¿Golpe electoral o golpe contra la Constitución?
El mayor impacto de estas elecciones es la apertura de opciones constitucionales para que se concreten en contra de todo pronóstico salidas democráticas. Se deja en evidencia que las fuerzas opositoras están lejos de los cacareados golpes de estado y que son capaces de asumir duras críticas de los sectores más radicales de la propia oposición en aras de permanecer infranqueablemente en la senda democrática. Por Karla Velásquez
El 6D la oposición venezolana reunida en la coalición de partidos denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), obtuvo mayoría calificada con 112 diputados de los 167 que componen la Asamblea Nacional. Este triunfo estuvo antecedido de una campaña caracterizada por la violencia tanto discursiva como fáctica. El presidente Nicolás Maduro, amenazó con gobernar a través de una alianza cívico militar si la oposición ganaba las elecciones parlamentarias. Es claro que el oficialismo manejaba los mismos datos que se hicieron públicos meses antes y que arrojaban una importante diferencia a favor de la oposición. Tanto que el gobierno ante la mirada atenta de la comunidad internacional fue capaz de asumir el costo político de hechos de violencia en contra de candidatos en campaña que resultaron en el asesinato de un dirigente del partido Acción Democrática en el Estado Guárico.
Las inhabilitaciones de candidatos, la confusión en la tarjeta electoral que afectaba la elección de los votantes, 28 municipios bajo estado de excepción, fueron varias de las no pocas limitaciones a los que se enfrentaron tanto candidatos como electores. Sin mencionar aquellas deudas estructurales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha asumido como tareas en pro de depurar el proceso electoral venezolano.
Después del 6D
El presidente Nicolás Maduro reconoció los resultados inmediatamente después de las declaraciones de la rectora principal del CNE Tibisay Lucena. Con una serie de reflexiones sobre las causas de la pérdida del oficialismo, Maduro aceptó el triunfo de la oposición. Sin embargo, poco duró esta posición institucional y a la fecha el gobierno se ha dado a la tarea de desconocer los resultados, llamando al triunfo de la oposición "golpe electoral". Los mismos que semanas antes firmaron un acuerdo para el reconocimiento de los resultados electorales, son quienes ahora dudan de la veracidad de los mismos, solicitando la investigación de 1,5 millones de votos nulos.
Por otra parte el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello juramenta una asamblea comunal pretendiendo reemplazar las funciones del nuevo parlamento, desconociendo la voluntad popular y la Constitución Nacional. Es preciso detenerse a evaluar qué peso político detenta Cabello, mas allá del que constitucionalmente tiene asignado.
Desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, Cabello se ha fortalecido como “jefe” de una de las facciones del chavismo, utilizando la televisora nacional para posicionar temas que le son de interés, pero por sobre todo para amenazar a la disidencia política. De especial preocupación por parte de los organismos multilaterales de protección y defensa de derechos humanos han sido sus ataques constantes a defensores de derechos humanos. Pareciera que Cabello actúa de forma independiente, al menos así quiere que se interprete. Analizar el poder que maneja Cabello de cara al contexto pos electoral, es sin duda obligatorio, del rol que pretenda jugar dependerá las reacciones del gobierno en este nuevo escenario. Pensemos que otro cargo le garantiza a Cabello su posición de “cuasipresidente”. ¿Se conformará con ser un diputado más? Su despliegue de poder deja claro que no y que parte o el centro de la discusión radica en como las fichas fuertes del PSUV continúan manteniendo ese poder.
En cuanto a la instalación del parlamento comunal, hay que recordar que en el pasado, el gobierno dispuso de enormes recursos para dar vida a los concejos comunales, con la intención de disminuir las atribuciones de las autoridades municipales. Actualmente la figura de los consejos comunales se ha venido desdibujando y pesan sobre algunos acusaciones de mal manejo de fondos. De manera que esperar una actuación competente y diferente de tal acto inconstitucional es un ilusión, lo que en ningún caso debilita el significado de tal acción.
