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Adolfo Garcé
Nueva legislatura, más de lo mismo
Por Adolfo Garcé
18 de febrero de 2015
(El Observador) Comenzó la 48ª legislatura. Como viene ocurriendo desde 1985, el Poder Ejecutivo volverá a controlar la agenda parlamentaria. A su vez, como por tercera vez consecutiva, el FA obtuvo mayoría en ambas cámaras (16 de 31 senadores, 50 de 99 diputados) y no tendrá inconvenientes en liderar el proceso legislativo. Mirado desde este punto de vista el Parlamento volverá a ser, como durante la última década, el espacio privilegiado de las negociaciones entre las facciones del FA.
 

(El Observador) En 1689, en su Segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke argumentó que le correspondía al Parlamento la principal responsabilidad en el gobierno. Según su enfoque, el Poder Ejecutivo debía limitarse a aplicar las leyes aprobadas por los representantes. Desde aquellos tiempos, los de Locke y la Revolución Gloriosa en Inglaterra, hasta ahora, corrió mucha agua bajo los puentes y rodaron las cabezas de varios monarcas. Los parlamentos, incluso el inglés, se fueron volviendo más poderosos. Pero todavía hoy el Poder Ejecutivo está lejos de ser, simplemente, el que “ejecuta” las decisiones adoptadas por el Poder Legislativo.

Uruguay no es la excepción a esta regla. Aunque, por suerte, su preeminencia no es tan pronunciada como en otros sistemas políticos de la región, también en nuestro país el actor central del proceso de gobierno sigue siendo el Poder Ejecutivo. El presidente, en particular, a pesar de las limitaciones impuestas, por un lado, por los controles mutuos inherentes al presidencialismo y, por el otro, por el poderío y la fraccionalización que caracteriza desde siempre a los partidos, tiene un papel especialmente importante en la dinámica del gobierno.

En Uruguay, la primacía del Ejecutivo sobre el Legislativo se manifiesta en un indicador realmente impactante. Según los datos publicados por Chasquetti, Guedes y Zeballos, el 67% de los proyectos aprobados por el Parlamento entre el 1º de marzo de 1985 y el 30 de junio de 2014 comenzaron su trámite en el Poder Ejecutivo. Mientras tanto, solamente el 33% restante fueron iniciados por legisladores. 1 Como puede verse en el cuadro, la primacía del Ejecutivo en el trámite parlamentario va más allá del signo ideológico del partido gobernante y del formato del gobierno (gobierno de partido o de coalición, gobierno en mayoría o minoría). Evidentemente un comportamiento tan estable como este no puede obedecer a factores meramente coyunturales sino a razones estructurales (reglas formales e informales, tradiciones, etcétera...).

De cualquier modo, el control de la agenda parlamentaria por parte del Poder Ejecutivo no condena al Legislativo a la irrelevancia. En primer lugar, según otros datos aportados por Chasquetti, aunque uno de cada 10 proyectos es aprobado en menos de 30 días, en general, el Parlamento somete a los proyectos de ley a un examen extenso y minucioso (tanto en las comisiones como en los plenarios). Los proyectos enviados por el Poder Ejecutivo tardan menos de un año en ser aprobados mientras que los iniciados en el propio Parlamento demoran casi año y medio. Aproximadamente la tercera parte de todos los proyectos aprobados que se inician en el Poder Ejecutivo (desde aquellos de carácter meramente administrativo a los que tramitan asuntos políticos de primera importancia) son modificados por el Parlamento (habitualmente durante el trabajo en las comisiones).2

El Poder Legislativo no es irrelevante por una segunda gran razón: desempeña un papel fundamental en la fiscalización de la acción de gobierno. Los parlamentarios, especialmente los de la oposición, se muestran muy activos a la hora de convocar a las autoridades de gobierno a rendir cuentas mediante llamados a sala o en régimen de comisión general. También usan con mucha frecuencia el mecanismo de los Pedidos de Informes. Desde el inicio del mandato de José Mujica hasta mediados del año pasado Chasquetti había registrado 22 llamados a sala, 30 llamados en régimen de comisión general y 2405 pedidos de informes (64% de los cuales fueron respondidos). La actividad de fiscalización no suele generar cambios en las políticas públicas (v.g. los ministros interpelados no renuncian a sus cargos). Pero no puede negarse que contribuye a la transparencia del proceso decisorio.

De todos modos, ambas tareas, la de legislar y la de fiscalizar, podrían ser llevadas a cabo mucho más eficazmente si el Parlamento estuviera mejor pertrechado desde el punto de vista técnico. La asimetría, en este sentido, respecto al Ejecutivo es muy visible y conspira contra el poder político de los representantes de la ciudadanía y, por ende, contra la calidad de la democracia uruguaya.

Comenzó la 48ª legislatura. Como viene ocurriendo desde 1985, el Poder Ejecutivo volverá a controlar la agenda parlamentaria. A su vez, como por tercera vez consecutiva, el FA obtuvo mayoría en ambas cámaras (16 de 31 senadores, 50 de 99 diputados) y no tendrá inconvenientes en liderar el proceso legislativo. Mirado desde este punto de vista el Parlamento volverá a ser, como durante la última década, el espacio privilegiado de las negociaciones entre las fracciones del FA. La oposición, una vez más, tendrá pocas oportunidades de dejar su huella en la legislación aprobada. Sin embargo, podrá volver a jugar un papel relevante en la fiscalización del gobierno. l


1. Ver: Daniel Chasquetti, Alejandro Guedes y Camila Zeballos (2014). “Pese a todo, la 47ª legislatura quedará en la historia”. Informe de Coyuntura. ICP-Hum, Montevideo.

2. Ver: Daniel Chasquetti (2014). “Estudio sobre la actividad del Parlamento. 47ª Legislatura”. Convenio Poder Legislativo-Instituto de Ciencia Política. Disponible en:

http://cienciassociales.edu.uy/wp-content/uploads/2014/09/Chasquetti.pdf

Fuente: El Observador (Montevideo, Uruguay)

 
Acerca del autor
Adolfo Garcé
Adolfo Garcé
Doctor en Ciencia Política - Investigador del Departamento de Ciencia Política (Facultad de Ciencias Sociales - Universidad de la República). Autor del libro “Donde hubo fuego: El proceso de adaptación del MLN-Tupamaros a la legalidad y a la competencia electoral (1985-2004)”. Co-autor del libro “La Era Progresista. El gobierno de izquierda en Uruguay: de las ideas a las políticas”. Líneas de investigación: Ideas, discursos y política; tecnocracia y democracia; Ideologías y adaptación partidaria.