en los talleres de EMFER, propiedad de los hermanos Cirigliano, en ese entonces concesionarios del ferrocarril Sarmiento, a través del manejo de TBA.

Sindicalistas que denuncian el fluido contacto que aún existiría entre los empresarios y el Gobierno, aún después del desastre de Once y el quite de la concesión, señalan que aquella tarde la Presidenta estuvo arriba de la formación conocida como “Chapa 1”, la misma que impactó el miércoles pasado contra el tren casi detenido en su misma vía.

En aquella oportunidad, oficialmente se alabó el proyecto, tanto que se le extendió a EMFER una orden para “la fabricación y construcción (sic) de 25 formaciones de trenes Doble Piso por un monto de $ 1.100 millones”. Hoy, los gremialistas denuncian que los coches se construyeron a partir de un “ensamblado de distintas formaciones con diferentes tecnologías que no son compatibles" y aseguran que no reúnen “ni las más mínimas garantías de seguridad y funcionamiento”.

Otro punto del desmanejo de la gestión es el de la señalización del Sarmiento, ya que según los sindicatos data de 1925, mientras que sus luces no funcionan correctamente, tanto que los maquinistas se las saltean alegremente, muchas veces impulsados por los propios controladores de tráfico. Tampoco el sistema admite que una luz roja frene automáticamente el tren, como debería ser la norma.

Tras la tragedia de Once y la asunción del fracaso, el manejo de los ferrocarriles pasó a la órbita del ministerio de Interior y entonces el ministro Florencio Randazzo prometió que iba a cambiar todo el sistema de señalización para incorporar el frenado automático. Sin embargo, como existía un contrato del año 2006 con Siemens, que implicaba casi 300 millones de pesos y que había entrado en litigio por actualizaciones de mayores costos no atendidas por el Gobierno, hubo que rescindirlo, ya que apenas la empresa alemana había cumplido con 4% de la instalación.

Recién en setiembre del año pasado, el Gobierno llamó una nueva licitación y a principios de este año se precalificó a tres consorcios que dejaron sus ofertas en sobres que se iban a abrir en marzo. Si bien, el nuevo ministro hizo más en un año que su antecesor en nueve, la realidad a la que está habituada el kirchnerismo comenzó a horadar sus promesas de “revolución” ferroviaria. Ya es costumbre, en la última década, todo tarda más de la cuenta o hay obras que nunca se inician hasta que se inauguran de nuevo, como el soterramiento del propio Sarmiento o el ensanche de la avenida General Paz.

Por eso, el propio Randazzo dijo una de las frases de la semana y no hubo hasta ahora quien se atreva a desmentirlo, aún desde dentro el mismo Gobierno: “No pidamos que en un año cambiemos lo que no se hizo en cincuenta” y dentro de esos 50, evidentemente están los 10 de la “década ganada”. Ni siquiera lo hizo Luis D’Elía, primer defensor de la teoría conspirativa de un complot para evitar que Randazzo sea candidato (tuit que luego borró) o para desestabilizar a la Presidenta, tal como ocurrió según él en 1955 con el gobierno de Juan Perón.

En cuanto a que lo que dice el Gobierno se separa cada día más de lo que necesita la gente, existe en la sociedad la sensación que los funcionarios están enroscados en una agenda que atiende sólo sus necesidades políticas, como fruto exclusivo de sus desvelos y discursos. Todos los esfuerzos parecen estar concentrados hoy en sus propias quintitas políticas y no en las cuestiones que le importan a los ciudadanos. Por ostensible, esta situación ya está haciendo mella en la periferia del propio kirchnerismo, donde están los votos de los menos radicalizados.

Más que la reforma judicial para “democratizar” la Justicia a gusto del Ejecutivo y más allá del discurso, a la gente le interesaría estar al corriente por qué tener jueces dóciles permitiría mejorar la situación de inseguridad que se vive a diario o cómo el blanqueo de fondos non sanctos impedirá a futuro la proliferación de la droga.

Esos tuits que aludieron a Fayt habían sido precedidos por un inflamado discurso presidencial que apuntó directamente a otros dos jueces de la Corte, a los que Cristina les desnudó su prontuario político para demostrar que ningún magistrado ha nacido “de un repollo” y que todos tienen su corazoncito. O bien a ella le preocupaba desmitificar las críticas a que los futuros consejeros no debían pertenecer a partidos políticos o bien marcó la pertenencia anterior de estos jueces de la Corte para condicionarlos en su futuro voto.

Por una cosa o por otra, esta semana habrá sentencia sobre la cuestión y las apuestas de los analistas pasan por saber hasta dónde llegará la furia de la Presidenta y qué límites se animará a traspasar, ya que tanto ella como los más ultras del Gobierno tienen otra manera de ver las cosas y dicen creer en el “poder popular”, lejos de aquel cuerpo legal que la encumbró como titular del Ejecutivo, el de la división de poderes y el control constitucional al estilo liberal de 1853, Constitución que ella misma ayudó a reformar en 1994.

Entre las especulaciones previas al fallo, bien vale marcar que hay algunas variantes sobre casos diferentes que manejan los constitucionalistas. A casi ninguno le cabe dudas que la Corte declarará inconstitucional la elección popular de jueces y abogados, porque así lo marca el artículo 114 de la Constitución, que dice que los consejeros que sean delegados “de los jueces de todas las instancias y de los abogados de la matrícula federal” son diferentes a quienes son “representación de los órganos políticos resultantes de la elección”.

Sin embargo, difieren en otros casos, porque el mismo artículo remite al “número y la forma que indique la ley” en lo que hace a la elección de “otras personas del ámbito académico y científico”. Por lo tanto, puede ser que la Corte habilite la elección para estos últimos y la impida para los primeros, suponen.

También arriesgan que es probable que los jueces eludan por ahora pronunciarse sobre los amparos contra el Estado en general y que manden a las instancias inferiores este punto tan oscuro en materia de protección de derechos, extendiendo los plazos y bajando quizás el nivel de irritabilidad del Gobierno.

Más allá de los temas de la Justicia y en cuanto a las divergencias entre el relato y las cosas que le suceden a la gente, la sociedad también quiere saber si, más allá de controles de precios que nunca funcionaron o de cepos cada día más amplios, alguien está trabajando en el Gobierno para remover los obstáculos que impiden las inversiones en el país, situación muy sencilla que permitiría generar más empleo y conseguir salarios que no se los devore la inflación o que se los lleve el impuesto a las Ganancias.

Y claro que le gustaría conocer, además, cómo se hace para mejorar la situación del desvío de fondos públicos si los medios no estuvieran allí para denunciarlo.

Fuente: DyN