El control sobre el poder judicial es una de las cartas que el gobierno se jugaría antes de asumir la nueva mayoría sus funciones y efectivamente de manera ilegal el oficialismo en el parlamento juramentó a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para sustituir a magistrados cuyo periodo vence en el 2016, violentando no solo requisitos de forma sino de fondo, ya que dentro de sus propuestas hay quienes no cumplen con las exigencias de ley para ostentar dichos cargos, como la de no renunciar a cualquier militancia política. La premura en designar nuevos magistrados para lo cual la actual Asamblea carece además de legitimidad debe levantar una bandera de alerta sobre las estrategias que puedan invocarse desde el TSJ.
Lamentablemente el sector militar continua siendo un actor principal y digo lamentable porque se supone que las democracias ya han superado los capítulos de supeditación de los procesos ciudadanos a las actuaciones militares. En el caso en cuestión, han sido llamativas las declaraciones del actual Ministro de la Defensa, Wladimir Padrino López, al manifestar "no habrá golpe, autogolpe ni junta cívico-militar". Por ello se adjudican la aceptación a regañadientes de los resultados electorales a la posición de las Fuerzas Armadas en apoyo a la institucionalidad. Lo que representa el primer quiebre en las relacionales incondicionales entre el sector militar y el ejecutivo, al menos públicamente, siendo un elemento a considerar de cara a una transición democrática.
Es precisamente el mayor impacto de estas elecciones la apertura de opciones constitucionales para que se concreten en contra de todo pronóstico salidas democráticas. Se deja en evidencia que las fuerzas opositoras están lejos de los cacareados golpes de estado y que son capaces de asumir duras críticas de los sectores más radicales de la propia oposición en aras de permanecer infranqueablemente en la senda democrática.
Desafíos de la nueva mayoría
Aunque mucho se ha dicho en relación al triunfo de la oposición, como resultado del voto castigo, la realidad es que quienes votaron por la oposición esperan que a través de sus facultades como legisladores se puedan dar pasos para salir de la terrible crisis en la que se encuentra Venezuela.
Para lograrlo la oposición debe actuar en bloque. En este sentido han dado a conocer públicamente unas propuestas iniciales sobre las cuales concentrarán sus esfuerzos y abordan desde mi perspectiva temas fundamentales para el país, desde una lógica sensata y técnica. Algunas de estas propuestas también deberán abonar para construir un mejor escenario para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes a celebrarse a finales del 2016.
No seria justo dejar de mencionar la importancia de la sociedad civil organizada en la edificación de tejido social a pesar de la crisis y de los ataques de los que han sido objeto a lo largo de estos años de la llamada revolución socialista. La nueva mayoría parlamentaria - y debería decir el parlamento en su conjunto - cuenta con organizaciones de enorme
experticia en los temas urgentes, que pueden aportar su conocimiento para el desarrollo de una legislación que permita superar la grave situación.
El rol inacabado de la región
La comunidad internacional fue testigo de cómo mientras la oposición hacia campaña a riesgo de su propia vida y promovía el voto a pesar de las dudas sobre la transparencia del CNE, el oficialismo amenazaba con “ir a una batalla” en el caso de perder. Este contraste produjo que mas de un tibio gobierno de la región se pronunciara. El apoyo del recién electo presidente de Argentina Mauricio Macri, fundado en una lucha por las libertades, reivindica en América Latina que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos, discusión abandonada que tristemente se hizo latente.
La participación de ex presidentes y parlamentarios extranjeros no solo en el ambiente electoral, sino en la defensa de los perseguidos y presos políticos, ha constituido un soporte supremo para el encuentro de rutas democráticas. Esta es una tarea inacabada y en los días por venir se necesitarán aun mas de sus voces, para que se cumpla la Constitución y se respete la institucionalidad.
No permitir un golpe contra la Constitución es la tarea inmediata.
