17.02.15Dilma Rousseff frente a la explosiva mezcla de Petrobras y la crisis económica
(Infolatam) Un alto porcentaje de brasileños (77%) cree que la presidente sabía lo que ocurría en Petrobras. Un 52% que sabía lo que pasaba y no hizo nada y un 25% que lo sabía aunque no podía hacer nada.Por Carlos Malamud
(Infolatam) La vida política en Brasil está sumamente revuelta y la sensación de crisis se expande por doquier. Es tal la magnitud de los hechos que algunos periodistas, aunque sin base sólida, osan hablar de un inminente juicio político (impeachment) contra la presidente Dilma Rousseff. Y si bien esta vez, a diferencia de las movilizaciones populares de mediados de 2013, el descontento no se expresa activamente en las calles, sí está fuertemente instalado en la opinión pública.
Las razones del malestar ciudadano son varias. Algunas responden a la difícil situación económica, que ya está afectando el bolsillo de muchos. Otras tienen que ver con el escándalo de Petrobras, que por primera vez ha situado a la corrupción ente los principales problemas del país. Tampoco se debe excluir la extendida sensación de engaño tras las múltiples promesas oficialistas durante la campaña electoral, cuestionadas por el drástico plan de ajuste impuesto por el nuevo gobierno. Finalmente, en algunas de las regiones más pobladas, los efectos de la sequía sobre los suministros energéticos, y sus secuelas de cortes y restricciones.
El sentir de la opinión pública lo refleja claramente una reciente encuesta publicada por Folha de São Paulo, que muestra una seria caída en la popularidad de Rousseff. Pero no se trata exclusivamente de ella. En un estado como São Paulo, afectado por la sequía y las restricciones energéticas, la pérdida de imagen afecta a otros responsables políticos, como el gobernador Geraldo Alckmin, del PSDB, y el alcalde paulista Fernando Haddad, del PT. Sin embargo, no todos sufren por igual, ya que la presidente es quien más se resiente y el alcalde el que menos.
Sólo un 23% de los consultados considera buena o muy buena la gestión presidencial, frente a un 33% que cree que es regular y un 44% mala o pésima. El oficialismo podría señalar que la aprobación, suma de regulares más buenos y muy buenos, llega al 56%, pero si comparamos las cifras actuales con una medición similar de diciembre pasado la conclusión es menos complaciente. Al finalizar su primer mandato Rousseff tenía un 42% de bueno/muy bueno y sólo un 24% de malo/pésimo. Es la peor valoración de la presidente desde que llegó al gobierno el 1 de enero de 2011. El deterioro de su imagen (un 47% la considera deshonesta) llega incluso a sus seguidores. Un 19% de los votantes del PT creen que es falsa y un 15% deshonesta.
Este descenso tan pronunciado de su popularidad se vincula con la sensación de malestar, desconfianza y engaño ya señalada. La corrupción, asociada a Petrobras, ha agravado la percepción de la gestión gubernamental, al extremo que un 21% de los brasileños cree que es el principal problema nacional. En la época de Lula, y pese al caso mensalão, que afectó duramente a la cúpula del gobierno y del PT, sólo el 9% creía que la corrupción era el principal problema del país, muy por detrás de otras cuestiones consideradas más preocupantes.
Hoy las cosas han cambiado mucho. La tolerancia popular con la corrupción ha disminuido, aunque esto no implica una automática traslación al voto de los brasileños. Lo que sí es evidente es que la preocupación con la corrupción ha aumentado y sólo la salud supone una preocupación mayor (26%). El caso lava jato o petrolão se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la presidente, su partido y la clase política en general, pese a que todavía no se ha hecho pública la relación de los políticos imputados en la causa.
Un alto porcentaje de brasileños (77%) cree que la presidente sabía lo que ocurría en Petrobras. Un 52% que sabía lo que pasaba y no hizo nada y un 25% que lo sabía aunque no podía hacer nada. En noviembre pasado Rousseff dijo que este caso “cambiará para siempre la relación” entre la sociedad, el Estado y la empresa privada en Brasil, porque “va a terminar con la impunidad”. Y si bien las investigaciones policiales y judiciales continúan, la sensación de engaño y mala gestión está extendida.
