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04.07.14

Boudou: ¿el fin de un modo de usar el poder?

(Clarín) Con Boudou hace crisis una forma de concebir el poder y su “acumulación”. Hace crisis aquello que más caracteriza a este gobierno –y aquello que lo diferencia, incluso, de gobiernos anteriores-, el intento a gran escala de hacer funcionar un círculo vicioso entre el poder y los negocios, financiar la política con los negocios y enriquecerse con el poder, y así sucesivamente.
Por Vicente Palermo

(Clarín) El affaire Boudou es suficientemente espectacular por sí solo para no necesitar que los medios lo amplifiquen o los comentaristas lo exageren. No solamente por tratarse del vicepresidente de la República, sino también por constituir la parte no sumergida de un iceberg.

Tal vez esa sea la causa del escaso debate en torno al mismo, junto al hecho de que el oficialismo prácticamente no tiene cómo defenderlo – y no lo hace; las pseudo defensas parecen reacciones de compromiso, pero no porque condenen moral o políticamente a Boudou, sino porque carecen de argumentos convincentes para encarar una defensa.

Por este motivo creo que un abordaje más prometedor puede ser el de examinarlo como fenómeno específicamente político, sin entrar en los detalles internos al caso. Porque con Boudou hace crisis una forma de concebir el poder y su “acumulación”. Hace crisis aquello que más caracteriza a este gobierno –y aquello que lo diferencia, incluso, de gobiernos anteriores-, el intento a gran escala de hacer funcionar un círculo vicioso entre el poder y los negocios, financiar la política con los negocios y enriquecerse con el poder, y así sucesivamente.

Me parece que este fenómeno político – al resultar tan flagrante gracias al affaire Boudou – se ha instalado en el centro de la atención pública – aunque nadie lo discuta, porque casi no habría de qué discutir – y está dejando un marca indeleble que puede ser la organizadora de las voluntades de la ciudadanía de cara a la próxima contienda electoral.

Algo parecido con la crisis del mensalao en Brasil, que creo que constituyó un punto de no retorno en la relación entre la clase política y la ciudadanía.

Pero una oportunidad política, para que se convierta en un verdadero punto de inflexión, no puede asumirse pasivamente. Si la ciudadanía está fuertemente sensibilizada con la cuestión – es decir, si ha comprendido que no se trata de un político que roba, sino de una fusión extendida del robo y la política – los partidos deberán ir mucho más allá que del abrazo retórico del tema. Deberán comprometerse de modos tales que los coloquen en una situación clara de responsabilidad – una rendición de cuentas por lo que hagan o dejen de hacer a la hora del gobierno – y emplear la campaña electoral para controvertir las distintas opciones que los aproximan y los diferencian entre sí. Las posibilidades de generar políticas de largo alcance y respaldos transpartidarios, que hagan factible, por su vez, que las líneas de gobierno se sostengan en el tiempo a pesar de que cambien los partidos o las coaliciones gobernantes (me resisto a usar la expresión políticas de estado, no porque no las haya, sino porque son otra cosa, resultado de una maduración de políticas de largo alcance plasmada en configuraciones institucionales y burocráticas con un comedimiento con dichas políticas).

Para aprovechar entonces esta posibilidad – extrayendo fuerza de un episodio tan degradante para la comunidad política, pero a la vez tan ilustrativo de gran parte de ella – se precisan disponer de, o crear, ciertas condiciones. La primera es un acuerdo operativo por el cual los distintos partidos, a la vez que dejan la cuestión fuera de la competencia política entre ellos, lograr debatir a fondo el tema y sus distintas propuestas. Esto no es imposible, aunque sea difícil: todos podemos coincidir en privilegiar el mismo objetivo, pero podemos, al mismo tiempo, discrepar sobre las formas de alcanzarlo. Lo importante es que la opinión pública no quede con la impresión de que frente a tamaño problema, los políticos adoptan una conducta oportunista. Por otra parte, creo que hay aquí algunas cuestiones básicas (transparencia de los candidatos, financiamiento de la política, etc.) sobre las que existen virtualmente acuerdos. La segunda condición es eludir caer en algunos errores políticos en el camino. O poder corregirlos. Por ejemplo, ¿es atinado el juicio político de Boudou?

El vicepresidente – que no goza de inmunidad – está siendo juzgado y, en caso de ser declarado culpable, podría ir preso.

¡La Justicia está actuando!

Vemos que, pese a todo, en el alicaído Poder Judicial hay jueces como Lijo, de los cuales uno parece que se puede enorgullecer. ¿Porqué no dejar que el asunto siga en este curso? No es nada nimio que la Justicia demuestre a todos que puede actuar. ¿Hay acaso una necesidad apremiante de demostrar lo mismo por parte de los partidos? Claro que en sede parlamentaria de lo que se trata es de las responsabilidades políticas; pero entre las principales responsabilidades políticas de un vicepresidente se cuenta la de no actuar en banda para delinquir.

Y es eso lo que está en las manos de la Justicia.

El autor es socio del Club Político Argentino (CPA).

Fuente: Clarin (Buenos Aires, Argentina)