Karla Velásquez es Consultora en Asuntos Públicos y Asesora de la Red latinoamericana de jóvenes por la democracia.
El 6D la oposición venezolana reunida en la coalición de partidos denominada Mesa de Unidad Democrática (MUD), obtuvo mayoría calificada con 112 diputados de los 167 que componen la Asamblea Nacional. Este triunfo estuvo antecedido de una campaña caracterizada por la violencia tanto discursiva como fáctica. El presidente Nicolás Maduro, amenazó con gobernar a través de una alianza cívico militar si la oposición ganaba las elecciones parlamentarias. Es claro que el oficialismo manejaba los mismos datos que se hicieron públicos meses antes y que arrojaban una importante diferencia a favor de la oposición. Tanto que el gobierno ante la mirada atenta de la comunidad internacional fue capaz de asumir el costo político de hechos de violencia en contra de candidatos en campaña que resultaron en el asesinato de un dirigente del partido Acción Democrática en el Estado Guárico.
Las inhabilitaciones de candidatos, la confusión en la tarjeta electoral que afectaba la elección de los votantes, 28 municipios bajo estado de excepción, fueron varias de las no pocas limitaciones a los que se enfrentaron tanto candidatos como electores. Sin mencionar aquellas deudas estructurales que el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha asumido como tareas en pro de depurar el proceso electoral venezolano.
Después del 6D
El presidente Nicolás Maduro reconoció los resultados inmediatamente después de las declaraciones de la rectora principal del CNE Tibisay Lucena. Con una serie de reflexiones sobre las causas de la pérdida del oficialismo, Maduro aceptó el triunfo de la oposición. Sin embargo, poco duró esta posición institucional y a la fecha el gobierno se ha dado a la tarea de desconocer los resultados, llamando al triunfo de la oposición "golpe electoral". Los mismos que semanas antes firmaron un acuerdo para el reconocimiento de los resultados electorales, son quienes ahora dudan de la veracidad de los mismos, solicitando la investigación de 1,5 millones de votos nulos.
Por otra parte el presidente de la Asamblea Nacional, Diosdado Cabello juramenta una asamblea comunal pretendiendo reemplazar las funciones del nuevo parlamento, desconociendo la voluntad popular y la Constitución Nacional. Es preciso detenerse a evaluar qué peso político detenta Cabello, mas allá del que constitucionalmente tiene asignado.
Desde que asumió la presidencia de la Asamblea Nacional, Cabello se ha fortalecido como “jefe” de una de las facciones del chavismo, utilizando la televisora nacional para posicionar temas que le son de interés, pero por sobre todo para amenazar a la disidencia política. De especial preocupación por parte de los organismos multilaterales de protección y defensa de derechos humanos han sido sus ataques constantes a defensores de derechos humanos. Pareciera que Cabello actúa de forma independiente, al menos así quiere que se interprete. Analizar el poder que maneja Cabello de cara al contexto pos electoral, es sin duda obligatorio, del rol que pretenda jugar dependerá las reacciones del gobierno en este nuevo escenario. Pensemos que otro cargo le garantiza a Cabello su posición de “cuasipresidente”. ¿Se conformará con ser un diputado más? Su despliegue de poder deja claro que no y que parte o el centro de la discusión radica en como las fichas fuertes del PSUV continúan manteniendo ese poder.
En cuanto a la instalación del parlamento comunal, hay que recordar que en el pasado, el gobierno dispuso de enormes recursos para dar vida a los concejos comunales, con la intención de disminuir las atribuciones de las autoridades municipales. Actualmente la figura de los consejos comunales se ha venido desdibujando y pesan sobre algunos acusaciones de mal manejo de fondos. De manera que esperar una actuación competente y diferente de tal acto inconstitucional es un ilusión, lo que en ningún caso debilita el significado de tal acción.