Éstas son analizadas desde una doble perspectiva, la de las empresas beneficiadas con contratos millonarios y los partidos y políticos que financiaban sus actividades y campañas con dinero de comisiones y sobrecostes. Un exgerente de Petrobras declaró, a cambio de un acuerdo de reducción de pena, que según sus estimaciones el PT recibió entre 2003 y 2013 entre u$a150 y 200 millones de sobornos provenientes de 90 contratos.
El tesorero del PT, João Vaccari Neto, fue detenido para ser interrogado y liberado tres horas después. Y si bien tanto él como los principales dirigentes “petistas” niegan cualquier relación con el caso Petrobras, las olas del escándalo apenas han comenzado a llegar a las playas de los políticos y no son descartables implicaciones al más alto nivel, que lleguen incluso a salpicar a Rousseff.
Todo esto ha sumido a Petrobras en una situación de desconcierto en un momento especialmente delicado provocado por el descenso de los precios del petróleo. Es ahora cuando habría que tomar decisiones estratégicas para la próxima década, pero las necesidades políticas, campaña electoral incluida, las han postergado.
La compañía ha quedado descabezada y la llegada de un nuevo gestor, completamente ajeno al manejo del sector energético, no es un buen augurio. En cuatro meses Petrobras perdió un 58 % de su valor en bolsa y, entre otros grandes proyectos, abandonó las obras de dos grandes refinerías con las que pretendía convertirse en un importante exportador de combustibles.
En realidad nada de lo ocurrido es casual. En la última década, al socaire del aumento del precio del petróleo, las empresas públicas del sector, en todo el mundo y en especial en América Latina, cobraron una importancia creciente. Petrobras no fue ajena a la tendencia general, y conoció una creciente injerencia del gobierno en su gestión cotidiana.
De algún modo ocurrió con la petrolera estatal lo mismo que pasó con la economía brasileña. Lo ocurrido con los yacimientos del presal es una buena prueba. En vez de abrirse al exterior y hacerse cada vez más transparente y competitiva, Petrobras fue reforzando los lazos con el gobierno y los partidos que lo sostenían hasta convertir su propia situación en insostenible.
Fuente: Infolatam (Madrid, España)
(Infolatam) La vida política en Brasil está sumamente revuelta y la sensación de crisis se expande por doquier. Es tal la magnitud de los hechos que algunos periodistas, aunque sin base sólida, osan hablar de un inminente juicio político (impeachment) contra la presidente Dilma Rousseff. Y si bien esta vez, a diferencia de las movilizaciones populares de mediados de 2013, el descontento no se expresa activamente en las calles, sí está fuertemente instalado en la opinión pública.
Las razones del malestar ciudadano son varias. Algunas responden a la difícil situación económica, que ya está afectando el bolsillo de muchos. Otras tienen que ver con el escándalo de Petrobras, que por primera vez ha situado a la corrupción ente los principales problemas del país. Tampoco se debe excluir la extendida sensación de engaño tras las múltiples promesas oficialistas durante la campaña electoral, cuestionadas por el drástico plan de ajuste impuesto por el nuevo gobierno. Finalmente, en algunas de las regiones más pobladas, los efectos de la sequía sobre los suministros energéticos, y sus secuelas de cortes y restricciones.
El sentir de la opinión pública lo refleja claramente una reciente encuesta publicada por Folha de São Paulo, que muestra una seria caída en la popularidad de Rousseff. Pero no se trata exclusivamente de ella. En un estado como São Paulo, afectado por la sequía y las restricciones energéticas, la pérdida de imagen afecta a otros responsables políticos, como el gobernador Geraldo Alckmin, del PSDB, y el alcalde paulista Fernando Haddad, del PT. Sin embargo, no todos sufren por igual, ya que la presidente es quien más se resiente y el alcalde el que menos.
