(Infolatam) La bandera de la soberanía nacional se iza de forma permanente para asociarla con los valores inmarcesibles de la Patria, por supuesto con mayúscula. Pero, cuando en América Latina se habla de soberanía ésta es siempre soberanía territorial, el sagrado territorio patrio. Desde esta perspectiva el concepto de ciudadanía y derechos ciudadanos directamente vinculados con una determinada noción de soberanía, están en franco retroceso.

Por Carlos Malamud

(Infolatam) En repetidas oportunidades he afirmado que el proceso de integración regional está en crisis. Volver a señalarlo no sería una gran novedad. Sin embargo, sí lo es que algunos de sus más fervientes defensores se hayan convertido en los principales responsables de que las cosas hoy no sean de otro modo.

Tampoco es novedoso recordar el peso del nacionalismo en las sociedades y en los sistemas políticos de la región. La bandera de la soberanía nacional se iza de forma permanente para asociarla con los valores inmarcesibles de la Patria, por supuesto con mayúscula. Pero, cuando en América Latina se habla de soberanía ésta es siempre soberanía territorial, el sagrado territorio patrio. Desde esta perspectiva el concepto de ciudadanía y derechos ciudadanos directamente vinculados con una determinada noción de soberanía, están en franco retroceso.

El territorio patrio tiene unos límites precisos, las fronteras, que se erigen en verdaderas barreras frente a los ataques externos. La defensa fronteriza y del territorio nacional es la defensa de la soberanía y, como consecuencia de ello, de la propia nación. De este modo, fronteras, territorio patrio y soberanía se unen en una trilogía de hierro que garantiza la existencia de la república o de la nación cuando la primera se desvanece.

La defensa de las fronteras justifica prácticamente todo, inclusive guerras llegado el caso. Es verdad que en América Latina la incidencia de conflictos bélicos ha sido sensiblemente inferior que en otras partes del planeta, pero eso no exime el hecho de que durante mucho tiempo el supuesto bélico con más frecuencia manejado por los ejércitos de la zona fuera una invasión proveniente de un país vecino.

En algunos casos, como los de Argentina y Brasil o los de Argentina y Chile, las cosas han cambiado y la confianza mutua se ha asentado como un valor creciente. En otros, esto no ha sido así y los gobiernos latinoamericanos han descubierto las enormes posibilidades de la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya, convertida en los últimos 15 años en una opción preferencial. Entre 2001 y 2014 se han sustanciado ante la CIJ 13 demandas presentada por algún país latinoamericano, frente a las siete de Europa o las tres de África. Y eso que los honorarios profesionales y los gastos de estas querellas no son baratos (algunas fuentes los estiman en cuatro millones de dólares, o más, al año).

En años recientes han pasado por la Corte, entre otros, los casos de Argentina y Uruguay por las papeleras (resuelto en 2010), Colombia y Nicaragua por la soberanía de ciertas islas del Caribe (resuelto en 2012) o Chile y Perú por el límite marítimo (resuelto en 2014). Actualmente están en disputa los litigios entre Bolivia y Chile por la salida al mar del primero y el de Nicaragua y Costa Rica por cuestiones de límites.

Algunos analistas ponen el acento en que es preferible resolver el problema por la vía jurídica y de forma pacífica. Según Sergio Molina Monasterios, de la chilena Universidad Diego Portales, “Los países de América Latina están tratando de resolver sus diferencias en el marco de la legalidad y no, como ocurre en otras regiones, con otro tipo de métodos. Es algo positivo”.

Esta interpretación esconde una realidad mucha más contradictoria y menos agradable: no existen instancias regionales, ni jurídicas ni políticas, capaces de resolver situaciones de este tipo por la vía del diálogo. Ni a través de un fallo de obligado cumplimiento ni a través de mediación o arbitraje. Por eso se acude a La Haya con tal intensidad y frecuencia.

Y si no hay instancias regionales es por la debilidad de los procesos de integración y la incapacidad de los estados de ceder cuotas de soberanía a entes supranacionales. Los discursos gubernamentales, de fuerte carga nacionalista, insisten en resaltar la defensa de la soberanía nacional. En determinadas circunstancias el irredentismo frente a territorios largamente reclamados o en disputa sirve para ocultar problemas del presente. Esto ha ocurrido con el límite fijado recientemente por Nicolás Maduro en su disputa con Colombia en el Golfo de Venezuela.

Teniendo en mente sólo el legítimo interés de las naciones en defender su soberanía resulta coherente acudir a la CIJ de La Haya para resolver pacíficamente las controversias de límites con los vecinos. Sin embargo, si los mismos gobiernos que se llenan la boca con discursos integracionistas pudieran ser capaces de comenzar a pensar en términos estratégicos y en el largo plazo, quizá se podría ver que este tipo de respuestas no son tan eficaces.

Toda querella contra el vecino vuelve a agitar el fantasma del nacionalismo. ¿No sería más eficaz, pensando en el largo plazo, impulsar la creación de instituciones regionales que potencien la cooperación entre los países y permitan la solución pacífica de controversias? De momento ése no es el camino que se recorre y ni siquiera Unasur, con toda su huera opulencia institucional y arquitectónica, es capaz de decir la más mínima palabra al respecto.

Fuente: Infolatam (Madrid, España)