El control sobre el poder judicial es una de las cartas que el gobierno se jugaría antes de asumir la nueva mayoría sus funciones y efectivamente de manera ilegal el oficialismo en el parlamento juramentó a 13 nuevos magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), para sustituir a magistrados cuyo periodo vence en el 2016, violentando no solo requisitos de forma sino de fondo, ya que dentro de sus propuestas hay quienes no cumplen con las exigencias de ley para ostentar dichos cargos, como la de no renunciar a cualquier militancia política. La premura en designar nuevos magistrados para lo cual la actual Asamblea carece además de legitimidad debe levantar una bandera de alerta sobre las estrategias que puedan invocarse desde el TSJ.
Lamentablemente el sector militar continua siendo un actor principal y digo lamentable porque se supone que las democracias ya han superado los capítulos de supeditación de los procesos ciudadanos a las actuaciones militares. En el caso en cuestión, han sido llamativas las declaraciones del actual Ministro de la Defensa, Wladimir Padrino López, al manifestar "no habrá golpe, autogolpe ni junta cívico-militar". Por ello se adjudican la aceptación a regañadientes de los resultados electorales a la posición de las Fuerzas Armadas en apoyo a la institucionalidad. Lo que representa el primer quiebre en las relacionales incondicionales entre el sector militar y el ejecutivo, al menos públicamente, siendo un elemento a considerar de cara a una transición democrática.
Es precisamente el mayor impacto de estas elecciones la apertura de opciones constitucionales para que se concreten en contra de todo pronóstico salidas democráticas. Se deja en evidencia que las fuerzas opositoras están lejos de los cacareados golpes de estado y que son capaces de asumir duras críticas de los sectores más radicales de la propia oposición en aras de permanecer infranqueablemente en la senda democrática.
Desafíos de la nueva mayoría
Aunque mucho se ha dicho en relación al triunfo de la oposición, como resultado del voto castigo, la realidad es que quienes votaron por la oposición esperan que a través de sus facultades como legisladores se puedan dar pasos para salir de la terrible crisis en la que se encuentra Venezuela.
Para lograrlo la oposición debe actuar en bloque. En este sentido han dado a conocer públicamente unas propuestas iniciales sobre las cuales concentrarán sus esfuerzos y abordan desde mi perspectiva temas fundamentales para el país, desde una lógica sensata y técnica. Algunas de estas propuestas también deberán abonar para construir un mejor escenario para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes a celebrarse a finales del 2016.
No seria justo dejar de mencionar la importancia de la sociedad civil organizada en la edificación de tejido social a pesar de la crisis y de los ataques de los que han sido objeto a lo largo de estos años de la llamada revolución socialista. La nueva mayoría parlamentaria - y debería decir el parlamento en su conjunto - cuenta con organizaciones de enorme
experticia en los temas urgentes, que pueden aportar su conocimiento para el desarrollo de una legislación que permita superar la grave situación.
El rol inacabado de la región
La comunidad internacional fue testigo de cómo mientras la oposición hacia campaña a riesgo de su propia vida y promovía el voto a pesar de las dudas sobre la transparencia del CNE, el oficialismo amenazaba con “ir a una batalla” en el caso de perder. Este contraste produjo que mas de un tibio gobierno de la región se pronunciara. El apoyo del recién electo presidente de Argentina Mauricio Macri, fundado en una lucha por las libertades, reivindica en América Latina que no hay democracia sin respeto a los derechos humanos, discusión abandonada que tristemente se hizo latente.
La participación de ex presidentes y parlamentarios extranjeros no solo en el ambiente electoral, sino en la defensa de los perseguidos y presos políticos, ha constituido un soporte supremo para el encuentro de rutas democráticas. Esta es una tarea inacabada y en los días por venir se necesitarán aun mas de sus voces, para que se cumpla la Constitución y se respete la institucionalidad.
No permitir un golpe contra la Constitución es la tarea inmediata.
Karla Velásquez es Consultora en Asuntos Públicos y Asesora de la Red latinoamericana de jóvenes por la democracia.