Sólo un 23% de los consultados considera buena o muy buena la gestión presidencial, frente a un 33% que cree que es regular y un 44% mala o pésima. El oficialismo podría señalar que la aprobación, suma de regulares más buenos y muy buenos, llega al 56%, pero si comparamos las cifras actuales con una medición similar de diciembre pasado la conclusión es menos complaciente. Al finalizar su primer mandato Rousseff tenía un 42% de bueno/muy bueno y sólo un 24% de malo/pésimo. Es la peor valoración de la presidente desde que llegó al gobierno el 1 de enero de 2011. El deterioro de su imagen (un 47% la considera deshonesta) llega incluso a sus seguidores. Un 19% de los votantes del PT creen que es falsa y un 15% deshonesta.
Este descenso tan pronunciado de su popularidad se vincula con la sensación de malestar, desconfianza y engaño ya señalada. La corrupción, asociada a Petrobras, ha agravado la percepción de la gestión gubernamental, al extremo que un 21% de los brasileños cree que es el principal problema nacional. En la época de Lula, y pese al caso mensalão, que afectó duramente a la cúpula del gobierno y del PT, sólo el 9% creía que la corrupción era el principal problema del país, muy por detrás de otras cuestiones consideradas más preocupantes.
Hoy las cosas han cambiado mucho. La tolerancia popular con la corrupción ha disminuido, aunque esto no implica una automática traslación al voto de los brasileños. Lo que sí es evidente es que la preocupación con la corrupción ha aumentado y sólo la salud supone una preocupación mayor (26%). El caso lava jato o petrolão se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza para la presidente, su partido y la clase política en general, pese a que todavía no se ha hecho pública la relación de los políticos imputados en la causa.
Un alto porcentaje de brasileños (77%) cree que la presidente sabía lo que ocurría en Petrobras. Un 52% que sabía lo que pasaba y no hizo nada y un 25% que lo sabía aunque no podía hacer nada. En noviembre pasado Rousseff dijo que este caso “cambiará para siempre la relación” entre la sociedad, el Estado y la empresa privada en Brasil, porque “va a terminar con la impunidad”. Y si bien las investigaciones policiales y judiciales continúan, la sensación de engaño y mala gestión está extendida.
Éstas son analizadas desde una doble perspectiva, la de las empresas beneficiadas con contratos millonarios y los partidos y políticos que financiaban sus actividades y campañas con dinero de comisiones y sobrecostes. Un exgerente de Petrobras declaró, a cambio de un acuerdo de reducción de pena, que según sus estimaciones el PT recibió entre 2003 y 2013 entre u$a150 y 200 millones de sobornos provenientes de 90 contratos.
El tesorero del PT, João Vaccari Neto, fue detenido para ser interrogado y liberado tres horas después. Y si bien tanto él como los principales dirigentes “petistas” niegan cualquier relación con el caso Petrobras, las olas del escándalo apenas han comenzado a llegar a las playas de los políticos y no son descartables implicaciones al más alto nivel, que lleguen incluso a salpicar a Rousseff.
Todo esto ha sumido a Petrobras en una situación de desconcierto en un momento especialmente delicado provocado por el descenso de los precios del petróleo. Es ahora cuando habría que tomar decisiones estratégicas para la próxima década, pero las necesidades políticas, campaña electoral incluida, las han postergado.
La compañía ha quedado descabezada y la llegada de un nuevo gestor, completamente ajeno al manejo del sector energético, no es un buen augurio. En cuatro meses Petrobras perdió un 58 % de su valor en bolsa y, entre otros grandes proyectos, abandonó las obras de dos grandes refinerías con las que pretendía convertirse en un importante exportador de combustibles.
En realidad nada de lo ocurrido es casual. En la última década, al socaire del aumento del precio del petróleo, las empresas públicas del sector, en todo el mundo y en especial en América Latina, cobraron una importancia creciente. Petrobras no fue ajena a la tendencia general, y conoció una creciente injerencia del gobierno en su gestión cotidiana.
De algún modo ocurrió con la petrolera estatal lo mismo que pasó con la economía brasileña. Lo ocurrido con los yacimientos del presal es una buena prueba. En vez de abrirse al exterior y hacerse cada vez más transparente y competitiva, Petrobras fue reforzando los lazos con el gobierno y los partidos que lo sostenían hasta convertir su propia situación en insostenible.
Fuente: Infolatam (Madrid, España)